Las iglesias evangélicas se movilizan contra la ley trans en Uruguay

El próximo 4 de agosto los uruguayos irán a las urnas para decidir si quieren un referéndum que derogue la Ley para Personas Trans aprobada en el parlamento el pasado mes de octubre. Una normativa que reconoció derechos y concedió algunos beneficios a un colectivo de unas 1.000 personas que está entre los más discriminados del país. Si un 25% del padrón electoral, unas 650.000 personas, vota a favor, se llevará a cabo la consulta. Esta nueva campaña se produce después del largo y tenso debate que llevó a la aprobación de la ley.

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La iniciativa parte de un sector del Partido Nacional (PN, derecha) que incluye al exlegislador Carlos Iafigliola, conocido por ser un militante antiaborto, y por el diputado Álvaro Dastungue, miembro de lo que se conoce como la “bancada evangélica” del PN y de la iglesia pentecostal Misión y Vida. Juntos reunieron más de 69.000 firmas para lanzar el proceso de referéndum.

El argumento de los detractores es que ley establece una “visión ideológica de la sexualidad”. Consideran, en cambio, que "se asigna un sexo al nacer como si fuera una cuestión convencional cuando todos sabemos que es una cuestión de biología de naturaleza humana”. Por otro lado, critican las medidas de discriminación positiva como injustas para el resto de las poblaciones vulnerables del país.

También denuncian que, supuestamente, se vaya a permitir que los adolescentes reciban tratamientos hormonales sin el consentimiento de los padres, algo que está sujeto a controversia. La ley incluye el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes a la hora de decidir sobre su sexo, lo cual, potencialmente, podría permitir que recibieran tratamientos hormonales. Pero la normativa no aborda la cuestión de forma directa porque, en la práctica, según sus redactores, esos casos son extremadamente raros.

Los principales dirigentes del Partido Nacional, como su candidato a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, Luis Lacalle Pou, o la Iglesia Católica, se han desmarcado de la consulta y no movilizarán a sus seguidores para que vayan a votar el domingo 4 de agosto. Esto, a pesar de que expresaron importantes reservas sobre la ley, especialmente en lo relativo al acceso de los adolescentes a los tratamientos de hormonas. La mayoría de los pronósticos apuntan a un fracaso del prereferéndum, pero con cautelas, ya que las iglesias neopentecostales que florecen por todo el país han demostrado tener una capacidad de convocatoria tan importante como difícil de medir con los instrumentos de la política tradicional.

La implementación de la ley avanza con pequeñas medidas, como la apertura de puestos de trabajo suplentes en la compañía estatal de aguas (OSE) o la entrega de las siete primeras indemnizaciones (de unos 350 dólares mensuales) a miembros del colectivo trans que sufrieron persecución y cárcel injustificada durante la dictadura (1973-1985).

Con una esperanza de vida que ronda los 35 años, cuando la media nacional es de 77, los cerca de 1.000 trans (travestis, transexuales y transgénero) que están censados en Uruguay registran los mayores indicadores de marginalidad en términos de salud, educación y empleo. El 25% abandonó su domicilio antes de los 18 años después de ser rechazado por su familia, el 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso, según cifras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Además, durante la dictadura, los trans sufrieron torturas, violencia sexual y cárcel injustificada.

Una de las representantes del colectivo trans, Delfina Martínez, de la asociación MIZANGAS, asegura que el referéndum no tendrá mayor seguimiento dentro de la sociedad uruguaya, y lo plantea como un pulso con las iglesias evangélicas que están aumentando su presencia en todo el país. Por su parte, Carlos Iafigliola se ha negado a debatir en los medios de comunicación con integrantes de los colectivos trans después de que estos lo denunciaran ante la justicia por reunir firmas con argumentos engañosos e incitar al odio.