Declarada ilegal una urbanización de lujo construida en 1991 en O Grove

Parecía una flagrante ilegalidad desde su construcción en 1991 y ahora la Justicia lo ha confirmado. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga a los promotores de los 52 chalés de lujo de la urbanización Os Raeiros a devolver la finca a su estado original, aunque sin aludir de forma explícita a su derribo. Aún está por ver cuándo se escribirá el punto y final sobre este pleito urbanístico y de qué manera se reparará la segregación fraudulenta de la parcela rústica no urbanizable que acometió la promotora Improin Galicia, SL en un lugar paradisíaco de San Vicente do Mar (O Grove).

La sección segunda de la Sala Contencioso-Administrativo del TSXG le ha dado la razón al dictamen de la Consellería de Política Territorial que en 2007 incoó un expediente administrativo. Los motivos, que la promotora no sólo pretendía vender ilegalmente 52 chalés adosados sino que, para ello, Improin había segregado la parcela calificada como suelo rústico, incumpliendo así la normativa que recoge la Lei do Solo.

La constructora tenía licencia para apartotel en una zona protegida

El fallo, que desestima el recurso de los promotores contra la resolución de la Xunta del año 2007, ordena la restitución de la parcela matriz a su estado original. Así, deberá ajustarse a la licencia por la que fue autorizada la edificación de un apartotel y, además, comunicar al registro de Cambados la imposibilidad jurídica de su parcelación destinada a chalés adosados de lujo.

La sala se ha limitado en su dictamen a validar la resolución del departamento de Política Territorial que en 2007 dirigía la socialista María José Caride. La consellería no se pronunció entonces sobre el derribo de los chalés, sino únicamente respecto del uso fraudulento de la finca convertida en urbanización privada.

A pesar de los dos frentes judiciales abiertos, uno penal y otro administrativo, este último ahora resuelto por el TSXG, la urbanización hace ya años que está habitada por los 52 propietarios de los chalés. En mayo de 2007, días antes de las elecciones municipales, agentes de la Guardia Civil hicieron un registro por sorpresa en el Ayuntamiento de O Grove y se llevaron todos los expedientes del caso Os Raeiros. La entrada en las dependencia municipales y su registro estaba relacionada con una denuncia por delito urbanístico que se podría reactivar tras el dictamen del Tribunal Superior sobre el contencioso.

La sentencia le envía la pelota al ayuntamiento grovense para que éste decida el futuro de la polémica urbanización. El alcalde, José Antonio Cacabelos, del PSdeG, comentó ayer que no había recibido aún copia de la sentencia. El regidor añadió que preveía reunirse con su equipo jurídico para analizar el alcance de la resolución, si ésta afecta a la licencia de actividad o a la construcción y así saber si se puede hablar de derribo. Cacabelos reconoce que la urbanización fue políticamente muy polémica debido a su impacto medioambiental, ya que se encuentra en zona de protección y en primera línea de costa.

La licencia que se concedió a la promotora tiene carácter supramunicipal, porque fue autorizada por la Xunta. El alcalde de O Grove considera que todas las competencias urbanísticas son del Gobierno autónomo, mientras que las de actividad del apartotel son del ayuntamiento.Además, Cacabelos recuerda que la Policía Judicial se llevó, en su registro de la casa consistorial cuando gobernaba el PP, todo el expediente, debido a la reclamación de la Xunta que él mismo había incoado por incumplimiento de licencia un año antes. "Aunque nosotros tenemos que analizar las consecuencias jurídicas de esta sentencia, yo entiendo que la Xunta también tendrá que opinar, sobre todo en lo que se refiere a devolver la finca a su estado original, y exigir el cumplimiento de la legalidad", concluye.