Los delitos sexuales crecen un 23% en un año

La Fiscalía General del Estado alerta en su última memoria anual de un incremento del 23,2% de los delitos sexuales. Aunque en términos absolutos estos delitos suponen poco más del 1% del total (18.986 de 1.570.255), el ministerio público advierte de la “preocupante” tendencia al alza y reclama que casos como el de La Manada sirvan para reflexionar sobre la interpretación y la aplicación práctica del Código Penal, el tratamiento informativo de estos asuntos y sobre la imagen que transmite la Justicia “cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan alejadas de una mayoritaria sensibilidad social”.

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Dentro del incremento general de los delitos sexuales, la memoria de 2018, presentada este lunes por la fiscal general del Estado María José Segarra, considera especialmente “inquietante” el crecimiento de la violencia entre los jóvenes y pone el foco en los casos de las violaciones en grupo. El ministerio público lo eleva ya a la categoría de “fenómeno” y cree que está relacionado con el uso de pornografía a través de las redes, “donde se representa a la mujer cosificada”. “Una situación que hay que afrontar desde el ámbito educacional, en el que padres y Administraciones tienen que aunar esfuerzos para asegurar la transmisión de valores de igualdad, respeto y no discriminación” advierte el documento.

El informe del ministerio público se detiene también en las consecuencias de las relaciones virtuales, especialmente entre los jóvenes. La Fiscalía alerta de que estas relaciones permiten “nuevas vías de control, persecución o acoso” que, en muchos casos, es “más extenso, dañino y duradero” y contra el que es más difícil luchar. “Aparecen así nuevas situaciones de dominio y maltrato no solo físico sino también psicológico del varón sobre la mujer, que constituyen la esencia de la violencia de género, pero que encuentran alguna dificultad para incardinarlas dentro de los tipos penales específicos”, señala la Fiscalía.

En su discurso de presentación de la Memoria de 2018, la fiscal general Segarra ha advertido sobre "el efecto contagio que se genera a través del uso de las redes sociales, en las que se aprecia una notable falta de empatía y, lo que es particularmente inquietante, una reproducción de patrones machistas".

La memoria dedica capítulos específicos a la violencia de género y a la trata de seres humanos. Estos son algunos de los más destacados:

La “frustración” por las víctimas que sí denunciaron. Según la estadística global de la Fiscalía, en el año 2018 se dictaron 40.965 sentencias por violencia de género. De ellas, 29.022 fueron condenatorias (70,80%, casi un punto más que en el año 2017). A su vez, del total de sentencias condenatorias, 17.012 fueron por conformidad del acusado (58,60%, lo que supone seis puntos más que en el año 2017). El ministerio público deja constancia en su informe de que toda esta actividad ha sido posible por la denuncia de las víctimas, pero lamenta que el volumen global de denuncias solo haya aumentado el último año el 0,4%. Y “lo más preocupante”, advierte, es que, de las 49 mujeres fallecidas, 16 habían denunciado a su agresor, lo que supone un 32,65% frente al 20,75% de este indicador en el año 2017. “Este incremento genera la frustrante sensación de que, a pesar de la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protección adecuada para garantizar su seguridad”, advierte la Fiscalía, que lamenta también que, en muchas ocasiones, el círculo más íntimo de amigos, familiares o vecinos eran ya conocedores del maltrato que sufría la mujer.

“Diferencias de criterios” en la concesión de medidas cautelares. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial que recoge la memoria de la Fiscalía, durante 2018 se solicitaron 45.045 medidas de protección para víctimas de violencia machista. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer concedieron 27.093 (el 69,15% de las que les fueron solicitadas), mientras que los juzgados de guardia acordaron 4.457 (el 75,94% del total). El ministerio público subraya que estas cifras medias ocultan algunas diferencias significativas entre comunidades autónomas, incluso, entre partidos judiciales de un mismo territorio, y se queja de “estas diferencias de criterios”. “Generan una cierta inseguridad jurídica que es difícilmente compatible con las campañas de incentivación a la denuncia que se promueven desde todos los sectores sociales e institucionales implicados. A falta de un estudio riguroso sobre las causas de esta situación, las experiencias mayoritariamente descritas por las distintas Fiscalías apuntan a una insuficiente o deficiente valoración del riesgo, provocado por la escasez de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional, como ya se ha indicado en anteriores apartados”, señala el documento.

Acusación y denuncia falsa. Los datos del ministerio público constatan, una vez más, la escasa proporción de denuncias falsas, en contra de lo que sostienen algunos sectores. En el año 2018 se presentaron 166.961 denuncias por violencia de género y se han iniciado 14 causas por denuncia falsa. De estas, en un caso se ha dictado sentencia condenatoria y en otro se acordó el sobreseimiento. El resto se encuentra en tramitación y se ha formulado acusación en tres de ellos. La proporción en relación con los procedimientos de violencia de género en los que se ha dictado sentencia condenatoria desde 2009 –97 en total– es del 0,0069 %. De esas 97 sentencias condenatorias, 56 lo fueron por conformidad de la acusada (57,73%), lo que demuestra, una vez más, “las características peculiaridades y aristas” que plantea la violencia machista.

La “visión distorsionada” de la trata de seres humanos. La Fiscalía se lamenta en su memoria de “la visión distorsionada que todavía se tiene sociológicamente sobre la prostitución”. En algunos sectores, señala el ministerio público, se considera que esta es una actividad económica alegal que simplemente requiere de una regulación que garantice los derechos de la mujer y de la sociedad en su conjunto. “La realidad es bien distinta. Se trata de una conducta de explotación que afecta, fundamentalmente, a mujeres extranjeras en situación de extrema vulnerabilidad, y que supone la negación de los más elementales valores de dignidad, igualdad y libertad”, apunta el ministerio público. El informe recuerda también que, incluso en aquellos países que han regulado esta actividad, se ha producido “un incremento significativo” de la trata (como, por ejemplo, en Alemania o los Países Bajos). “En este contexto se exige del fiscal que acredite la concurrencia de un hecho negativo, como sería la ausencia de consentimiento. Esta tarea puede ser relativamente fácil cuando estamos en presencia de menores de edad o de vestigios físicos de violencia. Sin embargo, se convierte en una auténtica prueba diabólica en el resto de los casos, en los que se exige acreditar no solo la situación objetiva de vulnerabilidad sino la falta de otras alternativas reales o aceptables distintas que la de someterse a la explotación sexual”, reflexionan los fiscales.

El ministerio público considera que hace falta un “cambio de tendencia” que valore la posibilidad de tipificar todas las conductas relacionadas con este fenómeno, incluida la del proxenetismo. La Fiscalía explica que, tomando el modelo francés como referencia, comparte las recomendaciones del Segundo Informe de la Comisión Europea sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos en Europa del año 2018, en el que se anima a los Estados miembros a la tipificación penal de los que conscientemente se aprovechan de los servicios prestados por las víctimas de trata.