Los regadíos ilegales que cercan el Mar Menor ocupan 9.500 hectáreas

La mortandad de miles de peces y crustáceos que vivió el Mar Menor el pasado 12 de octubre se ha convertido en un revulsivo para la adopción de medidas políticas que recuperen una laguna al borde del colapso por la entrada de nitratos de los abonos agrícolas y un desarrollo urbanístico excesivo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado una hoja de ruta con medidas concretas, y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha dado a conocer, por primera vez, la superficie que se está regando sin autorización en la zona del Campo de Cartagena, la cuenca que vierte en el Mar Menor: “Al menos 9.500 hectáreas”, según los datos preliminares. En 2018 se autorizó el regadío en 43.071 hectáreas. Es decir, un 22% de lo permitido el año pasado.

El cálculo se ha realizado por teledetección (técnica que compara la superficie autorizada con la que se detecta por satélite), y ahora la CHS tendrá que comprobar sobre el terreno la veracidad de los datos. De momento, ha determinado que 1.600 de esas 9.500 hectáreas no cuentan con ninguna posibilidad de tener derechos de agua, por lo que se han enviado los 147 expedientes correspondientes a la Consejería de Agricultura de Murcia –la competente para desmantelar los regadíos ilegales–. Esos terrenos deberán volver a su estado natural. En el resto, hay zonas que han estado recibiendo agua de la desaladora de Valdelentisco debido a la sequía. Ahora se ha abierto un proceso para determinar quién puede continuar con ese suministro. Un portavoz de la CHS indica que el procedimiento se ha alargado debido a que las peticiones de los agricultores duplicaban la capacidad de la planta.

Pedro García, director de Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) advierte de que no están de acuerdo con legalizar la superficie que no corresponde a los 147 expedientes. “Lo que se pretendía con el agua de las desaladoras era cubrir el déficit de riego que existe [650 hectómetros cúbicos] para el que no es suficiente el trasvase Tajo-Segura, pero nunca crear nuevas zonas de regadío”, aclara.

La hoja de ruta del ministerio, que se publicó este jueves tras una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Vertido Cero, se detiene, además de en la presión contra los infractores, en la inspección y sanción de incumplimientos por invasión de zonas costeras de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). De momento, se está realizando un análisis para revisar el deslinde de la costa del Mar Menor “con criterios más exigentes desde el punto de vista medioambiental”. En los casos que no sean legales se iniciarán expedientes sancionadores y de recuperación del terreno público.

Fijar las causas

El Ministerio da el plazo de aproximadamente un mes para que esté finalizado un estudio de la dinámica de los acuíferos, del estado de la laguna y de las causas del deterioro. También se analizará qué actividades son compatibles con el buen estado de la laguna teniendo en cuenta diferentes escenarios climáticos.

Para reducir la cantidad de nitratos que llegan a la laguna y a las aguas subterráneas, se estudiarán también iniciativas de buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, asociándolas a las ayudas de la nueva Política Agraria Común (PAC) y a otros fondos europeos (FEADER). El sector pesquero, que ha sufrido de forma directa la mortandad de los peces por el rechazo del mercado y la mala imagen del producto, recibirá compensaciones económicas por lucro cesante, vía ayudas del Estado, que abarcan el periodo desde que cesó su actividad —15 de octubre— hasta final de 2019. Tendrán un coste aproximado para el ministerio de 500.000 euros.

También se pretende mejorar la red de saneamiento que es incapaz de retener las aguas residuales en momentos de gota fría lo cual provoca el desbordamiento de las ramblas e inundaciones. Estas aguas sucias acaban en Mar Menor contribuyendo a su eutrofización (exceso de nutrientes que provocan falta de oxígeno). Para ello, se plantea mejorar los sistemas de drenaje urbano de tal forma que se reduzca la carga contaminante de las aguas pluviales y valorar si se necesita ampliar las instalaciones de depuración.