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La Fiscalía arremete contra políticos y agricultores por la contaminación del mar Menor

El fiscal superior de la Región de Murcia cree que las administraciones fueron “perfectamente conscientes” de las prácticas agrícolas irregulares que han causado un deterioro difícilmente reversible del ecosistema

Vista aérea de la Manga del Mar Menor (Murcia).
Vista aérea de la Manga del Mar Menor (Murcia).

Políticos, empresarios y agricultores “han sido perfectamente conscientes” durante al menos 15 años de que la “desmesurada e incontrolada” implantación de cultivos de regadío en el entorno del mar Menor, en la Región de Murcia, estaba generando una enorme cantidad de vertidos a la laguna litoral, provocándole un deterioro difícilmente reversible. Y, pese a ello, no hicieron nada para evitarlo.

Así de contundente se muestra el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en la querella que ha presentado este jueves ante el juzgado de instrucción decano de Murcia. Acusa a 34 personas, entre excargos del Gobierno regional, de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de empresas del Campo de Cartagena de delitos contra el medioambiente y de prevaricación por permitir, por acción o por omisión, que el Mar Menor haya llegado a la grave situación de colapso por contaminación en la que se encuentra actualmente.

Entre los acusados más conocidos destaca el exconsejero de Agricultura murciano Antonio Cerdá, que ocupó el cargo desde 1999 hasta 2015, o los expresidentes de la CHS José Salvador Fuentes Zorita y María Rosario Quesada, y el comisario de Aguas de la institución, Manuel Aldeguer, actual director general de Agua de la Generalitat Valenciana. En el caso de Cerdá, no es la primera vez que es acusado de prevaricación: en 2014 fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por ese presunto delito y los de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio en el caso Novo Carthago en relación con la tramitación urbanística para construir 10.000 viviendas en un paraje protegido en Cartagena.

En su querella, en la que lleva trabajando más de un año, Díaz Manzanera hace un prolijo repaso de la situación de la laguna costera. También recuerda que desde 1998 los planes hidrológicos de la cuenca del Segura han venido advirtiendo de su contaminación y la de acuíferos y ramblas por nitratos y fosfatos procedentes principalmente de la agricultura.

“Pese al alto nivel de protección ambiental que tiene el Mar Menor y su entorno, y pese al amplísimo régimen jurídico de regulación y protección, sorprendentemente y de forma reiterada a lo largo de los al menos últimos 15 años, ni se ha protegido el Mar Menor en los términos exigidos, ni se ha cumplido la normativa descrita en muchos supuestos: ni por los que han ejercido la principal actividad agrícola contaminante, ni sobre todo, por las máximas autoridades competentes en velar por su correcta aplicación”, asegura en su escrito, de 64 folios.

Pasividad de administraciones

En el texto reitera la idea de la pasividad de las administraciones estatal (representada por la CHS) y regional, a las que considera “perfectamente conscientes” de los vertidos que se estaban generando y contra los que no impusieron ninguna medida “ni reparadora ni sancionadora”.

El fiscal llega incluso a cuantificar el tiempo que tardará la laguna costera en comenzar a recuperarse de su “caótica” y “nefasta” situación, algo que no ve factible hasta al menos 2027. Una situación, insiste en su escrito, que deriva de la “postura generalizada de no querer asumir ni resolver un problema desde su origen”.

Además de solicitar que se llame a declarar como investigados a las 37 personas que considera responsables de esta situación, Díaz Manzanera solicita en su querella algunas medidas cautelares, como que los 24 agricultores del campo de Cartagena citados en el texto no puedan verter rechazos de las aguas de riego en ramblas y fianzas para reparar los daños ambientales producidos.

A esos agricultores, el fiscal les responsabiliza principalmente de abrir pozos no autorizados y desalobradoras irregulares, más de un millar, desde las que habrían vertido esos rechazos de salmueras, nitratos y fosfatos a ramblas y pozos que, a su vez, desembocan en el mar Menor. Esos recursos los habrían buscado los agricultores ante la falta de agua pues, según la querella, al menos hay en el Campo de Cartagena 20.000 hectáreas de regadío más de las previstas inicialmente, y a las que también considera en situación de “ilegalidad”.

El fiscal estima que a través de esos cultivos se han inyectado en la laguna litoral unas 3.300 toneladas de nitratos cada año, y la cantidad acumulada en la última década sería de unas 371.000 toneladas.

En su opinión, hasta 2013, cuando la CHS comenzó a tomar alguna medida al respecto, la pasividad fue casi total, pero para entonces la contaminación del ecosistema del mar Menor era ya “desastrosa” y “calamitosa”.

La denuncia, según ha anunciado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha sido asignada al juzgado de Instrucción número 2 de Murcia.

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