Piqueta contra naves, hoteles y tanatorios
Legalidade Urbanística tiene pendientes más de 200 órdenes irrevocables de demolición
Lo repite el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cada vez que le mientan la retirada de competencias y personal a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) o el cese del director que la puso en marcha, Hipólito Pérez, responsable último de que en 2007 se empezasen a demoler construcciones ilegales en Galicia después de 30 años de mirar hacia otro lado. Cuando surge la pregunta, Feijóo repite que sus presupuestos reservan 600.000 euros para que la piqueta siga haciendo su trabajo. Y tiene mucho, a juzgar por las más de 200 órdenes de derribo que acumulan los archivos de la APLU.
Entre los edificios sentenciados abundan los mamotretos en estructura que proliferaron gracias a la vista gorda, cuando no complicidad, de distintas instituciones durante décadas. En las semanas anteriores a su cese, previa modificación de los estatutos de la agencia, Hipólito Pérez estampó su firma sobre algunos de los expedientes más polémicos -varios vinculados directamente con dirigentes del PP-.
La Xunta reservó este año 600.000 euros para pagar los derribos
Varios expedientes salpican a personas vinculadas al Partido Popular
A los pies de Cabo Silleiro, en Oia, sólo falta que el fallo de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra dictamine a quién corresponde demoler el hotel Talaso Atlántico. El ambicioso complejo residencial, que incluye un balneario de talasoterapia, horadó el acantilado en virtud de una licencia concedida de manera irregular por el Ayuntamiento de Oia que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha anulado sin que quepa recurso posible. Igual suerte debería correr, dentro de ese mismo municipio, la nave industrial que el concejal de urbanismo de Gondomar, Alfonso de Lis Fiuza, levantó a 200 metros del mar, sobre una superficie de suelo rústico con protección de costa. El tránsfuga del PSOE que dio el gobierno local al PP, ha sufrido ya varias multas coercitivas de la agencia de legalidad urbanística. De momento, la nave sigue en pie, pese a que contra la orden de demolición no cabe recurso.
Las vistas inmejorables de los 52 chalés que una promotora vinculada a cargos del PP edificó en O Grove estarán también amenazadas si la nueva dirección de la APLU se decide a hacer cumplir la orden firmada por el equipo anterior. Pero dos meses después del relevo propiciado por Hernández, la agencia ni siquiera ha abierto el preceptivo expediente sancionador. Fuentes de la actual Consellería de Medio Ambiente admiten las presiones del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, para ralentizar el proceso abierto contra una promotora en la que ejerce como administrador Fernando Varela, hermano del actual conselleiro de Cultura.
Las excavadoras también deberían actuar contra el tanatorio de Pompas Fúnebres en Pontevedra, que colinda con el hospital de Montecelo, o la residencia que la Fundación San Rosendo regentada por el cura Benigno Moure pretendió levantar en Arteixo sobre suelo rústico de protección forestal.
LUJO Y RELAX A LA ORILLA DE CABO SILLEIRO
Con piscinas interiores de agua salada, amplio aparcamiento y solarium, el complejo residencial Talaso Atlántico está a la espera de que un juzgado decida a quién compete financiar su derribo. La licencia que sirvió para horadar la falda de un acantilado frente al Atlántico, expedida por el Ayuntamiento de Oia, fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El proceso está ya en fase de ejecución de la sentencia.
LA HERENCIA DE UNA PROMOTORA EN BANCARROTA
El grupo inmobiliario Mahía hizo fortuna a finales de los 90 con el boom de la construcción en las inmediaciones de Santiago. La promotora dejó una deuda de 300 millones de euros que ahora intenta capear como puede el grupo Maexpa. No fue la única herencia que dejó la sociedad. Muy cerca del convento de San Francisco, en Padrón, abandonó un bloque de decenas de viviendas a medio levantar. La APLU, tras subrogarse las competencias del ayuntamiento ordenó su derribo, que ha ratificado el juzgado.
EL EJEMPLO DEL CONCEJAL DE URBANISMO
La levantaron entre el concejal del PSOE en Oia Serafín Fernández y Alfonso de Lis, su compañero de partido en Gondomar, quien se convirtió en tránsfuga para dar el gobierno local al PP, que acabó premiándole con la concejalía de urbanismo. Edificada sobre suelo rústico de Oia, alberga una carpintería. De Lis exige un millón de euros a cambio del derribo.
TANATORIO SENTENCIADO
La comisión provincial de urbanismo de Pontevedra, dependiente de la Consellería de Obras Públicas en tiempos de Fraga, autorizó su construcción justo al lado del Hospital Montecelo, en la capital provincial. Los vecinos recurrieron y cuando un tribunal anuló la licencia pidieron la ejecución del derribo, que deberá costear la Administración.
CUANDO EL ATAJO DEL PLAN XERAL NO SIRVE
En O Pino, la estructura del complejo residencial El Camino lleva años abandonada con una grúa a sus pies. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, intentó legalizar el edificio a través de una modificación del plan general de urbanismo que acabó anulando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El coste de la demolición, que está lista para ejecutar, lo asume la APLU.
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