El Supremo exige libertad vigilada para el mando que se masturbó ante una soldado y que se rehaga la condena

El Tribunal Supremo ha ordenado al Tribunal Militar Territorial Primero que rehaga la sentencia por la que condenó a seis años y medio de cárcel a un teniente del Ejército del Aire que durante más de un año acosó y abusó sexualmente de una soldado en la base de Alcantarilla (Murcia), llegando a masturbarse delante de ella.

La sentencia del alto tribunal recuerda que es preceptivo imponer la pena preventiva de libertad vigilada para los mandos condenados por tratar a sus subordinados de manera degradante, inhumana o humillante, lo que el tribunal castrense no hizo. Además, le obliga a pronunciarse sobre las medidas que solicitó el fiscal (prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, su trabajo o su domicilio y de comunicar con ella), lo que los jueces militares obviaron.

El tribunal territorial ya tuvo que aclarar, a petición del fiscal, que la condena del teniente suponía su expulsión del Ejército (pérdida de empleo), pero evitó pronunciarse sobre el alejamiento de la víctima por considerar que se trataba de una pena potestativa y no imperativa. Para el Supremo, los jueces militares estaban obligados a pronunciarse sobre la petición del fiscal y no podían obviarla sin más como hicieron, por lo que les manda dictar una nueva sentencia.

Al admitir las alegaciones del fiscal, el Supremo no ha llegado a pronunciarse sobre el recurso del teniente, al que se opuso la soldado, representada por el letrado Antonio Suárez-Valdés.

La investigación judicial pasó de puntillas sobre uno de los aspectos más graves del caso: el hecho de que el teniente coronel y el comandante, superiores del acosador, no creyeran las denuncias de su víctima, hasta el punto de que esta tuvo que arriesgarse a hacer una fotografía al teniente mientras se masturbaba para que le hicieran caso.

El Ministerio de Defensa ha dictado en diciembre una instrucción con el objetivo de impulsar y reforzar el Protocolo de Actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas que, entre otras medidas, pretende blindar la confidencialidad de los procedimientos y la indemnidad de las víctimas, para evitar que puedan ver perjudicada su carrera profesional a causa de su denuncia.