Las víctimas presentan 21 medidas concretas para erradicar los abusos

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La cumbre celebrada en el Vaticano sobre abusos a menores, un encuentro que durante cuatro días ha reunido a 190 líderes religiosos para tratar de frenar una de las mayores crisis de la Iglesia moderna, ha dejado mal sabor de boca a las víctimas. Todas las asociaciones consideran que la reunión no ha avanzado en medidas concretas y que el discurso del Papa no estuvo a la altura del momento histórico. Por eso este lunes, en la misma plaza de San Pedro, han presentado un documento con los 21 puntos que, según su larga experiencia en el asunto, la Iglesia debería adoptar para terminar con esta plaga.

La organización global de víctimas de abusos Ending Clergy Abuse (ECA), que engloba a asociaciones de más de 20 países, presentó el plan de acción que, a su juicio, debería haber adoptado el Papa. Un esquema organizado alrededor de los tres temas en los que se dividieron las jornadas de la cumbre: responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. Es un acercamiento mucho más radical y concreto a la cuestión. Pero, por muchas razones, imposible de aceptar hoy en día por el Vaticano. Miguel Hurado, portavoz de la asociación española Infancia Robada, aseguró que son solo "medidas de sentido común" alejadas de "las generalidades" que señaló Francisco.

El primer punto siempre es el mismo: reformar la ley canónica para que el cura o religioso que haya sido condenado por abusar una sola vez de un menor, sea cuando sea (ahí hay que eliminar también la prescripción), sea expulsado para siempre del sacerdocio. Y exactamente lo mismo para cualquier obispo que haya encubierto los abusos de un sacerdote. Entre las 21 medidas, también destaca la eliminación de Come una madre amorevole, el motu proprio (documento legislativo emanado directamente de un papa a iniciativa suya) firmado por Francisco en 2016 para castigar a los obispos, ya que es demasiado “blando”.

Las víctimas también han subrayado otra de sus históricas peticiones. Debe instituirse por ley la obligatoriedad de trasladar a la justicia civil todos los casos de abusos de los que tienen conocimiento las diócesis y la Congregación para la Doctrina de la Fe. Además, exigen que la Iglesia deje de ejercer presión en los Gobiernos para evitar reformas legales en esa dirección. Además, solicitan que toda la documentación sobre los casos sea transmitida a las autoridades civiles y en ningún momento pueda ser destruida, así como que se dé traslado a las magistraturas nacionales de cuanta denuncia reciban de casos de abusos a menores.

De hecho, hay una petición directa al papa Francisco sobre su etapa como arzobispo de Buenos Aires. Las víctimas le exigen la misma transparencia que él reclama y que entregue a las autoridades civiles toda la documentación relativa en casos de abusos en Argentina de los sacerdotes Julio Cesar Grassi y Nicola Corradi. Además, disparan también contra Bergoglio en el caso del obispo argentino Gustavo Zanchetta, titular hasta 2017 de la diócesis de Orán (norte de Argentina), que está siendo investigado por el Vaticano por abusos sexuales. El problema es que Zanchetta, cercano al Papa, fue trasladado primero a España y luego a Roma cuando ya podrían haber constado las denuncias.