La Junta de Andalucía entrega a Vox los datos de colegiación de los trabajadores de violencia de género

La Junta de Andalucía ha confirmado la entrega de los datos que Vox solicitó a través de la Mesa del Parlamento sobre la situación de los trabajadores que prestan sus servicios en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) y en los Equipos de Familia. La información suministrada no contiene datos personales, aunque sí las titulaciones de esos profesionales, según ha podido constatar este diario. La formación de extrema derecha reclamaba nombres, apellidos y número de colegiación, una petición que fue duramente criticada —se consideró una "caza de brujas"— y que la Cámara regional declinó. 

Vox ha remitido este viernes al Parlamento dos nuevas solicitudes reclamando una ampliación de información sobre las titulaciones y la formación de los psicólogos que trabajan en las asociaciones Adima y Eicas, vinculadas con la defensa de la infancia y la prevención del maltrato y abuso a menores y en Taxo y Tinsa, que realizan peritajes, según han confirmado fuentes del partido a EL PAÍS. El argumento de Vox es que son las únicas organizaciones que tienen contratas con la Junta. 

"Nos preguntamos qué tienen que ver con la psicología y por qué tienen esos contratos tan abultados sobre materias tan sensibles", explican fuentes de la formación. La Asociación andaluza para la defensa de la infancia y la prevención del maltrato (Adima), realiza valoraciones dentro del programa de asistencia a menores que sufren violencia de género. Eicas (Equipo de Evaluación e Investigación de casos de abuso sexual) forma parte de Adima y se encarga de valorar la credibilidad de menores que han podido sufrir abusos.

Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, es un defensor de la teoría del síndrome de alienación parental (SAP), una corriente psicológica que sostiene que los recuerdos de maltrato que tienen los niños, aunque parezcan creíbles, hay que ponerlos en tela de juicio porque podrían haber sido introducidos en el menor intencionadamente por parte de un progenitor para manipularlo con el fin de mostrar hostilidad hacia un padre u otros miembros de la familia en los procesos de custodia. Desde Vox se ha acusado a los profesionales en la materia de dictar sus resoluciones atendiendo "a razones ideológicas".

De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno andaluz, hay 75 trabajadores entre psicólogos y trabajadores sociales, que prestan sus servicios en estas unidades y los equipos sociales, encargados de evaluar el riesgo que sufren las víctimas de la violencia machista, la posibilidad de reincidencia del agresor y quién debe tener la custodia del menor.

De ellos, el 40% no está colegiado, una circunstancia que esgrime Vox para cuestionar las decisiones que adoptan los jueces basadas en sus informes que, en todo caso, no son vinculantes. “Nos han llegado denuncias de afectados que aseguran que esos trabajadores no cuentan con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de género o de decisión sobre las custodias de los menores y de que, en algunos casos no están ni siquiera colegiados”, sostienen desde la formación.

Serrano, antiguo juez de Familia, ha declarado en una entrevista en el canal local 7TV que la existencia de esos trabajadores no colegiados supone que “personal no cualificado, sin ningún control ni responsabilidad deontológica”, está prestando ese servicio. "Si para ser médico hay que pasar un MIR, para ser psicólogo igual, y no puede bastar con haber seguido un curso de violencia de género", ha argumentado. El vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín (de Ciudadanos), de quien dependen los empleados señalados, ha dejado claro esta mañana que “no estar colegiado no significa no tener titulación”.

De los 75 profesionales que prestan sus servicios, 45 lo hacen en las unidades de violencia de género y 30 en los equipos psicosociales y todos han pasado las pruebas preceptivas para entrar a trabajar en la Administración, explican desde la Consejería. La Junta dispone actualmente de nueve unidades de violencia de género en toda la comunidad, un servicio que no está externalizado y que se va a ampliar a 17. Del Gobierno dependen los 21 equipos psicosociales que están repartidos en las ocho provincias —cada uno debe contar con un psicólogo y un trabajador social—.

Es práctica habitual que las distintas Delegaciones del Gobierno de la Junta recurran a entidades externas para la elaboración de periciales solicitadas por los órganos judiciales. La Consejería no ha podido facilitar a este diario el número de esas empresas que prestan estos servicios, pero confirma que todos los empleados tienen la titulación necesaria, negando las insinuaciones de intrusismo de Serrano. En el documento facilitado por la Junta a Vox, al que ha tenido acceso este diario, se especifica que 79 son contratados.

Necesidad de colegiación

Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 establece que “la colegiación es un requisito indispensable para los trabajadores públicos”, si bien no hay una ley a nivel estatal que obligue a ello, un vacío legal que ha denunciado el Defensor del Menor andaluz. Desde la Consejería de Justicia se ha trasladado a los profesionales que no están colegiados la importancia de que se colegien y se están estudiando los mecanismos para garantizar que todos lo estén, confirman desde este departamento. Los sindicatos, sin embrago, muestran reparos: “La colegiación obligatoria tendrá que ser fruto de una negociación”, señala Rafael Rivero, de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA).

Desde el sindicato confirman que los profesionales están relativamente tranquilos en cuanto a que se les ha asegurado que no se van a filtrar sus datos personales, pero sí están molestos con el hecho de que se facilite, aunque sea de manera genérica, si están colegiados o no. “Si no se nos exige estar colegiados para contratarnos, no deberían ceder esos datos. Esperábamos más protección por parte de la Administración”, sostiene Rivero. “No vamos a dejar de hacer bien nuestro trabajo, pero entiendo que haya compañeros que consideren la petición de Vox una caza de brujas”, explica a este diario una profesional, miembro de un equipo psicosocial de un Juzgado de Familia, que prefiere no dar sus datos personales.

La irrupción de Vox en el Parlamento andaluz y sus exigencias en materia de violencia de género han roto la unanimidad entre los grupos políticos en esta materia. Desde el PSOE, la líder de la oposición, Susana Díaz, ha cuestionado la entrega de datos, aunque sea genérica, a la formación de Serrano. “La única intención que tiene Vox con esa lista es amedrentar a los profesionales para que no hagan su trabajo. Aquí nunca ha habido listas negras, pero los intereses de este Gobierno están supeditados a la extrema derecha. Hoy son los trabajadores de violencia de género, pero mañana serán otros”, ha advertido la dirigente socialista.

Desde las asociaciones feministas y de abogados y por parte del Defensor del Menor andaluz se ha alertado de las condiciones en las que los equipos de las UVIVG ejercen su trabajo y también han reclamado una normativa que homogeneice y regule su funcionamiento. El propio Defensor reclamó en un informe presentado en octubre del año pasado sobre los equipos psicosociales que operan en Andalucía la importancia de la colegiación, precisamente para proteger al profesional ante las reclamaciones de los padres afectados. En el informe se constata que cuando un particular quiere reclamar, la Junta no entra a valorar las peticiones y las deriva a los colegios profesionales que, paralelamente, niegan su capacidad de supervisión porque el profesional no se encuentra inscrito ni adherido a la disciplina colegial.