El epicentro del saqueo sin castigo del agua de Doñana

Además de ilegal es famosa. Lleva una década ilustrando reportajes sobre el robo del agua en el entorno de Doñana. Y, pese a las innumerables veces en las que ha aparecido en la prensa nacional e internacional como símbolo de un expolio, ahí sigue la balsa ilegal, en un monte público de Lucena del Puerto (Huelva), con sus 14 tuberías vertiendo día y noche el agua robada al parque.

Del acuífero Almonte-Marisma –una masa de agua subterránea de 2.400 kilómetros cuadrados– vive el espacio protegido más emblemático de España, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero esa reserva de agua está al límite por la sobreexplotación y las captaciones ilegales desde los márgenes del parque. Ese expolio continuado durante más de una década ha servido en parte para alimentar una rentable industria agrícola que se desarrolló desordenadamente a partir de los años ochenta y que logró que de una tierra que es casi arena de playa brotara un tesoro rojo: las fresas. En la zona conviven agricultores legales, que cuentan con permisos para extraer aguas, con los ilegales, que la roban y cultivan en zonas prohibidas.

Lo más frustrante para los que conocen y denuncian este problema es que a ese límite de lo aceptable para el acuífero se llegó hace ya demasiados años. “El momento de hacer estudios científicos sobre la situación ya pasó, ahora es el momento de hacer cosas para arreglarlo o, simplemente, de documentar cómo se está perdiendo lo que teníamos”, resume Jordi Figuerola, vicedirector de Investigación de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC. “Esto es el día de la marmota”, señala sobre las continuas denuncias públicas que científicos, ecologistas e instituciones llevan lanzando décadas. La última advertencia ha llegado de Bruselas: la Comisión ha denunciado judicialmente a España por no impedir el robo de agua.

Doñana es el hogar de especies emblemáticas como el lince ibérico o el águila imperial. Y sus marismas y lagunas –que se ven golpeadas por las extracciones descontroladas del acuífero– son también parada obligatoria para decenas de miles de aves migratorias. SEO/BirdLife ha alertado esta semana de la disminución del número de ejemplares de las especies de aves amenazadas que se refugian allí.

El sonido de los chorros de la famosa balsa recorre los pinares. Es un recuerdo constante de la impunidad. La balsa está al pie de un camino; no está oculta, tampoco los casi 80 pozos ilegales que en apenas 1,5 kilómetros cuadrados construyeron hace una década los agricultores piratas que aún hoy los emplean.

Así fluye el agua ahí: los pozos –ninguno de los perforados en este suelo forestal de Lucena del Puerto tiene permisos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir– pinchan el acuífero, sacan el líquido y lo conducen a las balsas. De ahí se transporta hasta los invernaderos. Bajo tierra hay una completa red –también ilegal– de canalizaciones y tuberías de plástico.

Esta zona, con 80 pozos y varias balsas –entre ellas, la ya famosa– es la milla de oro de la ilegalidad. Pero WWF, una ONG que lleva desde comienzos de siglo denunciando el expolio, cifra en un millar los pozos ilegales del entorno de Doñana. “Es impensable que en medio de un bosque nos encontremos con captaciones ilegales como esta”, dice al pie de una de ellas Felipe Fuentelsaz, de WWF. “Necesitamos Administraciones que aceleren mucho más los expedientes, muchos más recursos para poder abordar legalmente el cierre de estos pozos y mucha más voluntad política”.

Cuando se les pregunta por qué esa balsa sigue ahí, los agentes medioambientales de la Confederación se encogen de hombros y miran al suelo. Ese organismo es el encargado de velar por la salud del acuífero y ya denunció la balsa y los 80 pozos en 2013. Se inició entonces un tortuoso proceso judicial que aún no ha terminado. El Seprona de la Guardia Civil también ha denunciado el caso: la balsa, por ejemplo, cuenta con una caseta y una valla que tampoco se pueden levantar en un terreno forestal. Pero ahí sigue todo. “Estamos en un país garantista”, responde el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, al referirse a la tardanza en cerrar los pozos. Pero hay algo más que un sistema con garantías judiciales.

Permisos

Mientras Páez atendía a los medios de comunicación el martes junto a la balsa y anunciaba que el acuífero de Doñana se va a declarar sobreexplotado, un enorme todoterreno apareció en escena. Del coche se bajó un tipo grande vestido con mono azul, que se acercó al grupo de agentes medioambientales. Con una risotada respondió cuando se le recordó que la balsa ha aparecido mil y una veces en los periódicos. Y con un “es mía” respondió cuando se le interrogó por el propietario.

—Pero es ilegal...

—Yo tengo todos los permisos del Ayuntamiento. Pago mis impuestos.

Los Consistorios pueden autorizar aprovechamientos agrícolas o forestales en montes públicos, como este de Lucena. Pero nunca conceder un permiso para un pozo o una balsa de regulación, porque es una competencia de la confederación. Sin embargo, esas dos frases del agricultor resumen una parte importante del problema.

“El Ayuntamiento ha dilatado el cierre de los pozos con recursos judiciales”, apunta el presidente de la confederación sobre el caso de las casi 80 captaciones de Lucena. Páez asegura que ahora se está en la recta final para lograr clausurarlos. Y, si el Ayuntamiento no vuelve a recurrir en los tribunales, en dos meses se podrá ejecutar el cierre, dice optimista.

“Hay una presión social muy fuerte”, explica Emilio Custodio, ingeniero industrial y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña. “Hay gente que vive y especula con el agua”, añade Custodio, uno de los primeros en estudiar los daños en el acuífero por la sobreexplotación relacionada con la agricultura.

Es difícil no encontrar a los alcaldes de Moguer, Lucena y Bonares, todos del PSOE, en las manifestaciones de regantes de los últimos años. El PP también apoya a unos agricultores que rechazan que se les corte el grifo. Las protestas se suceden desde que en 2014, tras siete años de retrasos, la Junta de Andalucía aprobó un plan de ordenación para la corona norte forestal de Doñana, que incluía eliminar unas 1.500 hectáreas ilegales de invernaderos levantados en zonas forestales, cauces de arroyos... “No se ha eliminado ni una hectárea ilegal”, lamenta Fuentelsaz.

Ese plan contiene una paradoja: admite la existencia de más de 9.000 hectáreas de cultivos de regadío legales, aunque reconoce que no hay suficiente agua para todos. La agricultura y los invernaderos son vitales en los cinco municipios que rodean Doñana. Por ejemplo, casi la mitad de los trabajadores de Lucena están empleados en ese sector. Y solo en la zona del entorno de Doñana se produce el 60% de la fresa de Huelva, que acumula a su vez el 85% de la producción nacional.

Fuentelsaz lamenta el daño ambiental que causan las captaciones ilegales. Pero alerta a la vez del impacto negativo para el sector: “Es una competencia desleal tremenda porque la fruta de un agricultor legal y la de uno ilegal van al mismo mercado y el legal tiene que pagar mucho más por su tierra y el agua que el que está robando ese recurso”.

Desecación

“Las lagunas de Doñana están sufriendo un paulatino proceso de desecación”, advertía en 2017 la estación biológica en un informe solicitado por el Defensor del Pueblo Andaluz. “En el entorno de Doñana se producen unos usos insostenibles de las aguas subterráneas”, añadía el escrito, que recordaba que en 1992 una comisión de expertos ya recomendó reducir las extracciones. Casi tres décadas después, la Comisión ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Páez dice estar tranquilo ante esta denuncia. Defiende las medidas que está tomando la Administración, como el cierre de “300 pozos ilegales” en 2017 y 2018 o la próxima declaración como sobreexplotado del acuífero, una reivindicación histórica. Pero admite sus carencias, como la evidente falta de personal en la confederación. “La apertura de un solo expediente necesita un mes de trabajo”, explica. Y para toda la zona roja de los pozos de Doñana la confederación tiene dos agentes a tiempo completo. Desde septiembre uno de ellos está de baja tras ser acosado por un grupo de agricultores durante una inspección precisamente en Lucena.

“En Doñana hay una falta de gobernanza importante de décadas. La Administración actual tiene un talante diferente, pero se encuentran con una herencia compleja”, explica Fuentelsaz. “Afortunadamente, Doñana es patrimonio de la humanidad y Europa ya nos ha señalado con el dedo, Unesco nos ha señalado con el dedo, los supermercados europeos nos han señalado con el dedo, los consumidores nos señalan con el dedo, porque afortunadamente Doñana es de todos. Esperemos que eso ponga fin al robo del agua”, concluye.

Dos exalcaldes, a juicio por no impedir el robo

La inacción ante los robos de agua puede acabar en una condena contra dos exalcaldes de Almonte, uno de los municipios onubenses del entorno del espacio protegido de Doñana. El fiscal del caso, Alfredo Flores, les acusa de un delito contra los recursos naturales o, alternativamente, por un delito de usurpación de aguas. Se trata de los exregidores Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP). También están acusados en este caso siete agricultores. Tras ser procesados, todos están ya a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

Este caso arrancó tras una denuncia de la Guardia Civil, que ha recorrido la zona en varias ocasiones en busca de pozos ilegales. En concreto, se refiere a la zona de Matalagrana, en Almonte. Esa finca estaba formada por terrenos públicos que los agricultores explotaban gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento, que a su vez había recibido la cesión de estos suelos por parte de la Junta. Y los agricultores que tenían arrendados los terrenos realizaron durante años extracciones ilegales de agua sin que el Ayuntamiento de Almonte lo impidiera.