El caos circulatorio en Tenerife atrapa a 200.000 personas al día

El madrileño Víctor García se buscó un apartamento con una gran terraza mirando al mar en el pueblo de El Sauzal, en Tenerife, porque nunca pensó que tardaría 45 minutos en recorrer los 12 kilómetros que lo separaban del trabajo. Alberto tampoco se imaginó saliendo de su casa del Puerto de la Cruz a las 5.30 de la mañana para evitar la cola y poder dormir una hora en el coche antes de entrar a trabajar a las 8.00 en Santa Cruz. A Eva le da por soñar entre atascos con una rebelión de conductores que ponga fin a su suplicio cotidiano.

En una isla que se promociona como lugar idílico para el descanso, los atascos afectan a 200.000 personas cada día, según el Cabildo Insular de Tenerife, con colas de hasta 15 kilómetros. Y no es por falta de carreteras: hay 0,77 kilómetros por km2 de superficie, frente a los 0,37 de una comunidad como Madrid. Pero combinar una población de 904.713 habitantes en un territorio pequeño -2.034 km2- con una dispersión urbanística enorme es explosivo. Sobre todo, si el transporte público es ineficaz y la densidad de vehículos es muy alta, 794 por cada mil habitantes, según el Instituto Canario de Estadística, frente a los 708 de la media nacional que señala el INE.

Tenerife se ha convertido en una “isla-ciudad”, como la definió el arquitecto Federico García Barba. Con unos cuantos parques naturales –el 48,6% del territorio, que está protegido- y un enjambre urbanístico alrededor de la isla. Por un lado, dos grandes concentraciones urbanas, el área Santa Cruz-La Laguna y la zona turística del sur de la isla. Por otro, un manto de pueblos y viviendas unifamiliares, fruto en parte de la autoconstrucción informal y la falta de planeamiento urbano, desde donde la gente se desplaza diariamente a las zonas metropolitanas para trabajar, ir a la universidad o visitar uno de los dos grandes hospitales.

Pero las administraciones insular y regional, lideradas desde hace más de 25 años por Coalición Canaria (CC), en acuerdos con PP o PSOE, no han adaptado el transporte a esa realidad dispersa. “Históricamente, la política de transportes en la isla ha sido la de construir carreteras. Y hoy estamos recogiendo los frutos”, ha afirmado Rosa Marina González Marrero, directora de la Cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna (ULL). “Lo que hay que hacer es gestionar la forma en que la gente se mueve dentro de la isla”.

Un 90% de los desplazamientos motorizados en la isla son en vehículo privado, frente al 10% en transporte público, según el Cabildo. “De promedio, un trabajador en Tenerife tarda 2,5 veces más en llegar a su trabajo en transporte público que en su coche”, ha dicho González Marrero. Sacar el carnet sigue siendo un rito casi obligado: mientras el número de permisos de conducir descendió en España de 464.617 a 385.282 entre 2010 y 2017, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife pasó de 17.130 a 18.062, según la DGT.

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La falta de una red de transporte público eficaz también tiene un impacto en el desplazamiento de los turistas, que fueron 5,8 millones 2018. Con 35.000 coches del alquiler circulando por la isla, según FREDICA, patronal canaria del automóvil, casi la mitad de los desplazamientos que hacen los turistas fuera del lugar donde se alojan es en un vehículo alquilado. Una zona como el Parque Nacional del Teide, que recibió 4,3 millones de personas en 2018, únicamente tiene dos líneas de transporte público, una desde el norte y otra desde el sur, que realizan un viaje al día de ida y vuelta. Solo el 2% utiliza este servicio, frente al 70%, que va en coche, según el estudio Estimaciones del valor del tiempo de viaje los visitantes del Parque Nacional del Teide.

Para González Marrero, la situación de colapso solo se puede solucionar con una política “del palo y la zanahoria”. “Por un lado, hay que penalizar el uso del coche con peajes para acceder a determinadas zonas o con tarifas de estacionamiento que aumenten en hora punta. Y, por otro, hay que favorecer un transporte público competitivo”. Ahí se incluye, fundamentalmente, una amplia red de guaguas –autobús en Canarias- públicas que transiten por rápidos carriles exclusivos en las zonas de más congestión, además de la construcción de aparcamientos cercanos a las paradas para que dejen sus coches los habitantes de las zonas más dispersas que quieran usar el transporte público.

Hasta hace unos meses, un trabajador que se desplazaba en guagua de Santa Cruz al sur de la isla para trabajar se dejaba 200 euros mensuales. Ahora, Gobierno regional y Cabildo Insular han puesto a funcionar un bono de residente de 38 euros. Según Miguel Becerra, director insular de Movilidad, de CC, no se ha actuado antes por “falta de dinero durante la crisis”, y blande orgulloso los 67 millones invertidos en 2018 para mejorar el transporte público. Becerra ha insistido también en la necesidad de que se cobre por aparcar en las ciudades para reducir los coches, aunque ha recordado que eso es competencia municipal.

“Ha habido avances, pero falta un plan de movilidad con fundamento y pesan las viejas inercias del desarrollismo”, ha comentado Fernando Sabaté, portavoz de Podemos en el Cabildo. Hay quien prioriza las obras, en gran parte competencia del Gobierno regional. “Esto es una suma de soluciones, pero empieza por las carreteras”, ha afirmado Pedro Martín, candidato del PSOE al Cabildo, cuyo partido ha gobernado en coalición con CC los últimos ocho años. Martín habla de “colapso absoluto”, pero culpa a CC por haber sido la responsable del área de movilidad . El candidato de Ciudadanos, Enrique Arriaga, ha criticado a los nacionalistas por “haber paralizado proyectos de hace más de veinte años”. Lope Afonso, candidato del PP, ha señalado que las colas se han convertido en “parte del paisaje”, y ha lamentado la ausencia de una “estrategia ordenada de movilidad” para saber qué inversiones priorizar.

Hay un nuevo convenio de carreteras de 1200 millones de euros hasta 2025 firmado el pasado diciembre entre el Gobierno central y el canario. Pero quedan por pagar, como sentenció el Tribunal Supremo, las inversiones en carreteras que el Gobierno de Mariano Rajoy congeló entre 2012 y 2017 en Canarias. Mientras, el Ejecutivo regional amplía ya la autopista del sur, adjudicará pronto el cierre del anillo insular y promete una ampliación en la autopista del norte, la más colapsada, con dos carriles más que podrán convertirse en carril guagua. Una obra de entre tres y cinco años.

“Las soluciones que necesitamos ahora son a corto plazo, no son de infraestructuras. ¿Estamos dispuestos a quitar ya un carril de los coches para ponérselo a las guaguas?”, se ha preguntado González Marrero. “La isla petaría”, ha afirmado Becerra. “Si conseguimos que los del coche se muevan a la guagua, no habrá caos”, ha destacado la experta de la ULL. Algunos sufridores mañaneros lo tienen claro: “Si a mí me garantizan un carril guagua donde se tarde un tiempo razonable y más o menos exacto, estaría encantado”, ha dicho Alberto, que empezó a ir en moto al trabajo para sortear las colas y terminó accidentado. Eva suspira por no tener que meterse por carreteras secundarias para sacarle cinco míseros minutos al atasco de todos los días. “Una guagua así sería perfecta”.