El plan de regadíos de Doñana divide al Consejo de Participación del parque

La comisión de Aguas y Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana ha analizado este viernes el plan especial de regadíos del entorno de este espacio natural, un documento que pretende poner orden en la descontrolada agricultura que rodea al parque. Aunque aparentemente todos los actores implicados en este asunto coinciden en la necesidad de que salga adelante el plan —que comenzó a elaborarse a finales de 2007 y ha sufrido varios retrasos— su redacción continúa sin convencer a los sectores implicados. Y este desacuerdo fue lo que se ha reproducido en la reunión de este viernes.

Por un lado, las organizaciones Ecologistas en Acción y WWF han rechazado el plan al considerar que la Junta de Andalucía terminará por "amnistiar el uso ilegal del agua en Doñana". El documento contempla autorizar 9.098 hectáreas de regadío, de las que casi un 65% son de cultivos bajo plástico. WWF afirma que 2.000 de esas hectáreas se corresponden a antiguos montes públicos que se han reconvertido irregularmente en suelos agrícolas. Además, WWF cree irreal el cálculo que se ha realizado sobre el agua que se requerirá para los cultivos.

El agua es el principal problema de la agricultura del entorno de Doñana. Los cultivos se abastecen en un alto porcentaje a través de pozos ilegales que extraen el agua del acuífero 27, una de las principales fuentes del espacio natural.

Mientras los ecologistas consideran que el plan legaliza demasiadas hectáreas, los agricultores empujan en dirección contraria. Los regantes entienden que no se han regularizado algunas zonas que sí son susceptibles de ser legales. Según el presidente de la Comunidad de Regantes El Fresno, Ángel Gorostidi, alrededor de 2.000 se quedan fuera. Gorostidi ha intervenido este viernes en la comisión del Consejo de Participación como representante del Ayuntamiento de Moguer, ya que también es el concejal de Medio Ambiente de este municipio, además de portavoz la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. El plan afecta a otros cuatro términos municipales, todos en la provincia de Huelva: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado.

Tras las dudas mostradas durante la reunión, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha comprometido a reunirse con los Ayuntamientos para abordar "flecos muy puntuales" del plan. Gloria Vega, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta, ha destacado que todos los asistentes a la comisión se mostraron "favorables en general" al plan especial. Aunque ha reconocido que se reunirá con los cinco Ayuntamientos y los grupos ecologistas para "aclarar flecos" que queden.

Vega, sin embargo, ha mantenido que la intención de la Junta de Andalucía sigue siendo que el plan sea votado en el pleno del Consejo de Participación de Doñana que se celebrará en diciembre. Antes, según varios de los asistentes, la misma comisión que se ha reunido este viernes tendrá que volver a analizar el plan. Tras cumplir el trámite ante el Consejo de Doñana, la aprobación definitiva será en marzo, según las estimaciones de la responsable de Ordenación del Territorio.

Pese a las dudas de los ecologistas y los Ayuntamientos de la zona, la consejería sí ha logrado un apoyo fundamental, el del Gobierno central. La mayor parte del plan afecta a la cuenca del Guadalquivir, cuyas competencias están en manos del Estado. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir será la encargada de aplicar muchos de los puntos que aparecen en el documento, como es el control de la extracciones del acuífero. El plan prevé que, en un máximo de cinco años, este asunto esté solventado.