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La Iglesia española no contempla indemnizaciones para las víctimas de abusos cometidos por eclesiásticos

La Conferencia Episcopal retrasa el documento sobre la protección a menores por exigencias del Vaticano

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, este viernes en Madrid. En vídeo, declaraciones de Argüello.

“Es un camino en marcha”. Con esta frase justifica el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, que la asamblea plenaria de los obispos no haya emitido el esperado documento sobre “protección de menores y de las personas vulnerables”, con ese título. Reunidos desde el lunes, los prelados han dedicado horas al tema de los abusos de menores cometidos por eclesiásticos y, si no hay texto definitivo, explicó el portavoz, es porque el Vaticano les ha pedido la inclusión de las aportaciones que “va a realizar el vademécum elaborado por la Santa Sede”, sin fecha para ello. En todo caso, el borrador en marcha no habla de indemnizaciones a las víctimas ni de abrir comisiones de investigación, en contra de lo que están haciendo las conferencias episcopales francesa, irlandesa, polaca o estadounidense, entre otras. “No se contempla en el borrador”, ha dicho.

No es la primera vez que los obispos españoles entonan un mea culpa, oficialmente y en particular muchos de ellos en sus respectivas diócesis, por su actitud corporativa ante los abusos a menores, de ocultamiento e, incluso, obstruccionista. Lo ha vuelto a hacer su portavoz este viernes. “La Iglesia tiene que darse golpes de pecho por haber podido mirar para otro lado ante determinados comportamientos y por no afrontar los asuntos de manera directa”, pero sostiene que “en los últimos dos o tres años”, la reacción es inmediata y ejemplar.

El borrador del texto sí recoge el compromiso de la Iglesia de abrir oficinas en cada una de las diócesis españolas para recibir las posibles denuncias. Argüello ha dicho que se plantea incluso abrir una de estas oficinas en la sede de la Conferencia Episcopal. También ha explicado que, a nivel institucional, los obispos han mantenido un encuentro "cordial" con el fiscal enviado por el Ministerio de Justicia para informarse sobre el abordaje de estos casos por parte de la Iglesia, y que han adquirido con el fiscal un "compromiso de denuncia en vías judiciales, al margen del procedimiento canónico" que pueda seguir una acusación de abusos. En junio pasado, la Fiscalía General del Estado mostró en un escrito su preocupación por la opacidad del clero y la sugerencia de la creación de una comisión nacional de investigación

Es norma que el portavoz comparezca en dos ocasiones durante la semana de las plenarias anuales de los obispos, una en primavera y esta de otoño. Lo hizo Argüello el lunes a la salida del salón de plenos, minutos después de finalizar el acto inaugural, y ha vuelto a reunirse con los medios de comunicación este viernes, durante más de una hora. En las dos ocasiones surgió el tema de la enseñanza religiosa concertada, a propósito del discurso de la ministra de Educación, Isabel Celaá, ante el congreso de Escuelas Católicas, hace apenas una semana.

Preguntado por la formación de un Gobierno con partidos de izquierdas que llevan en sus programas la reforma del sistema de conciertos, de la enseñanza del catolicismo en las escuelas con dinero público y también de los privilegios fiscales eclesiásticos, Argüello se ha mostrado tranquilo de acuerdo con “el espíritu de concordia” vigente hasta ahora. Ha subrayado que fueron Ejecutivos socialistas los que pusieron en marcha, a partir de 1983, el actual sistema de conciertos y la fiscalidad de la Iglesia católica mediante los Acuerdos con el Estado vaticano de 1976 y 1979.

“No es lo mismo el derecho a la vivienda”

En una intervención leída, de varios minutos, el portavoz ha matizado a fondo lo dicho por la ministra Celaá, en el sentido de que la libre elección de centros no figura en el artículo 27 de la Constitución como derecho de los padres. Argüello ha replicado con la lectura y la interpretación de los artículos 10 y 27 de esa norma magna y apelando a lo proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos pactos firmados por España con instituciones internacionales, incluido el Estado vaticano.

También refutó el portavoz y secretario general de la CEE  que el derecho de los padres a escoger centro escolar para sus hijos pueda equiparase con el derecho a la vivienda que también proclama la Constitución. ¿Cómo se protege la libertad de los padres que piden plaza para sus hijos en centros católicos concertados y no la obtienen con el argumento de que se han agotado en beneficio de otros? ¿Cómo garantizar el derecho a la vivienda de quien carece de ella cuando escasean las de oferta pública? Sentenció el portavoz: “No es lo mismo el derecho a la vivienda, siendo importante, que el derecho a la enseñanza. En el marco teórico, su protección es menos importante que la que debe tener la libertad de educación”.

"Es una vergüenza para la cristiandad española"

Julio Núñez

Tras las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, algunas víctimas han recriminado a la jerarquía eclesiástica que no imiten a otras conferencias católicas de Europa e investiguen los casos del pasado. “Es una vergüenza para la cristiandad española que sean ustedes, los que dirigen nuestra Iglesia, de los pocos miembros de conferencias episcopales del mundo que miran para otro lado, que no cumplen con los deseos y órdenes emanadas del papa Francisco”, ha informado este viernes en un comunicado la asociación nacional de víctimas de pederastia Infancia Robada. La asociación también ha criticado el enfoque que, de momento, la Iglesia española está dando al nuevo borrador del protocolo antiabusos, y que lo define como una prueba que demuestra que las palabras de la CEE “son papel mojado, lenguas de trapo, perdón y pecado”.

El pasado marzo, los representantes de esta entidad se reunieron con el presidente de la CEE, el cardenal Ricardo Blázquez, para hacerle entrega de 13 propuestas para que las incluyeran en el nuevo protocolo antiabusos, entre ellas destacaba la puesta en marcha de una investigación del pasado y que se indemnizase a las víctimas de los casos prescritos en la justicia civil.

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