La piqueta indulta a las grandes obras y derriba pequeñas construcciones

Las excavadoras derribaron 100 construcciones ilegales en Galicia durante 2013. En las próximas semanas otras 11 serán escombros. Xunta y ayuntamientos ingresaron el ejercicio anterior 1,24 millones de euros por multas urbanísticas. Las cifras están en el balance de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que presentó esta semana el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, quien aseguró que no es “afán recaudatorio” lo que mueve a su Gobierno sino concienciar a la sociedad en el respeto al medio ambiente.

 Según consta en los planos de la APLU —el organismo nacido en 2008 con el bipartito que desde entonces ha echado abajo 300 edificaciones ilegales— la piqueta se está empleando a fondo contra viviendas unifamilares, galpones y alguna nave industrial levantados sobre suelo rústico. Pero, entretanto, grandes urbanizaciones, complejos residenciales de lujo y establecimientos hoteleros pegados al mar, también declarados ilegales con sentencias firmes, sobreviven tras lustros de burocracia y recursos judiciales.

Un ejemplo paradigmático se da en Fisterra. El Gobierno gallego amenazó el pasado enero a los propietarios de tres chalés a los pies de la playa de Mar de Fora con multas de 400.000 euros si no acceden a derribarlos. El expediente señala que se trata de obras realizadas “sin licenza ni autorización autonómica en suelo rústico de protección de costas que cuentan con orden de demolición”. Una infracción muy grave. Si los dueños aceptan tirarlos por las buenas, verán reducida la sanción en un 80% de su cuantía.

En ese mismo municipio de la Costa da Morte perviven en la apelotonada Recta da Anchoa seis edificios con 168 pisos declarados ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra los que la Xunta no actúa. Pertenecen a constructoras vinculadas a familiares de cargos del PP y evidencian el rastro que dejó el desaforado desarrollo urbanístico de este municipio costero, donde la construcción creció un 444% entre 2004 y 2007. Un portavoz oficial de la Consellería de Medio Ambiente alega que “no existe trato desigual” y garantiza que la Xunta solo espera a tener en su mano todas las sentencias —hay procesos judiciales que siguen tramitándose en juzgados, algunos con sentencias favorables a los constructores— para actuar.

En O Grove, pleno corazón de las Rías Baixas, las máquinas desmontaron el pasado febrero una residencia familiar de madera. El expediente constata una infracción muy grave por invadir suelo rústico de protección de costas. En la finca de aquella casita de madera hoy no queda nada.

A solo unos kilómetros de allí siguen en pie 52 chalés de lujo, incluidas sus solarium y piscinas saladas, que miran a la playa de Os Raeiros. La urbanización la levantó en 1991 sobre suelo rústico y con licencia de apartotel la sociedad Inproin Galicia SL, cuyo administrador es Fernando Varela, un empresario bien relacionado en el PP, hermano del anterior conselleiro de Cultura, Roberto Varela. Tras una catarata de sentencias que ha llegado al Supremo, el Tribunal Superior de Xustiza desestimó el pasado 12 de septiembre el último recurso de la promotora y dio la razón a la Xunta, que inició el proceso en tiempos del bipartito. La sentencia que ordena la demolición de los 52 apartamentos de lujo es firme y ejecutiva. Y la APLU, el organismo competente para proceder a la ejecución forzosa. De momento, no lo ha hecho. Según explica un portavoz de la Consellería de Territorio, ese departamento está pendiente de un informe jurídico porque ve “contradicciones en varias de las sentencias”. Eso sí, ha impuesto una multa coercitiva que la constructora ha recurrido.

En Barreiros, donde su alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, quiso levantar “el Sanxenxo del norte”, la Xunta de Feijóo no solo no forzó la ejecución de aquellas sentencias que pedían demoler decenas de edificios sino que impulsó un polémico plan de legalización que acabaron frustrando los tribunales. Mucho más al sur, el Talaso de Oia también subsiste pese a haber agotado la vía judicial derrota tras derrota. Su licencia es nula y debe ser derruido. La Consellería de Medio Ambiente y Territorio tiene competencias para apurar la demolición. Pero el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado varias veces por buscar un atajo que le permita sobrevivir. Aduce razones de interés económico y recuerda que da trabajo a varias decenas de personas.

Los expertos urbanistas consultados para este reportaje admiten que las instituciones lo tiene más difícil cuando se enfrenta a inmobiliarias que cuentan con bufetes especialistas en eternizar las causas para mantener a salvo sus lucrativos negocios. Y aunque recuerdan que fue esta APLU quien tiró en 2008 la primera construcción ilegal en Galicia, después de décadas de impunidad, temen que el organismo se quede ahora para luchar contra las pequeñas chapuzas sin poder hacer frente a los abusos que tienen detrás grandes intereses económicos.