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Reportaje:

Roban la vida a Doñana

Mil pozos ilegales esquilman el acuífero del parque - Los expolios quedan impunes por la pasividad de la administración y la dificultad para perseguir estas extracciones

El entorno del parque de Doñana es un coladero. Un millar de pozos ilegales esquilman el acuífero 27, una balsa de agua subterránea que abastece a gran parte de este espacio protegido. Las promesas incumplidas de acabar con las extracciones y la dificultad de perseguir judicialmente estas conductas han provocado que el expolio quede impune.

Ser un ladrón de agua no es muy complicado en Doñana. Primero se talan los pinos que molestan, después se perfora la tierra entre 40 y 60 metros y, mediante unos rudimentarios conductos, se extrae agua subterránea para regar las plantaciones piratas de fresa, ubicadas en territorio forestal. Un solo día sobra para pinchar el terreno y hacer rentable la operación.

"Hay una sensación de impunidad y corrupción", dice la fiscalía onubense Los agricultores pagan la multa en el día y el pozo continúa allí

En los últimos años, a Doñana llega menos agua y de peor calidad

Este abuso se ejecuta desde hace años en muchas de las fincas colindantes (algunas municipales, otras privadas) con el entorno protegido ante la pasividad de las administraciones. Esos 1.000 pozos ilegales de los alrededores del parque (que se extiende entre Huelva, Sevilla y Cádiz) han ido exprimiendo el acuífero, que ha perdido más del 50% de su capacidad en los últimos 30 años, según la organización ecologista WWF. La Agencia Andaluza del Agua ya alertó en un informe de 2009 del riesgo que suponía para Doñana la agricultura y el turismo. La conclusión del estudio no dejaba dudas: gran parte del acuífero se encontraba en un estado de precaución, peligro o alerta. Las disminuciones freáticas en el acuífero alcanzan hasta los 18 metros en algunos puntos calientes y la capacidad de regeneración, a pesar de las lluvias, es mucho menor que su explotación. "Pasará como en las Tablas de Daimiel y será demasiado tarde", advierte Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva.

El fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, denuncia "una sensación de impunidad y corrupción sostenida e histórica" y culpa a "unos pocos empresarios sin escrúpulos", a la "connivencia de algunos ayuntamientos" y a una gestión "cuestionable y descuidada" por parte de la Administración autónoma. Flores puntualiza, sin embargo, que en los últimos años la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha colaborado con el Seprona y la policía autonómica y "se han destapado más casos".

Hasta 2005 no se había presentado ni una sola denuncia. Desde esa fecha se han investigado en la fiscalía unos 20 casos. Entre los imputados por estos pozos ilegales se encuentran cinco agentes de Medio Ambiente, que hacían "la vista gorda".

El entorno de los municipios onubenses de Moguer y Palos es una de las zonas más afectadas por las extracciones. Según WWF, allí hay alrededor de 300 pozos. Otros dos puntos calientes son la finca Matalagrana y alrededores, ubicada al norte de El Rocío, y Los Hatos, zona arrocera de la provincia de Sevilla, donde en 2005 se cerraron algunos pozos que databan de 1997. Pero volvieron a aparecer.

La fiscalía señala dos obstáculos a la hora de procesar a los implicados: hasta 2003, cuando se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio en Doñana (Potad), ni siquiera había herramientas para poder determinar conductas irregulares. Y, en segundo lugar, los delitos ambientales requieren que el daño sea evidente, y esto no ocurre si se analiza cada pozo de forma independiente, según la fiscalía.

Además, las sanciones administrativas -a veces de 60.000 euros- son abonadas por los empresarios, en efectivo, al día siguiente de la multa. Y el pozo sigue en su sitio. Es extremadamente difícil, añade Flores, cuantificar "qué cantidad de agua se ha extraído y cuánto beneficio ha reportado".

El alférez José Antonio Alfaro, responsable del Seprona en Huelva, cuenta 51 denuncias contra extracción de agua irregular en la provincia durante 2009. Alfaro señala otros delitos relacionados, como las 40 denuncias por incendios en las rudimentarias instalaciones eléctricas que se usan para extraer el agua. O las 60 denuncias por actuaciones contra las leyes sanitarias -al generar agua contaminada por granjas ilegales- y los 10 expedientes abiertos por talas de árboles.

Un paseo por los caminos agrícolas impresiona. Entre los municipios onubenses de Lucena y Moguer, por ejemplo, la sucesión de incendios acabó con parte de la arboleda y destapó sorpresas. Decenas de pozos surgieron de entre los matorrales. Felipe Fuentelsaz, responsable de Agricultura de WWF, mira desde el todoterreno, casi con desesperación, a ambos lados del camino de tierra. "Llevo cinco años inspeccionando la zona y he visto aparecer pozos nuevos de la noche a la mañana". De hecho, Fuentelsaz asegura que, desde la aprobación del Potad, se han creado unas 1.000 hectáreas más de cultivo en el entorno de Doñana. El monte no deja grandes beneficios económicos. La fresa, sí. La superficie bajo plástico en el entorno de Doñana es de entre 4.500 y 6.000 hectáreas, de donde sale más del 60% de la producción de fresa española, según WWF. Los beneficios de este petróleo rojo son de unos 9.000 euros por hectárea.

La Consejería de Medio Ambiente andaluza dice que está aportando más recursos hídricos para aliviar la presión que se ejerce sobre el acuífero y ordenar el territorio. "Hay que ver cuántos pozos son, si se pueden regular, conjugar los intereses de todos", explica la Junta. El delegado de Medio Ambiente en Huelva, Juan Manuel López, menciona alguno de los proyectos que saldrán "de forma inminente": el trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Guadiana a la zona del condado -ya anunciado en 2007- y el Plan de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, también anunciado hace tres años. La Junta quiere compatibilizar la agricultura y la protección medioambiental. Según López, se abren "numerosos expedientes sancionadores". En la actualidad, en Huelva, son ocho.

Y los agricultores, por su parte, piden que no se les culpabilice del problema. Sólo algunos se aprovechan. "Como el monte no se queja, hacen lo que quieren", resumen. Los demás quieren organizarse cuanto antes y piden a la Administración que ejecuten de una vez sus planes.

El robo del agua

- Se perfora la tierra con una máquina de sondeo eléctrica. La distancia hasta acceder al agua subterránea del acuífero es de unos 40 o 60 metros.

- Mediante un motor eléctrico se bombea el agua hacia las tuberías y conductos rudimentarios que pueden recorrer varios kiolómetros.

- El agua robada del acuífero acaba en las balsas impermeables. A veces, varios pozos vierten a una misma balsa, como se aprecia en la fotografía.

- Desde el mismo pozo o desde la balsa, a través de otros conductos, se lleva el agua a los campos de fresa. En ocasiones, las balsas y los embalses poseen autorización legal para almacenar agua de lluvia pero, en realidad, procede del acuífero.

- El agua expoliada sirve para regar plantaciones, como la que aparece en la imagen, ubicada entre Moguer y Lucena, en Huelva.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de febrero de 2010

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