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Los 52 chalés de lujo ilegales de O Grove que la Xunta quiere salvar

La agencia urbanística gallega cree que hay un "encaje legal" para evitar el derribo tras 10 años de sentencias

Urbanización de Raeiros, en el ayuntamiento de O Grove, en 2010.
Urbanización de Raeiros, en el ayuntamiento de O Grove, en 2010.

Es el caso más llamativo de ilegalidad urbanística en las Rías Baixas que ha logrado esquivar durante diez años la amenaza de demolición dictada en más de una veintena de sentencias judiciales. Con una licencia para apartahotel, el promotor construyó por las bravas 52 chalés adosados de lujo en una parcela exclusiva de San Vicente do Mar (O Grove) a pie de playa, clasificada como suelo no urbanizable y de especial protección de Costas que, según la Xunta, podrían salvarse de la piqueta.

Mientras el criterio de los tribunales, que acaban de pronunciarse de nuevo, es que “la única la forma de restaurar la legalidad pasa por la demolición”, la Aplu (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística) del Gobierno autonómico sostiene que la urbanización de Os Raeiros tiene solución. Una carambola legal que consiste en “reformular el sentido de la parcelación para adaptarse al uso turístico de la licencia”. Una reversión de la propiedad que se intentó hacer en 2015 pero quedó en suspenso tras un informe en contra de la Dirección General de Registros y el Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia.

Según la Aplu, las sentencias que se han dictado las últimas semanas “responden a las acciones emprendidas por los afectados para evitar el derribo de sus inmuebles, apelando a su legalización por la vía de deshacer la parcelación actual de la urbanización”. Y añade que “ante esta situación, los propietarios deben decidir entre la demolición o el cambio de uso residencial de la parcela”.

Sin embargo, los jueces valoran como una utopía la reposición de la legalidad porque desde que el anterior Gobierno bipartito de la Xunta (PSOE-BNG) amenazó con el derribo en 2007, tanto la empresa constructora como los propietarios obviaron sistemáticamente la posibilidad de rectificar, eliminando la parcelación ilegal. Y no solo por el inasumible coste que tendría para los propietarios la demolición (más de un millón de euros), lo que obligaría a la Aplu a acometerla.

En este callejón cuya única salida para los tribunales es la piqueta, los propietarios han optado por ganar tiempo, dilatando el final a través de un largo litigio. Una situación que podría prolongarse otros diez años hasta que el Supremo revise todas las sentencias de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Galicia (TSXG).

Los dos últimos fallos de noviembre pasado desestiman una vez más los recursos de los propietarios a la sentencia de abril de 2017 que dio por válida la actuación de la Xunta. Los magistrados concluyen en el fallo que el estado actual de la urbanización “conculca la legalidad urbanística” y subrayan que la orden de demolición “se erige en la única medida posible a disposición de la Administración para eliminar la parcelación ilegal”.

El TSXG recalca que las obras ejecutadas no están “amparadas por la licencia”, obtenida en 1993 para construir un apartahotel de uso turístico, pues resulta “clara la existencia de los apartamentos como fincas independientes y de propietarios individuales en el marco de un complejo inmobiliario privado sometido al régimen de propiedad horizontal, de naturaleza residencial”. Por ello, inciden los magistrados que “la única alternativa a la pervivencia de esa situación es la de su demolición”.

Los jueces consideran acreditado por enésima vez que los compradores de las viviendas eran “conocedores de sus obligaciones de restitución de la legalidad”, anotadas por la Xunta de Galicia en el Registro de la Propiedad. Subrayan que en 2007 la Administración autonómica requirió a los dueños del complejo la implantación de uso hotelero en la zona y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, “pero ignoraron la orden”.

En 2010, la Aplu ordenó el derribo y volvió a exigirlo en 2014. “Ante el incumplimiento de la resolución de abril de 2007, y ante el mantenimiento de la parcelación ilegal y del uso residencial prohibido, los inmuebles siguen contraviniendo la legalidad urbanística, y como no han realizado en el plazo concedido las actuaciones de ajuste a las autorizaciones y licencia concedidas (que era para un único establecimiento hotelero), la forma de restaurar la legalidad pasa por la demolición”, incide el tribunal.

El clamoroso expediente de Os Raeiros lleva 27 años recorriendo los despachos de la Administración y los jueces. En plena burbuja inmobiliaria, la Xunta del bipartito apercibió al constructor e inició los trámites que acabaron en una inevitable orden de derribo con el Gobierno del PP, que se encontró con un hueso difícil de roer.Los chalés fueron vendidos por la empresa promotora, Galicia Improin S.L., administrada por Fernando Varela, hermano del primer conselleiro de Cultura del presidente Alberto Núñez Feijóo.

Dependiendo de la situación y metros cuadrados de las viviendas, los precios de las que tienen vistas al mar, desde donde se divisan las islas de Ons y Cíes, llegaron a costar cerca de medio millón de euros. Ahora, aprovechando el tirón turístico de la zona, la urbanización se exhibe en portales inmobiliarios de Internet para ofertar adosados en alquiler o a la venta, unos por 410.000 euros y otros a 350.000. Aparentemente ajenos al contencioso judicial, se informa profusamente de los servicios que tiene: piscinas, campo de tenis, jardines, spa, con un reportaje fotográfico que ofrece vistas aéreas del complejo ilegal en su verdadera dimensión.

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