El Vaticano obliga a procesar a 17 curas por prácticas de secta y doctrina sexual dudosa en Cataluña

La Iglesia católica no fue impermeable a la revolución sexual y a las teorías de vida comunitaria de los años 70. En España se produjeron algunos experimentos que derivaron en la fundación de asociaciones de laicos guiadas por sacerdotes que exploraron nuevos preceptos, a veces en el límite de lo que permitía la doctrina católica. Una de ellas fue el Seminari Poble de Déu (SPD), fundado en 1977 por el seglar Francesc Casanovas Martí y aprobada ese año por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Narcís Jubany. Una experiencia de vida comunitaria mixta cercana a las ideas new age y que se basaba en la investigación de la relación entre hombre y mujer. Duró 40 años. Hasta el 15 de abril de 2017, cuando el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, firmó el decreto de disolución del grupo. El Vaticano solicitó posteriormente una investigación y obligó a juzgar a 17 sacerdotes y a dos laicas implicados por prácticas sectarias y presuntas relaciones sexuales entre hombres y mujeres con ramificaciones en, al menos, cinco diócesis: Barcelona, Vic, Tarragona, Lleida y Seu d'Urgell.

El tribunal canónico de Vic, de donde partió la denuncia, ha suspendido a los 17 curas de forma cautelar, según confirma el obispado a este periódico, hasta que termine el proceso. No hay un precedente así en número de sacerdotes implicados en un caso canónico en España. Según fuentes de la instrucción del caso, la investigación ha detectado anomalías de “teorías pseudomísticas”, término con que los órganos de vigilancia del Vaticano se refieren a prácticas sectarias, y llegaban a permitir la práctica de sexo sin considerarlo pecado. El obispado de Vic, a preguntas de este periódico, resume: “Los miembros habrían compartido unas teorías y conductas presumiblemente de carácter pseudomístico, fruto de las ideas extravagantes inculcadas por su fundador”.

El proceso ha creado tensiones en la Iglesia catalana: los acusados se reparten por varias diócesis y tres obispos han optado por protegerles y no acatar sus suspensiones. Las dos diócesis que han tomado la iniciativa en el caso, Barcelona y Vic, sí han suspendido a cuatro sacerdotes y un diácono. En Vic el grupo disponía de un antiguo convento que puso a la venta por 4,8 millones de euros tras la disolución. Pero, en cambio, el obispo de Tarragona, Jaume Pujol; el de Lleida, Salvador Giménez; y Joan-Enric Vives, de La Seu d'Urgell, han hecho caso omiso del tribunal. Los curas suspendidos por el tribunal eclesiástico siguen ejerciendo allí su ministerio. Pujol renunció el pasado mes de febrero tras unas polémicas declaraciones que exculpaban a curas de su diócesis acusados de pederastia. Dijo que tuvieron un "mal momento" y que no fueron expulsados porque "no fue tan grave como para secularizarlos". No obstante, el obispado desvinculó la decisión de esa controversia y explicó que era obligada por razones de edad, al cumplir 75 años.

“Las medidas cautelares se imponen porque hay indicios de que podrían ser un peligro para la sociedad. Es irresponsable no aplicarlas”, señalan fuentes que investigan el caso. No obstante, el obispado de Vic subraya que se debe respetar la presunción de inocencia de los acusados y que no todos están implicados en la misma medida.

En Tarragona, que acogió una las ramas más importantes de la organización y donde el grupo logró que el obispo les cediera en 2008 la gestión del Santuario de la Serra de Montblanc, siguen ejerciendo dos de los sacerdotes destacados del grupo, Pere Fibla y Xabier Segura, más un diácono. En Lleida continúan tres y en La Seu d'Urgell, cuatro, según confirma el propio Fibla (gestionaban también el Santuario de Núria y tenían una casa en Camprodón). El obispado de Tarragona es el único de los tres que ha respondido a este periódico: considera que estos curas no están suspendidos. Los de Lleida y La Seu D'Urgell no han querido dar explicaciones. “Estos obispos no han aplicado las medidas cautelares porque consideran que harían más daño que bien, no las creen necesarias. El tribunal pide las medidas, pero es el obispo el que decide. Nosotros les obedecemos y seguimos trabajando en la Iglesia”, explica Fibla en conversación telefónica. Xabier Segura también confirma que no está suspendido: “Seguimos con nuestro trabajo y haremos lo que nos digan”.

El caso comenzó en julio de 2013, cuando el obispo de Vic, Romà Casanova, después de años recibiendo información comprometida sobre una asociación que conocían todos, decidió abrir una investigación. Las anomalías descubiertas derivaron en un intento de corrección que fracasó. El informe realizado por el visitador diocesano Germán Arana y las pruebas encontradas fueron aportadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano del Vaticano que vela por el cumplimiento de la doctrina, que autorizó la disolución y solicitó el juicio en Vic. Había elementos para considerar que se había alterado “gravemente” la doctrina. Desde la Santa Sede, donde este caso preocupa desde hace años, se supervisará la proporcionalidad de la pena, si llegase, y se pilotaría el recurso.

La causa afecta a otras diócesis: la de Valledupar, en Colombia, donde estuvieron incardinados algunos de los sacerdotes, y Colonia, en Alemania, pues algún miembro laico es de ese país. En el momento de la disolución, el seminario contaba con unos 80 integrantes. En total, han pasado por el grupo un centenar de personas. Las razones de la medida, según un informe que se encargó al rector de la facultad de teología de Cataluña, Joan Planelles, y a parte del cual ha tenido acceso este periódico, fueron “la incompatibilidad de la doctrina que se impartía con la católica”. “Se pretendía haber descubierto y se anunciaba una nueva etapa o revelación que implicaría una tergiversación de la afectividad hombre-mujer entre los fieles cristianos, marcada por la confusión entre el pecado y la concupiscencia, y ejemplificada en la sublimación inversa de algunas gracias peculiares y extrañas a la tradición católica que se manifestarían de forma definitiva en determinados miembros de la comunidad, vistos como iconos de esta nueva etapa de la Iglesia. Existía el peligro de una derivación gnóstica de la asociación, con algunos elementos new age y visiones esotéricas de la fe católica”.

Una descripción, en suma, cercana a una secta donde las fronteras entre lo que es o no pecado no estarían demasiado claras. Fuentes cercanas al caso lo explican así: “Era una teología de las gracias. Según lo que promulgaban, Dios distribuiría unas gracias especiales a algunos miembros de este grupo sectario que les permitirían ejercer un sexo, incluso libre, que no provocaría remordimiento de conciencia porque no se considera pecado. El testimonio de personas que dejaron el grupo habla de prácticas sexuales”.

Un antiguo miembro del seminario, que no desea ser identificado y conoce a algunos denunciantes, opina que los problemas empezaron tras la muerte del fundador, en 2002. Confirma que estas personas “se han salido porque lo han pasado mal, han tenido experiencias dolorosas y sufrimiento psicológico, consideraban que aquello no era cristiano”.