El Tribunal Supremo entierra el dragado del Guadalquivir que amenazaba Doñana

Es una de las grandes historias de empecinamiento por sacar adelante una obra con consecuencias medioambientales negativas. El incremento del calado del Guadalquivir para que puedan llegar barcos más grandes a Sevilla es un proyecto que lleva coleando desde principios de siglo. Y, a pesar de los golpes que ha recibido desde las Administraciones y desde la justicia, ha seguido vivo.

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El último de esos golpes lo ha asestado este martes el Tribunal Supremo, que ha anulado la cobertura legal que tenía el proyecto por estar incluido dentro del vigente plan hidrológico del Guadalquivir. El dragado afectaba a los últimos 100 kilómetros, desde Sevilla hasta la desembocadura. El problema es que tanto los organismos internacionales –como la Unesco y la Comisión Europea– como Administraciones, ONG y entidades científicas habían advertido ya de los daños medioambientales que se podrían producir en el río y en el Parque Nacional de Doñana, que está en el último tramo.

A pesar de todo, el puerto de Sevilla (un organismo público del que forman parte varias Administraciones) había pretendido seguir adelante. Ampliar el calado era la vía elegida por el puerto para seguir creciendo en buques de mercancías y en cruceros. Primero se amplió la esclusa y, cuando surgieron los problemas por los impactos medioambientales de la obra, se prometieron miles de nuevos empleos para la ciudad encadenados al proyecto.

Pero el Supremo añade ahora más tierra sobre el proyecto: anula la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir que el anterior Gobierno central del Partido Popular introdujo en 2016. El tribunal sostiene que en el plan anulado ahora “no se reflejan con la necesaria precisión todas las condiciones que han de cumplirse para llevar a cabo la actuación del dragado en cuestión”. Básicamente, los magistrados sostienen que no se ha realizado “una evaluación concreta y precisa de las medidas necesarias” para acometer la obra respecto a los “concretos riesgos que conlleva para los objetivos medioambientales de las masas de agua afectadas y el parque de Doñana”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo critica que las que sí están incluidas son “medidas imprecisas” sin el “contraste necesario con los efectos y riesgos que el dragado representa para el ecosistema afectado”.

15 años de lucha

La inclusión del proyecto en la planificación del Guadalquivir fue recurrida ante el Supremo por la organización ecologista WWF, que lleva más de 15 años guerreando contra este plan. De hecho, esta misma organización ya había conseguido tumbar en 2015 el anterior plan del Guadalquivir por el mismo motivo. El Supremo falló hace cuatro años en contra de la inclusión del dragado en la planificación de la cuenca. Y los magistrados, al igual que ahora, advertían de que se corría un riesgo de “deterioro y repercusión” negativa sobre uno de los enclaves más protegidos de Europa, en referencia a Doñana.

Pero, al año siguiente de aquella sentencia, el Gobierno del PP –a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir– volvió a incluir el dragado en la planificación del río. Y el Supremo vuelve a anularlo ahora. WWF ha recordado este martes que esta obra “tuvo un dictamen motivado en contra de la Comisión Europea y de organismos internacionales como Unesco, ante quien el propio Estado declaró que el proyecto no podrá seguir adelante”. “Es el golpe definitivo para uno de los proyectos más dañinos que amenazan Doñana y sienta un precedente muy importante para la conservación de los ríos de España”, ha valorado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

El dragado preveía incrementar la profundidad del río de 6,8 a 8 metros en el tramo de la desembocadura. Y de 6,5 a 7,60 metros en el canal fluvial. También se proyectaba incrementar la anchura del río en algunas zonas.

Pero en 2010 una comisión científica –partiendo del informe de los investigadores del CSIC Miguel A. Losada y Javier Ruiz– concluyó que la actuación no era “recomendable” y que se había “demostrado incompatible con la conservación del estuario y por lo tanto de Doñana”. Aún así, el puerto de Sevilla siguió insistiendo, entre otras razones, porque había gastado 160 millones de euros en una nueva esclusa para buques de mayor calado. El puerto no se dio por vencido hasta 2017, cuando reconoció públicamente que el proyecto no contaba ni “con el respaldo social aconsejable, ni con el apoyo de las Administraciones competentes”.