El Defensor del Pueblo investiga de urgencia la devolución a Melilla de 13 niñas marroquíes acogidas en Palencia

El Defensor del Pueblo está investigando de urgencia el traslado de 13 niñas marroquíes, de entre 14 y 17 años, que llevaban hasta tres años acogidas en Palencia y que hoy mismo han sido enviadas de vuelta a Melilla, contra su voluntad, por impago del servicio.

El Gobierno de la ciudad autónoma, encargado de su tutela, las mandó a Palencia dentro de un programa de colaboración para acoger a los cientos de menores no acompañados que llegan desde Marruecos, pero lleva varios meses sin financiar su parte del acuerdo, según ha denunciado la ONG de derechos de la infancia Prodein. El organismo que se ocupa de las niñas, la Fundación Diego Martínez de Palencia, confirma que el Gobierno de la ciudad autónoma llevaba tiempo sin pagar y que la medida se debe a "cuestiones económicas", pero por exclusiva decisión de la consejería de Bienestar Social de Melilla. "Ha sido contra el parecer de los técnicos, y nosotros estábamos dispuestos a aguantar sin cobrar, queríamos que siguieran aquí, nos ha dado mucha pena, pero en Melilla no han querido", lamenta un responsable. Portavoces de prensa del Ejecutivo de la ciudad autónoma, gobernada por el PP, no han respondido a las llamadas y mensajes de este periódico para dar su versión.

En un intento desesperado por evitar su marcha, las niñas han presentado incluso un escrito este viernes en la fiscalía de Palencia, ha informado la ONG, mostrando su rechazo a la medida, porque tienen su vida hecha allí y es donde cursan sus estudios. La fiscalía de esta ciudad no ha querido proporcionar ninguna información al respecto, al amparo de la protección de datos.

La devolución de estas niñas a Melilla llega precisamente cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de a anunciar una partida de 40 millones de euros para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados e incentivar a las comunidades para los acepten. Ante su inminente traslado, Prodein ha presentado una queja al Defensor del Pueblo, que dada la urgencia del caso lo ha admitido de inmediato, de forma excepcional y sin el habitual plazo de espera, confirman portavoces de la institución.  No obstante, a lo largo de la mañana parecía difícil frenar la decisión, pues las menores ya habían emprendido viaje.

Prodein asegura que el grupo de educadoras del centro de Palencia lleva meses sin cobrar y una de ellas llegó a abandonar el trabajo. Entretanto, la fundación habría pagado a los empleados con fondos propios. La ONG denuncia, además, que justo el mismo día que las menores llegan a Melilla, a uno de los centros de acogida de menores de la ciudad, se desplazan otros trece a Alicante para dejarles sitio. “No se puede jugar con los niños de esta manera, con este mercadeo, sus derechos y su bienestar tienen que estar por encima de todo, y no que paguen ellos porque la Administración no paga. Precisamente cuando se habla de los 40 millones que va a dar el Gobierno para pagar a las comunidades que acojan niños. Melilla no paga y además se quita niños mandándolos fuera. Se especula con los menores como si fueran mercancía, es una barbaridad”, lamenta José Palazón, responsable de Prodein, con sede en Melilla y comprometida con la defensa de los derechos de los menores en este enclave.

La partida extraordinaria del Ejecutivo para financiar la acogida de menores trata de salir al paso de la emergencia de algunas regiones españolas que asumen la mayoría de los que llegan solos a España. En total, se calcula que hay unos 10.100 menores no acompañados que dependen de los sistemas de acogida autonómicos. Andalucía, por ejemplo, es responsable de más de 4.000.

La medida llegará al Consejo de Ministros en un plazo aproximado de seis semanas. Para hacerla efectiva, el Gobierno dará 15 días a las comunidades para que informen de sus posibilidades de acogida. Los fondos tendrán una vigencia de seis meses y se distribuirán en función del incremento de menores que han asumido las comunidades desde diciembre del año pasado. Esta fórmula permite, por un lado, compensar a las autonomías que soportan mayor presión -Melilla entre ellas- y, por otro, incentivar al resto a asumir más responsabilidad.