Exteriores frena otra vez el registro de bebés de vientres de alquiler en Kiev
El Consulado de España en la capital de Ucrania cambia de criterio y exige ahora una sentencia judicial para inscribir a los recién nacidos. Decenas de familias están atrapadas
Varias familias que aguardan desde diciembre en Kiev para completar el proceso de inscripción de menores nacidos por vientres de alquiler han recibido este miércoles una negativa. El Consulado de España en Ucrania ha rechazado inscribirlos por no presentar resolución judicial que, hasta la fecha, no se exigía en este país del Este, aunque está recogida en la instrucción para filiaciones de 2010. Es la segunda vez que ocurre en apenas medio año. En agosto, una veintena de parejas denunciaron que se habían quedado atrapadas en Kiev porque Exteriores se negaba a registrar a los menores. El ministerio alegó entonces que había investigaciones en curso por posible tráfico de menores.
Cada año, centenares de familias españolas acuden a Ucrania para acceder a una práctica que no es legal en España y que el Gobierno rechaza de forma contundente y que la Embajada de España en Ucrania desaconseja. La también conocida como gestación subrogada o por sustitución supone que una mujer gesta un hijo y cede la maternidad y paternidad a terceros. En Ucrania es legal para parejas heterosexuales casadas y que puedan acreditar la imposibilidad de tener hijos o que los embarazos son de riesgo. Es uno de los destinos más populares porque el proceso resulta más económico que en otros países. El proceso en Kiev cuesta entre 40.000 y 60.000 euros, la mitad de lo que puede llegar a pagarse en Estados Unidos.
Fernando Frontela, de 40 años, y Ana Reyes, de 45, llegaron a Kiev el pasado 6 de diciembre y recogieron a una niña gestada por una mujer ucraniana. Se instalaron en un apartamento que se incluía en la tarifa cerrada con la agencia con la que cerraron el contrato, Interfertility. Desde entonces, han mantenido dos encuentros con el personal del Consulado, que les fijó una cita para febrero. El pasado día 7, los funcionarios recogieron su documentación y este miércoles se les ha denegado la solicitud, como a otra media docena de familias. Tras la negativa, se han concentrado con otros afectados para pedir una solución. Según Interfertility hay nueve familias pendientes del registro de 13 bebés que han contado con el asesoramiento de esta agencia. Su estimación es que debe haber unas 30 familias afectadas en estos momentos.
El escrito de denegación
La Embajada les solicita en el escrito de denegación, firmado por el encargado del Registro Civil Consular, Rodrigo de la Viña Muhlak, una sentencia judicial de un tribunal competente “que determine la filiación del menor”. El encargado del registro “no puede controlar ni considera garantizado” el proceso ni “la veracidad o fiabilidad de los documentos aportados”, según el escrito. Añade que la Fiscalía ucrania “mantiene abiertas investigaciones judiciales sobre un posible tráfico internacional de menores”. El ministerio envió un comunicado en agosto en el que advertía de que los expedientes requerían “un especial cuidado” tras las denuncias de posibles casos de mala praxis médica o de tráfico de menores.
La sentencia judicial que se solicita ahora es un requisito previsto en una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2010 que abrió la posibilidad de inscribir a los menores nacidos por vientres de alquiler en España. Hasta la fecha, ese documento no se había solicitado en Kiev, según explica Ana Miramontes, abogada experta en esta materia e integrante del comité de Asuntos Jurídicos de la asociación Son Nuestros Hijos: “Es un cambio de criterio repentino y sobrevenido”.
El Consulado de España en Ucrania reclamaba hasta agosto una prueba de ADN para demostrar que el padre español es quien aporta la carga genética. Esta prueba, según las familias, ya no se solicita. Ahora se pide que la madre gestante reconozca al hombre como padre y autorice que el bebé se inscriba en el Registro Civil español, además de dos certificados que identifican a la gestante (alumbramiento) y a los solicitantes españoles (nacimiento).
"Todas las familias y agencias sabemos que es un ámbito que legalmente es muy ambiguo, cada cónsul interpreta cómo inscribir", señala Santiago Agustín, socio fundador de Interfertility. "El problema es que en un asunto tan delicado, que implica menores en el extranjero, se cambie el criterio de un día para otro y cuando ya se había prometido a las familias inscribir a los niños".
Este periódico ha solicitado al Ministerio de Exteriores, de momento sin éxito, los motivos del cambio de criterio. Ha solicitado también conocer si, tal y como denuncian los afectados, el Consulado no ha alertado a las familias con antelación de los cambios para que hubieran podido iniciar ya en diciembre los trámites para obtener un pasaporte ucraniano para los menores.
Amador, de 43 años y que pide figurar sin apellido, fue una de las personas que se reunieron con Rodrigo de la Viña Muhlak el pasado 15 de enero para pedir que adelantaran las citas que en principio se habían fijado en marzo. “Nos prometió una solución para las familias antes de que se cumplieran tres meses de estancia y se caducara el visado de turista, pero no va a ser así”, lamenta al teléfono. Asegura que la petición de la nueva documentación no la conocieron hasta la semana pasada. Él y su esposa llevan en Kiev desde el 20 de diciembre. “El problema más grave ahora para estas familias es salir de Ucrania”, señala desde Barcelona el abogado Franco Antonio Zenna, que asesora a Amador y a otros dos clientes en Kiev.
La opción para estas familias, según el abogado, es tramitar un pasaporte ucraniano para el bebé puede alargar el proceso entre uno y tres meses más que las familias deben aguardar en Ucrania. “Vamos a intentar que lo consigan lo antes posible e iniciaremos un juicio en España para iniciar el reconocimiento de la filiación” de los menores, explica.
"No somos potentados, hemos pedido varios créditos para poder hacer esto", explica Frontela, que trabaja como responsable de un taller de cristalería. Su mujer está jubilada por enfermedad. Sus ingresos totales rondan los 1.800 euros mensuales. Aseguran que este jueves volverán a manifestarse frente al consulado a la espera de una solución.
Uno de los países más restrictivos
Cerca de un millar de familias españolas recurren cada año a los vientres de alquiler, según las estimaciones de las agencias. No existen datos oficiales. España es uno de los países más restrictivos con esta práctica junto con Alemania, Francia, Australia o Italia, entre otros.
En noviembre un grupo de expertos convocados por el PSOE —en el que ejerce de secretaria de Igualdad la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo— entregaron un informe con propuestas para acotar la práctica. Entre otras, dejar sin efecto la resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado de 2010 que permite la filiación de los hijos nacidos a través de vientres de alquiler. También sancionar a las agencias españolas que ponen en contacto a las familias con las madres gestantes. El informe comparaba los vientres de alquiler con la venta de órganos y contemplaba penalizar a quienes acuden a estas prácticas "que podrían incurrir en un delito similar al de tráfico de menores".
El Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona hizo público esta semana su propio informe en contra. Sostienen que la práctica requiere una participación de una mujer en un proyecto reproductivo ajeno de una forma "cuantitativa y cualitativamente distinta de cualquier otra colaboración reproductiva". Cuantitativamente, por el tiempo del embarazo y los meses de gestación. Cualitativamente, porque requiere que la gestante no se implique emocional ni psicológicamente y renuncie luego a todo vínculo personal y afectivo.
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