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LINCECI

Una falsa asociación contra el cáncer infantil estafó 5,5 millones de euros en Aragón

El cabecilla de la organización tenía un sueldo de 15.000 euros mensuales y había establecido 5.000 euros para su mujer

La página web de la organización y su página de Facebook ya han sido desactivadas.

Agentes de la Policía Nacional desarticularon el pasado viernes una organización criminal que se dedicaba a recaudar dinero para luchar contra el cáncer infantil y para emergencias en el tercer mundo, pero utilizaban los fondos en su propio beneficio. La empresa, Linceci, llegó a estafar alrededor de 5,5 millones de euros, según ha estimado la Policía. El cabecilla de la organización, R. P. R., se había establecido un sueldo de 15.000 euros mensuales, por su labor de "dirección", y otro de 5.000 euros para su mujer, por su trabajo de administrativa en el call center desde el que operaban en Zaragoza.

En una rueda de prensa este lunes en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, el jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Alberto Larripa, y el inspector jefe del Grupo II de Delincuencia Económica y Fiscal, Santiago, han explicado que la operación, denominada Andes, sigue abierta y que no se descantan más detenciones.

La investigación se inició en julio de 2018, cuando la Fiscalía remitió a la Policía Nacional una denuncia de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (ASPANOA), que habían observado que una sociedad, denominada Linceci, se estaba aprovechando de las investigaciones sobre el cáncer infantil para su lucro personal.

Los agentes constataron que Linceci estaba legalmente registrada como una asociación sin ánimo de lucro, cuando era una organización dedicada exclusivamente al mantenimiento empresarial y al lucro particular de las personas que la dirigían. Además, esta entidad tenía ramificaciones en Perú.

A través de numerosas gestiones de investigación, tanto en el extranjero a través de Interpol como con el estudio de cuentas bancarias y de varias empresas que tenían creadas para mover el dinero, la Policía comprobó que con una mínima donación, de efectos como juguetes, o incluso a través de eventos lúdicos-deportivos que organizaban, se publicitaban como una asociación sin ánimo de lucro para la defensa de las investigaciones del cáncer infantil.

Un 'call center' en el barrio Actur de Zaragoza

Linceci tenía un call center en el barrio del Actur de Zaragoza, desde el que desarrollaba una intensa actividad comercial para la captación de donantes y la venta de productos supuestamente solidarios.

Además, las finanzas de la entidad llevaron a los agentes a destapar un entramado societario que había logrado ingresar alrededor de 5,5 millones de euros en cuatro años, no sólo de Linceci, también de otras actividades y en nombre de la sociedad Bomberos Unidos Gestión Pymes que era de otras personas pero operaban ellos.

Todos los ingresos de esta estructura empresarial, compuesta por cinco o seis sociedades, procedían de la donación de personas que pensaban que entregaban su dinero a la investigación del cáncer infantil o a actuaciones en emergencias en el tercer mundo.

De lo recaudado, la cantidad destinada a los fines que decían era ínfima, aunque sí que había pequeñas donaciones, como la que realizaron de unas 15 camas a un hospital de Perú, hechas siempre con el objetivo de publicitarse. Así, la mayoría del dinero pasaba de unas sociedades a otras y finalmente lo destinaban al patrimonio personal de los detenidos, al sostenimiento de esta estructura empresarial y a otro call center que estaban montando en Perú, para hacer lo mismo que en el de Zaragoza.

Para este entramado llegaron a trabajar 100 personas. Las trabajadoras tenían el convencimiento de que el dinero que estaban recaudando iba destinado a los fines que se publicitaban, ya que ni siquiera conocerían el importe total de los que se estaba recaudando.

En la red, la organización tenía el domicilio en Madrid, en la oficina número seis del quinto piso de la calle Gran Vía, 40. Tanto su página web oficial como su perfil de Facebook han sido desactivados. Tan solo su cuenta de Twitter, abierta en abril de 2016, permanece activa con un último post de septiembre de 2018 en el que avisaban de que hacía meses que no usaban ese canal "para compartir información". "Puedes seguirnos en facebook y ponerte al día de todas nuestras actividades. Gracias", terminaba el tuit. En la biografía de esta red social, la falsa organización se definía así: "LINCECI asiste a niños peruanos enfermos de cáncer que no tienen recursos económicos. Les proporciona alojamiento, alimentación y tratamiento de la enfermedad".

Detenidas cinco personas

Cinco personas ya han sido detenidas, dos de ellas, un español y un peruano, se encuentran en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, mientras que las otras tres están en libertad con cargos, todas españolas y entre ellas la esposa del cabecilla. Se les imputan delitos de estafa, de blanqueo de capitales y de organización criminal.

A los arrestados se les han intervenido diez vehículos, alguno de ellos de alta gama y con muy poca antigüedad, que utilizaban para su vida personal. También se han intervenido un chalet y dos pisos, uno en Zaragoza y otro en una localidad del Mediterráneo.

La operación sigue abierta. Los agentes continúan haciendo gestiones, analizando la documentación y los equipos informáticos intervenidos.

A raíz de esta denuncia, varios ciudadanos e instituciones que habían aportado en algún momento dinero para estas causas han interpuesto denuncias. Las sociedades no estaban declaradas de utilidad pública, por lo que las donaciones que se realizaban no desgravaban.

"Medidas legales que primen la transparencia"

"Medidas legales que primen la transparencia y el buen gobierno de todas las entidades sociales" es lo que Miguel Casaus, presidente de Aspanoa (la asociación cuya denuncia inició la investigación), cree que es necesario poner en marcha. Según la organización, las administraciones públicas tiene que reforzar los controles sobre las asociaciones y fundaciones, sea cual sea su tamaño, y especialmente de aquellas que apelan a la solidaridad de la sociedad para llevar adelante sus proyectos.

"Es obligación de todos, de las administraciones y de las asociaciones avaladas por décadas de reconocida labor social, como el caso de Aspanoa y otras muchas, alertar a la sociedad de estas situaciones e intentar prevenirlas", apuntó Casaus el pasado fin de semana.

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