La ampliación del puerto contra la tortuga boba

Agaete es un pueblito grancanario de pequeñas casas blancas y callejones con macetas donde los turistas llegan en busca de naturaleza, tranquilidad y pescado fresco junto al mar. También es el centro de la última polémica ambiental en Canarias, debido a la decisión del Gobierno regional, de Coalición Canaria, de seguir con el proyecto de ampliación de su puerto, a pesar del enorme rechazo que genera en el pueblo.

“Una obra así solo va a aumentar la contaminación química, acústica y visual”, afirma Natacha Aguilar, bióloga marina y profesora de la Universidad de La Laguna. La ampliación ocupará más del doble de la superficie actual, con un dique de dos partes, una de 587 metros mar adentro y otra perpendicular de 398. En este perímetro, que colinda con la reserva de la biosfera de Gran Canaria, hay especies protegidas como la tortuga boba, la almeja canaria, el bucio o la estrella de mar, según informes ambientales de la Administración autonómica.

La declaración de impacto ambiental, de 2013, advierte de que el vertido de materiales durante la construcción puede alcanzar a poblaciones submarinas de gorgonia amarilla y roja que hay al norte de Agaete o a las praderas de cystoseira abies-marina de Sardina del Norte, área de gran interés ambiental para la Unión Europea, a dos kilómetros del puerto. Son especies valiosas para los ecosistemas marinos que contribuyen a los recursos pesqueros de la zona.

"Si hay que cambiar alguna tipología constructiva para proteger a alguna especie, se hará", afirma Onán Cruz, viceconsejero de infraestructuras y transportes, que asegura que se minimizará el vertido de residuos finos, que son los que alcanzan largas distancias. “La declaración de impacto tiene unos condicionantes que hay que cumplir”.

“Canarias no puede firmar convenios de conservación y luego actuar como si no existieran”, afirma Aguilar, que considera que el estudio en el que se basa la declaración de impacto ambiental no tiene valor científico. “No cuantifica adecuadamente los impactos, que son denunciables a Europa”. Según el viceconsejero Cruz, se están actualizando los informes medioambientales.

El Ejecutivo canario defiende que la obra, con un presupuesto de 44,6 millones de euros, el 85% financiado con fondos europeos, es de “interés general” para la estrategia de transporte interinsular de personas y mercancías y cumple con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga al puerto de Agaete a dejar de funcionar con el monopolio de una compañía. La sentencia, sin embargo, no impide que dos empresas compartan el uso de la infraestructura actual. Pero Cruz asegura que “en las condiciones actuales, por seguridad y por operatividad, no pueden funcionar dos navieras”.

“Ampliar un puerto por no ser capaces de coordinar el horario de dos compañías es inadmisible”, afirma Natacha Aguilar. “El Gobierno debe tener una estrategia inteligente en la gestión del tráfico marino, que además corrija el hecho de que Canarias sea de las zonas del mundo con más muertes de ballenas por colisión con barcos”.

Desde 2003, año en el que se hizo el proyecto, la obra había ido transitando sigilosamente trámites burocráticos, con el apoyo de casi todos los partidos políticos y escaso interés ciudadano. Hasta que en 2016 surgió Salvar Agaete, una plataforma que impulsaron cuatro jóvenes mujeres y un hombre y cuya primera asamblea en la plaza del pueblo reunió a 30 personas.

Muy hábiles en las calles y en las redes, han formado un movimiento transversal más allá del ecologismo tradicional que ha movilizado al pueblo y despertado simpatías en la isla, hasta conseguir que la mayoría de los partidos se pongan ahora de su lado. “Yo no puedo estar de espaldas a lo que piensa la gente”, afirma el alcalde de Agaete, el socialista Juan Ramón Martín, que cambió de postura tras constatar, a través de una encuesta telefónica, que el 81% de la población local era contraria a la ampliación.

Entre otros, pescadores como Sebastián y Daniel, a pesar de que el patrón mayor de la cofradía ha defendido la obra. Con la piel apergaminada por el sol y el salitre, toman café en una terraza del puerto después de faenar. “Se supone que estaríamos más cómodos, pero tampoco nos compensa. A más barcos, más probabilidades de que nos rompan las artes de pesca”, afirma Daniel. “Además, tendremos que pescar mucho más lejos. La obra ahuyentará a las sardinas”.

Desde Salvar Agaete argumentan que el actual muelle está al 28% de su capacidad, aunque el viceconsejero afirma que, en horas puntas, “puede llegar al 90%”. No creen, como afirma el Gobierno canario, que la ampliación vaya a dinamizar la economía del pueblo, muy volcada al turismo de pequeños alojamientos y restaurantes. Una opinión que comparte Ginés de Rus, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas. “Es poco creíble. El actual puerto no ha tenido un impacto significativo. Es un lugar de paso”.

Y tampoco quieren que un enclave de 5.600 habitantes, muy vinculado a la naturaleza y a un importante patrimonio arqueológico, se convierta en un gran nodo de distribución de mercancías. “Esto es un lugar para el sosiego”, afirma Cathaysa Jiménez, una de las promotoras de la plataforma. “La ampliación es un atentado socioambiental”.