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La Eurocámara pedirá a España y Rumania soluciones para los niños sin documentación

Más de 200 menores rumanos viven en España sin papeles que garanticen sus derechos básicos

Justi Carretero abraza a su hija de acogida, en su casa, en Guadalajara.
Justi Carretero abraza a su hija de acogida, en su casa, en Guadalajara.

El Parlamento Europeo presionará a Rumania para acabar con la desprotección de los más de 200 niños de origen rumano que viven en España a cargo del Estado sin documentación. La comisión de Peticiones de la Eurocámara ha aceptado este jueves mantener abierta una reclamación que exige soluciones para los menores, cuya tutela fue retirada a sus padres biológicos —rumanos— y ahora residen en centros o con familias de acogida. No disponen de un documento que acredite su nacionalidad; algunos solo cuentan con su partida de nacimiento. Todos ellos están privados de derechos tan básicos como viajar fuera del país, federarse en equipos deportivos o recibir determinadas prestaciones. Los eurodiputados remitirán sendas cartas a los Gobiernos español y rumano instándoles a actuar para acabar con la situación de indefensión en que viven sumidos, en algunos casos desde hace una década.

Como se han encargado de denunciar en el Hemiciclo las familias de acogida de algunos de los niños, las trabas de Rumania son el principal obstáculo para su normalización burocrática, aunque creen que España no está exenta de responsabilidad y debe ser más contundente al exigir a Rumania un arreglo satisfactorio para familias y menores. Sus circunstancias son diversas, los hay que ni siquiera han cumplido un año, otros se aproximan a la mayoría de edad. Unos nacieron en España y no fueron registrados en el consulado tras el parto, por lo que no ha quedado acreditada su nacionalidad, pero también hay quienes llegaron con documentación, pero no la renovaron.

Justi Carretero, presidenta de la Asociación de Familias de Acogida de España (Fades), que agrupa a un centenar de familias, ha sido una de las que ha tomado la palabra en Bruselas. Critica que Bucarest no les reconoce, pero tampoco da facilidades para rechazar la nacionalidad rumana de los niños, un requisito indispensable para que puedan recibir la española. Quedan así sumergidos en un limbo legal. Ni rumanos ni españoles. "El bloqueo llega a veces por peticiones disparatadas, como cuestionar la paternidad en el certificado", lamenta Carretero.

En el centro, la presidenta de FADES, Justi Carretero, en la comisión de Peticiones.
En el centro, la presidenta de FADES, Justi Carretero, en la comisión de Peticiones.

La misiva de los diputados europeos servirá para denunciar la discriminación que sufren los menores. "Es una situación gravísima, pero fácil de solucionar si el Gobierno de Rumania supera la desidia, incompetencia o falta de voluntad política que la ha propiciado. Solo tienen que dar la nacionalidad a esos niños o formalmente rechazar dársela. Así podrá actuar España", exige la eurodiputada Beatriz Becerra, coordinadora del grupo liberal en la comisión de Peticiones. "Me he comprometido a movilizar todas las acciones a nuestro alcance para instar a la presidencia rumana de la UE a tomar cartas en el asunto antes del fin de la legislatura", añade.

Si no hay una solución antes de que tomen posesión los nuevos inquilinos del Parlamento Europeo tras las elecciones del próximo 26 de mayo, la petición tendría que volver a ser remitida para que siga su curso. Los instrumentos con que cuentan para presionar a los Estados son escasos. La carta suele ser el primer paso, y el envío de misiones con eurodiputados, el siguiente movimiento cuando no hay avances. La pretensión, tanto de las familias de acogida como de los parlamentarios, es que el caso pueda cerrarse antes gracias a la colaboración rumana, hasta ahora del todo ineficaz.

Fuentes de la sección consular de la Embajada de Rumania explicaron hace unas semanas a EL PAÍS que su prioridad es "repatriar a los menores", con independencia del tiempo transcurrido en España. Por ello, tratan de buscar a familiares allí y, en caso de que quieran hacerse cargo de los niños y reúnan las condiciones para hacerlo, enviarlos de vuelta. Si no es posible, cuentan que pueden documentar a los menores de forma provisional. Las familias de acogida se quejan, no obstante, de que los procesos se dilatan durante años sin que se aporte una solución a los pequeños. 

Junto a Carretero han viajado a Bruselas Fernando Carvajal, jefe de Servicio de Familia y Menores en la Provincia de Guadalajara, y Andrés Roig y Noemí Piles, padres de acogida. La eurodiputada liberal Teresa Giménez Barbat ha auspiciado su llegada a la capital comunitaria, y ha lamentado el laberinto legal en que se encuentran los niños. "Es una situación escandalosa. No pueden disfrutar de derechos básicos de los europeos como la libertad de movimiento. La UE no puede abandonarles a su suerte", ha insistido durante la sesión en la Eurocámara.

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