Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El consejero valenciano Vicent Marzà: “Hemos venido a transformar la educación, no a maquillarla”

El dirigente de Compromís ha sido criticado por PP y C's por su política lingüística y sus propuestas con la red concertada

El consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, durante la entrevista. Ampliar foto
El consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, durante la entrevista.

Vicent Marzà (Castelló de La Plana, 36 años) se hizo cargo de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en 2015 como una figura ascendente de Compromís y acaba la legislatura como uno de sus referentes. Es, de hecho, número uno de la coalición por la circunscripción de Castellón a las elecciones autonómicas del 28 de abril. Marzà pertenece al Bloc, la pata nacionalista de la coalición de izquierdas que forman también Iniciativa y Els Verds. Su gestión ha sido una de las más criticadas por la derecha por su política lingüística y su visión de la función que debe cumplir la escuela concertada.

Pregunta. Llegó a la Consejería de Educación prometiendo relanzar la escuela pública después de varios años de recorte. ¿Cree que lo ha conseguido?

Respuesta. Hago un balance positivo, sin ser triunfalista, porque en cuatro años no puedes revertir 20 de políticas de la derecha, que destruían el servicio público. Estamos invirtiendo 1.300 euros más por alumno y año. Hemos buscado dignificar la escuela pública y reducir la desigualdad. Hay 40.000 niños con beca de comedor que no había. Un banco de libros gratuito que no había. Tenemos 6.000 profesores más. Y las ratios son más bajas.

P. Anunció el fin de los barracones esta legislatura, pero 13.800 alumnos siguen en ellos. ¿Fue una promesa ingenua?

R. Siempre dije que acabaría con los centros íntegramente en barracones, no con el conjunto. Y eso hemos estado haciendo. En esos centros íntegramente en barracones había 8.000 niños. Ahora 4.000 están en colegios nuevos, y el resto irán a centros cuyas obras están en marcha o adjudicadas. Hemos avanzado muchísimo, pero es verdad que los trámites en una Administración que no tenía músculo después de las privatizaciones y recortes, se han alargado mucho. Aun así hemos hecho 600 actuaciones en infraestructuras, hemos retirado fibrocemento. Hemos terminado 23 centros y tenemos una decena en construcción.

P. La consejería ha sufrido varios reveses del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. ¿A qué lo atribuye?

R. Estamos pagando más en resoluciones judiciales por decisiones de la época del PP que por las que conciernen al actual Gobierno. Pero es verdad que ha habido decisiones [judiciales contrarias] porque no hemos venido a maquillar el sistema, sino a transformarlo. Y determinados poderes no responden a lo que para nosotros es el bien común. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia dijo que no podíamos bajar las ratios porque era competencia estatal, cuando en Galicia y otros territorios sí lo hacen.

P. ¿Cree que los jueces se han excedido en el cuestionamiento de la normativa educativa?

R. Quien denuncia no es el tribunal; son siempre las mismas organizaciones vinculadas a la derecha. Pero es verdad que estamos en un cambio de ciclo. Durante muchos años se ha privilegiado el negocio privado y este Gobierno ha venido a poner por encima el bien común, por ejemplo en los conciertos.

P. Considera que la educación concertada tiene la función de cubrir las lagunas de la pública…

R. Claro, complementa la oferta donde no llega la pública.

P. ...pero los jueces no lo ven así.

R. El Tribunal Superior de Justicia cuestiona, pero después el Supremo nos está dando la razón.

P. ¿Sobre los fallos de los conciertos educativos el Supremo se ha pronunciado?

R. Lo están estudiando, pero yo creo que es una cuestión de concepto. Los conciertos son necesarios porque no hay suficiente escuela pública. Si la hay, no tiene sentido que dupliquemos la oferta con dinero público.

P. El tribunal considera que la concertada no es solo complementaria de la pública, sino que los conciertos forman parte del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

R. Eso no tiene sentido desde ningún punto de vista. Ni pedagógico, ni social, ni democrático. Por una parte, la Administración tiene que planificar la oferta. Y por otra, es ahora cuando las familias pueden elegir los centros. Antes eran los centros los que elegían a las familias, poniendo por ejemplo puntos discrecionales a los familiares de antiguos alumnos, para que no entraran determinadas familias. Eso se ha terminado.

P. ¿Fue un error condicionar, en su primer decreto de plurilingüismo, el aumento de horas en inglés al aumento de horas en valenciano?

R. Yo creo que no. Eso era lo que nos decían las unidades multilingües de las universidades que tenía que hacerse. El modelo anterior ha fracasado. Solo el 6% de los niños saben inglés al salir de la escuela, solo el 30% sabe valenciano, y el 100% sabe castellano. Nosotros queremos que el 100% sepa castellano, y mejor que ahora, que el 100% sepa valenciano, y que el 100% tenga nociones efectivas de inglés. Y es lo que propusimos, sin imponer nada, porque son los consejos escolares quienes votan la proporción de lenguas.

P. ¿Por qué entonces la ley que sustituyó al decreto eliminó esa vinculación entre más horas de inglés y más de valenciano?

R. Porque hubo un pronunciamiento judicial [contra el decreto] que decía que no podía ser. Nosotros no lo compartimos, pero cumplimos las resoluciones.

“Queremos que nadie deje de estudiar por motivos económicos”

¿En qué se ha notado en las aulas la llegada de un Gobierno progresista a la Generalitat valenciana después de 20 años de Ejecutivos del Partido Popular? El socialista Miguel Soler, secretario autonómico de Educación, destaca lo que considera tres grandes transformaciones. La nueva política de becas y ayudas al estudio, “que persigue cumplir nuestro principio de que nadie deje de estudiar por motivos económicos”. El fomento de la escolarización gratuita de cero a tres años. Y la puesta en marcha de un nuevo sistema de construcciones escolares con el que, gracias a la colaboración con los Ayuntamientos, “se va a hacer en cuatro años lo que a la conselleria le hubiera costado 30”.

El número de intervenciones en centros aprobadas alcanza las 501 —hay otras 207 en trámite—. Y de ellas, 97 “son centros nuevos, rehabilitaciones integrales o ampliaciones muy significativas”, afirma Soler.

“La política de ayudas se ha traducido en Xarxa Llibres, con el que casi medio millón de alumnos, todos los que han querido, no pagan ni un euro por sus libros. O en las becas de comedor, cuyo presupuesto ha pasado de 47 a 70 millones y el número de alumnos que las tiene, de 87.000 a 127.000. Además, la beca antes abarcaba ocho meses de comedor al año y ahora 10, porque junio y septiembre también se han incorporado”, afirma.

La Generalitat se ha lanzado a aumentar la escolarización en la primera fase de la etapa de Infantil, de cero a tres años, siguiendo las conclusiones de estudios que subrayan su importancia en el éxito escolar posterior, sobre todo entre los alumnos más desfavorecidos. Educación ha abierto 140 aulas de dos años —el curso de esta fase que Soler considera crucial para el desempeño posterior— en colegios públicos. Ha convertido en gratuito el mismo curso en la red de 248 escuelas infantiles municipales. Y ha ampliado el bono infantil —una ayuda para pagar la matrícula de los niños en guarderías privadas—, que ha pasado, en el curso de dos años, de ser una ayuda de 60 euros igual para todos a otra de 80 a 140 euros que varía en función de la renta familiar. Están excluidos los hogares con rentas superiores a los 72.460 euros anuales.

Para el curso de dos años hay ahora 14.000 plazas gratuitas. Y, en un contexto de retroceso general de la matriculación de 0 a 3 años en el conjunto de España desde 2015, debido sobre todo al descenso de la natalidad, en la Comunidad Valenciana hay 6.627 alumnos más —3.953 en centros públicos y 2.674 en privados—. Y ello a pesar de que el número de niños en ese tramo de edad ha bajado en la Comunidad Valenciana de un total de 136.102 en 2015 a 121.315.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información