El Defensor del Pueblo recurre la ley que avala el ‘spam’ electoral

El Defensor del Pueblo ha atendido la petición de un grupo de juristas expertos en protección de datos y asociaciones de internautas contra la ley que permite a los partidos recopilar datos personales sobre opiniones políticas para enviar propaganda electoral personalizada. El organismo ha comunicado este martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el tratamiento de datos personales por partidos políticos, una práctica avalada tras la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobada a finales del año pasado. 

La norma, que incorpora un nuevo artículo, el 58 bis, a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) permite a los partidos políticos rastrear páginas web y redes sociales para acceder a datos personales y opiniones políticas de los ciudadanos. Según la norma, estas actividades deberán estar amparadas en el “interés público” y contar con las “garantías adecuadas”, pero no ha impedido que los expertos recelen de su aplicación.

El Defensor del Pueblo considera que la reforma vulnera varios artículos de la Constitución. Los impulsores de recurso consideran que la norma que posibilita realizar perfiles ideológicos y personalizar la propaganda electoral para enviar spam mediante correos electrónicos personalizados y también para contratar en las redes sociales mensajes personalizados para cada usuario vulnera el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la libertad ideológica, la libertad de expresión e información y el derecho a la participación política.

Los impulsores de este recurso sostienen que acceder a los datos de navegación de los usuarios  es una herramienta muy poderosa que da a los partidos la opción de "tener fichados" a los ciudadanos para segmentarlos y distribuir publicidad electoral a la carta. Las formaciones electorales podrían así "elaborar listas negras" en función de su ideología.

La solicitud al Defensor del Pueblo ha sido liderada por los abogados y profesores Borja Adsuara, José Luis Piñar, Jorge García Herrero y Elena Gil González, y ha contado con el respaldo de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Digital, entre otras.

Esta petición al Defensor del Pueblo se produjo tras una intensa campaña de varios juristas y asociaciones, bajo la etiqueta  #NoConMisDatos, a través de la cual quieren concienciar a los ciudadanos de los riesgos que entraña el hecho de que los partidos accedan a esa información. Con esta iniciativa animan a que se opongan al tratamiento de sus datos personales y reclamen su supresión.