Un millar de personas apoya a los jóvenes condenados a cárcel por reconstruir un pueblo abandonado

Más de un millar de personas de toda España han salido a las calles madrileñas este sábado para protestar contra la condena de la Audiencia Provincial de Guadalajara de un año y medio de prisión y una multa de 16.380 euros contra seis jóvenes de la asociación Fraguas Revive, un colectivo que decidió en 2013 reconstruir Fraguas, un pueblo de la Sierra Norte (Guadalajara) abandonado y en ruinas desde hace más de 50 años. “La ocupación rural es la solución”, han entonado más de un centenar de voces durante la marcha. Antes, en una rueda de prensa informativa, el portavoz del movimiento Isaac Alcázar ha explicado que su iniciativa “no fue la de repoblar un pueblo abandonado, sino uno expropiado” durante la dictadura franquista.

“La manifestación que hemos convocado tiene dos motivos: mostrar solidaridad con las personas encausadas y criticar la filosofía de la administración respecto al medio rural. Su receta es la industria y el turismo. Con esos parámetros no se puede fijar población”, ha declarado Alcázar. Junto a una mayoría de jóvenes, varios centenares de personas mayores han acudido a la capital para mostrar su apoyo al discurso de los repobladores. A Santos Noguerales, vecino jubilado de una localidad vecina de Fraguas, le parece injusto que la Junta de Castilla-La Mancha obligue a los okupas, además de abandonar el poblado, a pagar los costes de la demolición de lo que han construido, unos 30.000 euros, según un peritaje realizado por el Gobierno castellano manchego. “Los pueblos se vacían y encima quieren echar a esta gente que lo ha construido todo con su dinero. Lo que tienen que hacer es facilitar estos proyectos”, ha opinado Noguerales.

En la manifestación, que ha comenzado en la plaza de Tirso de Molina, se han concentrado cientos de habitantes de pueblos rurales, algunos en los que solo vive un habitante. Es el caso de Juan Ramón Vidal. Desde hace unos años, resiste en Ures (Sigüenza). “No se hace una política que favorezca a la repoblación, los pueblos se vacían y acaban abandonados y olvidados.”, cuenta. Como él, otras personas han llegado desde Soria, Zaragoza y Burgos. Como Ka Pascual, una casa rural sostenible de la Sirra Collserola (Barcelona) que aboga por la reconstrucción de lugares abandonados.

Tras dictarse el fallo el pasado enero, los acusados decidieron recurrir al Tribunal Constitucional. EL abogado de los jóvenes, Erlantz Ibarrondo, ha comentado que no hay una “certeza legislativa” que condene, como ha hecho la Audiencia Provincial, la ocupación y reconstrucción de Fraguas. “Si el Constitucional no admite el recurso de amparo, volverá al juzgado de lo penal y hará la ejecutoria. La Junta tendrá de nuevo la posibilidad de continuar con la destrucción del proyecto o iniciar una etapa de diálogo”, ha aseverado Ibarrondo.

Con cencerros y batukadas, pero también con performances teatrales, los asistentes han mostrado su malestar con la situación actual que se vive en los pueblos con baja población. “La asistencia sanitaria es insuficiente y no hay trabajo”, comenta uno de ellos. Apartados del bullicio de los tambores, dos jubilados que pasaban por allí se detienen y discuten sobre la okupación. “Yo soy de un pueblo y no me parece mal que, si mi casa no se utiliza, entre gente joven a vivir allí y que de vida al pueblo. Lo que pasa es que los millonarios quieren que todos nos vengamos a vivir a las ciudades como hormigas”, cuenta a su compañero mientras mueve enérgicamente la mano.

La zona donde se ubica el poblado pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde 1969, cuando el Gobierno franquista decidió expropiar forzosamente a los habitantes de Fraguas mediante un “procedimiento de urgencia”. El terreno, de 1.134 hectáreas, fue catalogado como “monte de utilidad pública” y en 2011 pasó a formar parte del Parque Natural de Sierra Norte, espacio protegido por la Ley de Conservación. Ecologistas en Acción de Guadalajara también han caminado junto a los manifestantes para mostrar su apoyo y subrayar que este tipo de proyectos tienen un fuerte carácter ecológico. “Las administraciones invierten en la despoblación rural. Esto es una alternativa y, sin dinero, se está consiguiendo hacer. ¿Por qué le vamos a poner puertas al campo?”, ha afirmado el ecologista Sebastián Rivera.