La reconciliación del ‘Homo sapiens’ con la naturaleza
Es crítico que las fuerzas políticas alcancen un pacto de estado para la transición energética
En su ensayo Sapiens. De animales a dioses, Yuval Noah Harari, hace un análisis de los efectos causados en el planeta por el ser humano: “El registro histórico hace que Homo sapiens aparezca como un asesino ecológico en serie”. Esta calificación la realiza para periodos previos a la industrialización, en los que los seres humanos teníamos mucha menor capacidad destructiva por unidad de tiempo que la que tenemos en la actualidad (nuestros ancestros requerían miles de años para generar, por ejemplo, pérdidas de biodiversidad similares a las que los Homo sapiens actuales podemos hacer en unos pocos años). Ciertamente hemos hecho muchas cosas malas, pero también muchas buenas en términos sociales y económicos. Los Homo sapiens actuales, a diferencia del de hace 3.000 años, tenemos la capacidad organizativa y tecnológica de revertir en parte los problemas que hemos ocasionado en el planeta y en los seres que lo habitamos y que lo habitarán en el futuro.
Gran parte de dichos problemas se agravaron en la época posindustrial, debido a un insostenible modelo de producción y consumo, que se vio alimentado por un modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles que, aunque ayudó a un impresionante crecimiento socioeconómico, ha provocado numerosos problemas medioambientales, entre los que destacan el cambio climático –provocado por los gases de efecto invernadero (GEI)– y la contaminación local –provocada por la emisión de partículas o componentes de nitrógeno y azufre–.
Los científicos del clima llevan años alertando de los graves problemas que los GEI generan: incremento de temperaturas medias del planeta y aumento de fenómenos extremos (olas de calor o frío, huracanes, inundaciones, aumento del nivel del mar, sequías, transmisión de enfermedades, desaparición de especies...). Esto está ocurriendo ya y en todos los lugares del planeta con mayor o menor virulencia. España es especialmente sensible al cambio climático. Algo parecido señalan los expertos en salud con el agravamiento de diversas enfermedades provocadas por la contaminación local.
El coste que generan todos estos problemas es enorme y aumentará con el tiempo. Según estudios del Banco Mundial, la pérdida económica mundial que generarán de manera conjunta el cambio climático y la contaminación local alcanzará en 2050 el 2,2% del PIB. Parte de estos costes ya están siendo pagados por los ciudadanos (y no por sus causantes), a través de los impuestos, que deben destinarse a arreglar las infraestructuras o a subsidiar a los agricultores o a tratar a los enfermos que ingresan en hospitales. Ello sin contar el incalculable coste que representa la pérdida de biodiversidad e, incluso, de vidas humanas.
Por ello, el proceso de descarbonización, lejos de ser un proceso caro, es todo lo contrario: permite eliminar las causas que generan y generarán los graves problemas descritos. Además, las tecnologías limpias (renovables, vehículos eléctricos, etc.) que permiten solucionar los problemas, están en un proceso de disminución de costes impresionante, que las sitúa en muchos sitios del mundo –ya en la actualidad y con visos de seguir haciéndolo– como la alternativa más competitiva.
Este proceso es el objetivo del Acuerdo de París de 2015. La gran mayoría de los países del mundo lo firmaron, presentando compromisos –cada país en función de sus capacidades– para luchar contra el cambio climático. Los compromisos serán revisados cada cinco años, siendo en 2020 la primera revisión.
El Secretario General de la ONU ha convocado para el 23 de septiembre en Nueva York a todos los agentes (Administraciones, instituciones, sociedad civil, empresas, ONG...) a un evento cuyo fin es motivar la presentación de objetivos ambiciosos y urgentes en 2020. Para ello se han organizado nueve ramas de acción que cubren temas diversos. Cada rama está liderada por unos países y por unas instituciones. A España se le ha asignado la de Dinamizadores Sociales y Políticos, que abordará temas de calidad del aire, empoderamiento de la mujer o transición justa.
El cambio climático es un problema esencialmente generado por el hombre, que nos está afectando exponencialmente ahora y aquí (por lo que hay que actuar urgentemente y con ambición). Sus costes ya están siendo pagados por los ciudadanos aunque no lo sepan, por lo que urge una reforma fiscal que instaure el principio de “quien contamina, paga” que sustituya las aportaciones a presupuestos que realizan los ciudadanos por nuevos impuestos a las actividades contaminantes. Luchar contra el cambio climático es menos costoso que no hacerlo y es una fuente de oportunidades (motivada por la disrupción de costes de las tecnologías no emisoras), generando empleo y crecimiento económico sostenible.
A quienes más ayuda la lucha contra el cambio climático es a los más desfavorecidos, porque son los que más sufren sus efectos y menos pueden protegerse. Pero también hay que apoyar a los colectivos vulnerables a los que coyunturalmente podrían perjudicar las medidas adoptadas en la transición. Por ejemplo, a trabajadores de comarcas mineras o de algunos empleados del sector tradicional del automóvil, a los que habrá que buscar mecanismos de formación y reubicación dentro de actividades ya existentes o en los numerosos empleos que genera la nueva economía; las empresas deben apoyar creando empleos sostenibles y las distintas administraciones deben generar entornos (apoyos sociales, fiscales, regulatorios...) que permitan que parte de las inversiones que generan empleo verde acuda a dichas regiones o sectores. Un ejemplo paradigmático de nuevo empleo se da en los sectores que suministran componentes de los parques eólicos marinos. Algo similar ocurrirá en la transformación del sector transporte hacia vehículos eléctricos, en los fabricantes de baterías, en sectores de aislamiento de edificios, empresas de reforestación...
También hay que dar apoyo a los ciudadanos de baja renta a los que les afecte significativamente el incremento de los impuestos a las actividades contaminantes (por ejemplo al diésel o gasolina que requieren para trasladarse). Para ello las Administraciones deben generar mecanismos que compensen dichos efectos, bien porque la reforma fiscal ambiental haga aplicaciones graduales y atenuadas a dichos colectivos, bien porque el sistema redistributivo compense en parte dichos efectos (por ejemplo, compensando las subidas en el uso de combustibles con bajadas equivalentes en la electricidad; apoyando al aislamiento de sus viviendas; otorgando ayudas a la compra de vehículos eléctricos o al uso de transporte público...).
Para que la sociedad entienda el origen y la gravedad de los problemas existentes y los costes que se están generando si no se actúa con ambición y urgencia, y conozca las oportunidades que surgen en la transición y los mecanismos de apoyo que se prevén para los colectivos vulnerables, es básico informarla. Una ciudadanía formada y concienciada es vital para llevar a cabo los trascendentales cambios en nuestros modelos de consumo a través de sus millones de decisiones cada día.
Por otro lado, dada la trascendencia y profundidad de los cambios necesarios, que requieren fuertes inversiones en las próximas décadas, es preciso disminuir las incertidumbres existentes, para lo que es crítico que las fuerzas políticas alcancen un pacto de estado que guíe la hoja de ruta de todos.
La descarbonización de la economía es inherentemente buena, llena de oportunidades y genera un mundo mejor y más sostenible para nosotros y para las generaciones futuras. Quien defienda el mantenimiento del statu quo, como ocurre con algunos responsables de empresas petroleras o carboneras, debería demostrar si los beneficios para la sociedad que aporta el inmovilismo o la lentitud en la acción compensan los graves problemas que se seguirían manteniendo en dicho statu quo y que se incrementarían en el futuro.
Los científicos nos lo avisan. La naturaleza responde. Nuestros jóvenes, en nombre suyo y de las generaciones futuras, nos apelan a actuar con urgencia y ambición. La tecnología existe. Los beneficios son evidentes. ¿A qué esperamos? Empecemos a reconciliar a Homo sapiens con la naturaleza.
Carlos Sallé es director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Acuerdos París
- COP21
- Conferencia cambio climático
- Cumbre del clima
- Efecto invernadero
- Cmnucc
- Cumbres internacionales
- Calentamiento global
- Emisión gases
- Espacios naturales
- Cambio climático
- Acuerdos ambientales
- Relaciones internacionales
- Contaminación atmosférica
- ONU
- Protección ambiental
- Contaminación
- Problemas ambientales
- Organizaciones internacionales
- España
- Relaciones exteriores
- Medio ambiente
- Sociedad
- Ciencia