El Estado asumirá el coste de la restauración ambiental de las últimas minas de carbón

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El principio de quien contamina paga tampoco se cumplirá con el fin de la minería del carbón en España. En este caso concreto, quien degrada los entornos naturales con las minas a cielo abierto y con las escombreras no afrontará el coste de su restauración, como establece la legislación. El Gobierno asume que los avales que depositaron en su día los propietarios de las minas “no son suficientes”, con lo que el Estado deberá correr con los gastos de la recuperación ambiental de esos entornos.

Salvo un pequeño pozo en Asturias –de la empresa pública Hunosa–, la extracción de carbón en España ha llegado a su fin este 2019. En octubre, cuando el Gobierno y el sector de la minería firmaron el acuerdo marco que ratificaba el final de esta actividad, quedaban 12 minas en producción en el país, según el texto de aquel pacto. Y la mayoría de las empresas propietarias de los yacimientos estaba ya en situación de concurso de acreedores o liquidación, con lo que es aún más complicado exigirles la restauración de los yacimientos, según admiten fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

En el acuerdo de octubre se señalaba que “las empresas mineras, en su calidad de entidades explotadoras, están obligadas a asumir el conjunto de las medidas definidas en el plan de restauración” de los yacimientos y, por tanto, correr con los gastos de “rehabilitación medioambiental y cierre de la explotación”. Pero, a continuación, el acuerdo añade: “Teniendo en cuenta la coyuntura de las empresas de la minería del carbón se instrumentarán ayudas para contribuir a sufragar los trabajos de rehabilitación del espacio natural afectado”. Hace cinco días el Consejo de Ministros aprobó ya una línea de ayudas por valor de 20 millones para los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 destinadas a cubrir “costes derivados de la clausura de las instalaciones y a la rehabilitación del espacio natural”. Pero a esas ayudas ya aprobadas, explican fuentes del Gobierno, solo se podrán acoger tres empresas mineras que no están en concurso de acreedores: dos de Aragón –Samca y Compañía General Minera de Teruel– y otra de León –Hijos de Baldomero García–.

Inventario

Para el resto de empresas que han echado el cierre, la sociedad pública Tragsa está preparando un inventario de minas que deben ser restauradas. En principio, el foco está puesto sobre 26 yacimientos: las 12 minas que estaban activas hasta este año y otras tantas que han ido cerrado durante esta década. Tragsa, explican fuentes del ministerio, también está analizando los avales que habían depositado ante las comunidades autónomas las propietarias de las minas.

Estos avales, que la ley exige que se presenten, están pensados, precisamente, para evitar que cuando una empresa cierre eluda la recuperación medioambiental. “Sabemos que no son suficientes los avales”, sostienen fuentes del ministerio. “Los avales son ridículos; en algunos casos, desde hace 20 años no han sido actualizados”, añaden. El ministerio justifica que el Estado asuma el coste en que esas tareas de restauración, que pueden prolongarse durante años, son una forma de recolocar a los trabajadores afectados por el cierre de la minería y fijar la población a los territorios.

El Gobierno actual ha elaborado una estrategia de transición para este sector que contempla 158,5 millones para los próximos cinco años para labores de restauración destinados a las minas cuyos propietarios se han declarado en concurso de acreedores. Pero, en todo caso, la aplicación de esa estrategia dependerá del resultado de las elecciones del 28 de abril. El Estado ha destinado durante esta década 500 millones en ayudas directas para las minas de carbón.