La UE expedienta a España por no aprobar la normativa sobre el gas radón

La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por no transponer a la legislación española la directiva europea sobre seguridad básica para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. La norma obliga, entre otras cosas, a tener un plan nacional sobre los efectos nocivos del gas radón.

El radón es un gas invisible e inodoro que se filtra a través del suelo y se difunde en el aire. Suele hacerlo en concentraciones muy bajas, pero en lugares sin una ventilación adecuada —sótanos, minas...— y situados sobre determinados terrenos geológicos, el radón puede acumularse en concentraciones más elevadas y ser un factor de riesgo para el cáncer de pulmón.

En las casas, el gas penetra a través de grietas en los cimientos y en los sótanos. El radón es la fuente más importante de radiación natural: representa casi el 50% de toda la radiación que afecta al ser humano a lo largo de su vida. En España, las zonas con mayor riesgo son el centro y oeste peninsular y el sur de Galicia.

Bruselas también ha abierto expedientes similares a Bélgica, Austria, Estonia y Hungría. Se trata del primer paso de los procedimientos de infracción, que en última instancia, y si persiste el incumplimiento, puede acabar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Sí que están más cerca de llevar a la Justicia europea Malta, Portugal, Chipre y Grecia, que tampoco han trasladado a sus legislaciones nacionales estas normas comunitarias. En su caso, el Ejecutivo comunitario les ha dado un ultimátum de dos meses antes de elevar el caso al Tribunal. 

La Comisión Europea ha informado en un comunicado de que los Estados miembros debían trasladar a sus marcos jurídicos las disposiciones de esta directiva antes del 6 de febrero de 2018, pero ninguno de los países anteriores lo ha hecho correctamente.

En concreto, la directiva moderniza el marco legislativo europeo sobre protección a los peligros derivados de la radiación y establece estándares básicos de seguridad para trabajadores y pacientes expuestos a radiaciones ionizantes.

El apercibimiento a España, Bélgica, Austria, Estonia y Hungría tiene la forma de una carta de emplazamiento. Estos países disponen ahora de un plazo de dos meses para responder a las cuestiones demandadas por las autoridades europeas.

Si no lo hacen de manera satisfactoria, Bruselas dará un nuevo paso en el procedimiento que tendrá la forma de dictamen motivado, la última fase antes de elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.