“¿Quieres ver lo que te hacen los hombres? Te lo voy a enseñar”

“¿Quieres ver lo que te hacen los hombres? Te lo voy a enseñar”. Norma tenía 12 años cuando su padre comenzó a violarla. Un año después, a los 13, quedó embarazada y tuvo un hijo fruto de esas violaciones incestuosas. Ahora está en una casa de acogida en Quito. La ayudan a cuidar del niño para que pueda estudiar y recibe asistencia terapéutica y sanitaria. Su caso es solo una muestra de los patrones históricos, legales y sociales que han esparcido y mantenido en Ecuador la idea de que la mujer es propiedad del hombre.

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“Una de las cosas que nos ha espeluznado del caso de Norma es que todas las niñas de su familia han sido víctimas de violencia sexual. El Estado conoció varios de los casos y, sin embargo, fue incapaz de protegerlas”, reprocha Ana Vera, directora ejecutiva de la asociación Surkuna, que ayuda a menores violentadas.

La violencia sexual era la regla en el espacio familiar de Norma. “El Estado conocía la violación de su prima seis años antes y de su hermana tres años antes y aún así dejó a Norma ahí. La última mujer que registramos es su hermana menor, violada después de que Norma fuese sacada del hogar”, añade Vera, quien llevará hoy el caso ante la ONU en Ginebra.

Norma comparte casa con Kati, que desde los 10 años fue utilizada por su familia para poder pagar deudas, completar el alquiler o hacer compras en el mercado. Ella debía hacer favores sexuales a cambio. Llegó al centro de acogida embarazada de su padre.

La directora de Surkuna y una de las abogadas de la organización, Mayra Tirira, resaltan que hay un problema de impunidad y de tolerancia de la violencia sexual. “Si le preguntas a la gente sobre qué haría con el agresor sexual de su hija, dice que lo mete preso o lo mata. Pero cuando le preguntas si el agresor fuese un miembro de la familia, no dice nada o se calla… Hay un encubrimiento absoluto”.

El caso de Norma no es único ni excepcional. En Ecuador casi 3.000 niñas menores de 14 años dieron a luz cada año entre 2015 y 2017. Antes la cifra era superior. Estos casos son legalmente considerados como violación. En ninguno, salvo que la víctima tenga discapacidad intelectual, está permitido el aborto.

Cuando se amplía el espectro a las adolescentes, las estadísticas de embarazos se multiplican hasta los 60.000 cada año. “El 25% de ellos se dan en un contexto de estupro o de violencia sexual”, asegura Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, un referente en estos temas de protección de los derechos sexuales. “Que haya tantos casos y tanta sensación de impunidad es porque Ecuador vive en una alta incultura de violación”, explica. “Está naturalizada para la sociedad, pero para las mujeres que sufren la violencia es un atentado. No lo viven como algo normal, sino como lo que es”.

La Asamblea peruana estudia ampliar la despenalización del aborto a casos de violación. Analizó el tema en 2014, pero el expresidente Rafael Correa prohibió a las legisladoras de su partido apoyarla. “Amenazó con renunciar si se aprobaba y con eso lanzó un mensaje: el aborto es ilegal”, recuerda la directora de la Fundación Desafío. Desde entonces, 380 mujeres han sido procesadas por interrumpir su embarazo.