Los planes urbanísticos del litoral, a examen

Una treintena de planes urbanísticos, la mayoría proyectados hace décadas, han despertado en los últimos meses a primera línea de mar en varios de los 22 municipios de la Costa Brava. En caso de materializarse supondrían la construcción de unas 2.500 viviendas. Los ecologistas, unidos en la Plataforma SOS Costa Brava desde agosto, se oponen frontalmente a que haya “ni un palmo más de cemento”. La presión ecologista ha activado a los alcaldes, que han contactado con la Generalitat para analizar sus posibilidades, teniendo en cuenta que sólo 11 de ellos tienen sus Planes de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) adaptados a la actual Ley de Urbanismo. El Govern se ha comprometido a analizar 263 sectores para desclasificar todos los que sea posible.

Entre los afectados se encuentra Begur, un pueblo de unos 4.000 habitantes situado en el Baix Empordà, en el corazón de la Costa Brava. Tiene en marcha cuatro urbanizaciones que comportarán, si no se frenan, la construcción de más de 360 nuevas casas. En la actualidad Begur tiene 5.225 viviendas, de las que 3.327 (un 63%) son segundas residencias. Parte de la población está en contra de este nuevo boom constructivo. Sin embargo, también hay quien cree que económicamente será beneficioso para un municipio en el que el 66,5% de su población activa se dedica al sector servicios.

Las montañas de Begur acogen 60 urbanizaciones y cuatro están en obras. En Aiguafreda han proyectado 265 casas y tres hoteles en 70 hectáreas de suelo urbano en zona forestal. En la antigua cantera de s’Antiga, en Sa Riera, están en obras 18 casas según el alcalde y 24 según los ecologistas de SOS Aiguafreda-Salvem la Costa de Begur, que han puesto una denuncia por “las irregularidades detectadas y por su impacto ambiental”. En la urbanización Van de Walle, también de Sa Riera, se construyen otras 52 casas —y un posible hotel— y en Aiguablava, en Montcal, otras 30.

Para el alcalde, Joan Loureiro (ERC): “No se puede hacer nada porque cumplen toda la normativa”. No obstante, dice estar haciendo todo lo posible para que el Departamento de Territori evalúe unos 20 sectores todavía por desarrollar, que afectan a 135 hectáreas en las que se podrían alzar más de 700 viviendas.

“Si las nuevas urbanizaciones incumplen la normativa la paramos, pero como las que ya están consolidadas cuando se empezaron a hacer no existía la normativa actual, la desclasificación es casi imposible”, sostiene Loureiro. En este sentido apunta que “se da por perdido todo lo que comportaría indemnizaciones millonarias que no podemos asumir de ninguna manera. Por el contrario, vamos a preservar aquellos espacios a los que en un futuro inmediato les puede pasar lo mismo”. Por su parte, los ecologistas están en desacuerdo porqué creen que “no está probado que se haya patrimonializado el derecho al aprovechamiento urbanístico” y lo ven “una excusa recurrente cuando no hay voluntad política”.

En cuanto a los 19 polígonos pendientes “se puede actuar y salvaguardar la zona”, cree Loureiro, que es partidario que Begur crezca por el casco urbano. Según él, con las urbanizaciones “perderemos paisaje, medio ambiente, naturaleza, que es lo que nos da este plus que nos diferencia de otros pueblos de la costa”.

Como Begur están muchas otras localidades a lo largo de los 200 kilómetros de litoral gerundense, como Pals, Palamós, Palafrugell, Llançà, Cadaqués y Tossa de Mar, entre ellas, afectadas por proyectos urbanísticos arcaicos que estuvieron parados durante años y vuelven a reactivarse.

Ante esta amenaza en forma de ladrillo, los ecologistas creen que la Costa Brava ha traspasado todos los límites de capacidad de carga del territorio y está en situación de riesgo por impactos ambientales, paisajísticos, de movilidad y de equilibrio territorial. Han elaborado una lista de sectores que solicitan desclasificar.