Eutanasia: un clamor sin respuesta

Esta semana, el Congreso de los Diputados solo registró actividad ayer martes. Se reunió la Mesa. Hubo junta de portavoces y, por la tarde, unas jornadas informativas relacionadas con la crisis climática. Los diputados, que cobran sus sueldos como parlamentarios desde el 21 de mayo, siguen a la espera de que se forme gobierno para ponerse a trabajar y sacar adelante nuevas iniciativas legislativas. Dulce espera para muchos de ellos.

El país y las reformas que se necesitan, sin embargo, no pueden esperar, como clama la mayoría. Hay una que quizá parezca a algunos secundaria, pero que es urgente, no tiene coste y cuenta con mayoría social y parlamentaria para salir adelante: la regulación de la eutanasia. Mientras unos aguardan pacientemente a ponerse a trabajar, enredados en sus negociaciones tacticistas, un millón de ciudadanos ha reclamado un cambio legislativo que puede ahorrar mucho sufrimiento.

Muchos leerán este artículo (otro más sobre este asunto) mientras asisten impotentes a la larga y dolorosa agonía de un ser querido o a su encarnizamiento terapéutico. La ausencia de regulación convierte en papel mojado el testamento vital cuando la familia se niega a una intervención médica que puede acortar la vida del que ya no tiene esperanzas de disfrutarla. Esa ausencia facilita el abuso y la eutanasia clandestina, como demostró Bélgica con un amplio informe antes de regularla. El acceso a una eutanasia con garantías disolvería quizá muchas de las prevenciones de aquellos que, como los padres del francés Vincent Lambert, mantuvieron a este conectado a las máquinas de un hospital y en estado vegetativo durante casi once años hasta que otra facción de la familia, apoyada en la justicia, logró poner fin a la pesadilla.

En España, PSOE, Podemos y Ciudadanos están a favor de legislar. Hay incluso una propuesta de ley de los socialistas que quedó varada en la anterior legislatura. Más del 80% de la población la respalda y lo hace, según los sondeos, desde hace mucho tiempo. El PP abrió hace catorce años una injusta y escandalosa persecución contra el ya fallecido Luis Montes, expresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Le acusó falsamente de “sedaciones ilegales” en el hospital de Leganés (Madrid). El partido conservador sigue sin apoyar la regulación de la eutanasia, pero promete, en cambio, un reforzamiento de los cuidados paliativos, lo que ya sería un avance importante teniendo en cuenta sus antecedentes.

Un millón de españoles han firmado la petición de que se despenalice la eutanasia. Llevaron la iniciativa al Congreso este viernes pasado, pero sus señorías apenas aparecen por allí salvo para nombrar presidentes de comisión y ofrecer pequeñas ruedas de prensa en las que exponer nuevamente sus rencillas.