Los agricultores investigados por verter residuos al Mar Menor niegan ante el juez haber dañado la laguna

Los agricultores y representantes de empresas agrarias del Campo de Cartagena investigados por posibles vertidos contaminantes al Mar Menor han comenzado a declarar este viernes ante el juzgado de Instrucción número 2 de Murcia. En esta primera jornada de comparecencias, que se han celebrado a puerta cerrada como es habitual en la fase de instrucción, han aportado su versión de los hechos dos representantes legales de una de las compañías investigadas, que han negado cualquier tipo de vertido a la laguna salada, han explicado a EL PAÍS fuentes cercanas al caso. Los empresarios han relatado que las salmueras y nitratos procedentes del tratamiento de las aguas que extraían del acuífero y usaban para el riego de sus explotaciones se confinaban en un pozo aislado. Por lo tanto, en ningún caso, fueron devueltas al acuífero que atraviesa el Campo de Cartagena, ni vertidas a la albufera, han puntualizado.

El proceso judicial arranca de una querella presentada a finales de 2017 por el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que condujo a que la Guardia Civil abriera en abril de 2018 una operación a gran escala en la que inspeccionó 67 fincas agrícolas de la zona. Los agentes precintaron 38 desaladoras no autorizadas y 35 pozos irregulares de los que se extraía agua del acuífero. Algunas de las instalaciones estaban camufladas y enterradas, pero funcionando a pleno rendimiento para eliminar nitratos y sales de las aguas subterráneas que se extraían del acuífero y luego se utilizaban para regar los cultivos. Los residuos que genera ese proceso (salmueras) se habrían tirado de nuevo a los pozos, y, por lo tanto, al acuífero que descarga en el Mar Menor, llegando así a la laguna.

Estos vertidos habrían contribuido en buena medida a provocar la situación de colapso en la que se encuentra la laguna en la actualidad, después de soportar durante décadas la llegada de nitratos procedentes de los abonos utilizados en los importantes cultivos de regadío de la zona. La situación explotó el pasado octubre cuando aparecieron en las orillas del Mar Menor miles de peces que se asfixiaron por la falta de oxígeno.

Al juez que investiga el caso, Ángel Garrote, le quedan por delante, al menos, otras siete sesiones, que se prolongarán hasta el 27 de noviembre, en las que tomará declaración a siete empresas agrícolas y 15 agricultores. Cuando la Guardia Civil cerró las instalaciones ilegales la mayoría de los propietarios de esas explotaciones se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes. En total, pasarán por el juzgado más de 50 personas implicadas en este caso, denominado “Topillo”.

En este caso están también investigados varios ex altos cargos de la Consejería de Agricultura murciana y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que esta semana ha remitido al juez un informe en el que detalla el hallazgo de 46 desaladoras y 31 pozos que funcionaban sin los correspondientes permisos en explotaciones de la zona. En total, la CHS inspeccionó 91 fincas y alerta en el documento de que algunas de las instalaciones localizadas ya habían sido precintadas y sancionadas previamente, pero seguían en funcionamiento.

A esos vertidos se sumarían los de las aguas pluviales de los municipios de la zona que, según dijo en un acto de campaña este miércoles en Cartagena el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acumulan hasta 48 tuberías que están lanzando agua dulce al Mar Menor.

La Dirección General de Costas ha contactado ya con los cuatro ayuntamientos implicados (Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares) para requerir su retirada. Según el consejero de Presidencia murciano, Javier Celdán, el Gobierno autonómico ya había informado a finales del abril al Ministerio para la Transición Ecológica de 18 puntos en los que había vertidos de ese tipo, y en junio de ese año trasladó la información a la Fiscalía.