Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Los gobiernos y el derecho a un aire limpio

La autora recuerda que la Unión Europea declaró que nuestra salud aún no tiene suficiente protección

Manifestantes en la manifestación a favor de Madrid Central.
Manifestantes en la manifestación a favor de Madrid Central.ANDREA COMAS

La Organización Mundial de la Salud ha alertado que la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud. La exposición a esa contaminación afecta a nuestra salud: muertes prematuras, enfermedades cardiovasculares y respiratorias además de absentismo laboral, entre otros impactos, los cuales tienen a su vez una gran repercusión económica. Dicha contaminación incide también en el cambio climático.

El relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente ha señalado que el derecho a respirar un aire limpio es un factor vital del derecho a un medio ambiente saludable, el cual, a su vez, es esencial para el derecho a la vida. Por tanto, incide también en los derechos del niño, que son más vulnerables, y en los derechos a la salud y a la inviolabilidad del domicilio, entre otros, muchos de ellos reconocidos en nuestra Constitución.

Los efectos adversos de la mala calidad del aire en los derechos humanos imponen a los Estados, en sus niveles de gobierno: estatal, autonómico y municipal, importantes obligaciones exigiéndoles adoptar de inmediato medidas de protección contra esos efectos. Como indica el Relator Especial de la ONU, estas obligaciones o responsabilidades son diversas, requiriendo a los gobiernos que no violen el derecho a respirar aire puro con actos cometidos por ellos; además de exigirles que protejan ese derecho frente a violaciones cometidas por terceros y establezcan, apliquen y hagan cumplir leyes, políticas y programas para hacerlo efectivo, finalmente también deben evitar la discriminación y las medidas regresivas.

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Estas responsabilidades de los gobiernos frente a la ciudadanía son muy específicas en la UE y están recogidas, principalmente, en la Directiva de Calidad del Aire Ambiente. El pasado año, el Tribunal de Cuentas de la UE “auditó” esa Directiva y declaró que nuestra salud aún no tiene suficiente protección. Por ello, recomendó una acción más eficaz, la actualización de esa Directiva, priorizar la política de calidad del aire y fomentar la concienciación y la información del público. Pero también hay que concienciar a la clase política que, cuando gobierna, contrae responsabilidades que conllevan derechos de la ciudadanía, algo que parece olvidar en tiempos de campaña electoral, pero que no puede omitir cuando pasa a desempeñar labores de gobierno.

Algunos ciudadanos han iniciado acciones judiciales en diversos tribunales de países de la UE para exigir estos derechos Los tribunales los están reconociendo, obligando a los gobiernos a adoptar medidas. Por ejemplo, esta semana el Tribunal de Justicia de la UE, en un caso de contaminación del aire contra la ciudad de Bruselas, ha dictaminado que los ciudadanos tienen derecho a reclamar ante un tribunal cómo las autoridades están vigilando la contaminación, incluyendo la ubicación de los puntos de muestreo, y que el cumplimiento de los límites de contaminación no debe evaluarse utilizando la media de los valores registrados en los puntos de muestreo sino que basta que ese límite se supere solo en un punto de muestreo. Así, esta decisión judicial ha concretado mucho más aún la responsabilidad de las autoridades.

Por todo ello, cada vez son más las responsabilidades que tienen los gobiernos frente a la ciudadanía para proteger el aire que respiramos, el mismo que respiran los responsables políticos y sus familias.

Ana Barreira es directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para EL PAÍS.

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