La Costa Brava repiensa su línea de mar

La Costa Brava, desde antiguo refugio de intelectuales y artistas que se han asomado a sus acantilados soberbios, va a poner coto al hormigón que se ha ido enseñoreando del litoral. La Generalitat, a través de la comisión de Urbanismo de Girona, ha dejado en suspenso la construcción de 15.000 nuevas viviendas así como dos hoteles en primera y segunda línea de playa por su afección al paisaje. Esta reciente moratoria en las licencias de construcción, sumada a la anunciada el pasado 17 de enero, afecta a más de 2.000 hectáreas en 19 de los 22 municipios del litoral gerundense y a 214 kilómetros de costa, entre Portbou y Blanes. Tras años de impulso turístico a base de cemento, la idea vira ahora hacia el medio ambiente y la sostenibilidad en un paraje que aspira a ser declarado en 2021 Reserva de la Biosfera, distintivo que otorga la Unesco para ecosistemas vírgenes, bien conservados y sostenibles.

Más información

Otros 88 sectores del litoral entran en la suspensión de licencias de obras

El Govern limitará la expansión de urbanizaciones en la Costa Brava

Los municipios salen al rescate de la Costa Brava

La Generalitat empezó por el Pirineo y ahora le toca al litoral de Girona. El nuevo plan director urbanístico (PDU), en exposición pública, pretende reordenar el territorio e incluso desclasificar zonas urbanizables. Uno de los municipios más afectados es Roses, con 5.900 viviendas proyectadas. En total, 17 municipios no tienen un plan general adaptado a la normativa urbanística vigente.

De 165 zonas, todas a más de 500 metros de la costa, se han suspendido licencias en 80, según el secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra. Algunos pueblos son tan famosos como Cadaqués o El Port de la Selva, Roses, Tossa de Mar o Sant Feliu de Guíxols, entre otros.

Los ecologistas de SOS Costa Brava, una plataforma que reúne una treintena de entidades, están satisfechos con la “actuación valiente” de la Generalitat. Pero no faltan voces discordantes. Quienes han heredado parcelas o comprado solares para levantar una casa lo consideran “muy injusto”. No son grandes promotores ni especuladores, solo vecinos que quieren seguir teniendo una propiedad en su pueblo natal.

Los alcaldes de Begur, Joan Loureiro (ERC); el Port de la Selva, Josep Maria Cervera (PDeCAT); y Roses, Montse Mindan (PDeCAT), coinciden en criticar que la suspensión de licencias se haya adoptado de espaldas a los Ayuntamientos. “Pedimos la moratoria sobre las zonas problemáticas que teníamos, pero nos han afectado todo el territorio y allí donde no había ningún problema ahora lo hay”, asegura Loureiro. Además de suspender licencias en suelos urbanos consolidados, “afecta a casas de particulares, de vecinos”, lamenta Cervera, que aventura una crisis sobre los pequeños industriales. También critica que a la hora de establecer criterios no han tenido en cuenta que su municipio está situado “donde los Pirineos mueren y se adentran en el mar, gran parte en el Parque Natural del Cabo de Creus, y como tal tienen su orografía”. Están de acuerdo en que se revise cómo debe crecer el territorio y en que afecte a sectores que en 30 años no se han desarrollado, pero tanto Mindan como el resto esperan que “el suelo urbano consolidado sea el primero al que se le levante la suspensión”.

“Compré un terreno para invertir, para que cuando llegara mi jubilación pudiera venderlo y vivir con tranquilidad, y ahora me encuentro con que quizás me quede sin nada”, se lamenta un vecino de El Port de la Selva. En Begur, Joana cuenta enojada cómo el terreno que heredó de su madre y esta de su abuelo, en el siglo XIX, está en una urbanización aprobada y situada entre otras dos urbanizaciones ya construidas. “Por ahora no podré sacar un beneficio de él ni quizás puedan mis hijos”. Tampoco se podrá construir su vivienda Ferran, que tiene una parcela entre dos casas. “Se dan casos muy surrealistas”, admite el Loureiro.

Segunda residencia

Roses, una localidad con poco más de 19.000 habitantes, tiene 7.849 casas de primera residencia y el doble de segunda. La suspensión de licencias impedirá que el próximo año y quizá hasta 2021, se puedan construir otras 5.900. Algo parecido ocurre en Pals (unos 2.400 habitantes) o en Santa Cristina d’Aro.

La primera suspensión de licencias de obras de enero afectó a todos los “suelos urbanos y urbanizables sin edificar” situados en una franja hasta 500 metros del litoral, con más del 50% del terreno con una pendiente superior a un 20%. Esta segunda moratoria, aparte de los solares de interior de 14 municipios, afectará también a otros ocho sectores de suelo urbano no desarrollado situados en primera línea de mar que no fueron incluidos en la primera. Se ha creído necesario porque a pesar de no tener pendiente, “podrían generar un importante impacto paisajístico”, argumenta Serra. De ambas moratorias quedan excluidas las localidades de Castell-Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni y Castelló d’Empúries

En Palafrugell se suspende la licencia para construir un hotel en la zona de Aigua Xelida, entre dos colinas, por su gran impacto paisajístico. En Begur se paralizan dos planes en la zona de Aiguablava, donde intentarán “cambiar el modelo”. En Cadaqués, donde vivió Dalí, uno de los pueblos más visitados de la costa catalana, la suspensión afecta también a un plan de mejora urbana no desarrollado, donde se pretende levantar una treintena de casas en una punta de tierra que entra al mar, en la zona de Caials. “Estaría bien pensar si se deja la parte que da al mar libre y se construye detrás, una reordenación que mejore el impacto”, plantea la subdirectora del departamento, Rosa Vilella. “No son grandes sectores pero por su posición parece lógico defenderlos”, afirma.

Los ecologistas de SOS Costa Brava aplauden la moratoria. “Indica que realmente quieren, aparentemente, poner remedio al problema urbanístico de la Costa Brava”, apunta una de sus portavoces, Marta Ball-llosera. Y están esperanzados. “El crecimiento urbanístico de la Costa Brava debe ser más sostenible. Los ecologistas temen que pueda haber impugnaciones por parte de los Ayuntamientos y, aprovechando las elecciones municipales de mayo, pedirán a los grupos políticos que se definan respecto al plan.