Los expertos plantean mejorar los controles sobre los presos peligrosos

El asesinato de Laura Luelmo a manos de Bernardo Montoya, un delincuente que 23 años antes había matado a una anciana que vivía sola, ha resucitado el debate sobre la necesidad o no de endurecer el castigo a estos delincuentes en el Código Penal. El PP utilizó este crimen para exigir en el Congreso una ampliación de la prisión permanente revisable, aprobada hace solo tres años y aplicada a cinco asesinos.

Los juristas consultados sostienen que estas medidas no tienen la eficacia que se proclama ni reducen los asesinatos. Pero coinciden en que algunos crímenes cometidos por reincidentes deben hacer reflexionar a los políticos sobre posibles mejoras legislativas en el sistema punitivo.

“Cuando la llegada de la democracia trajo la eliminación de la pena de muerte, salvo para tiempos de guerra, nadie reflexionó sobre qué hacer con el delincuente terrible”, sostiene el magistrado Arturo Beltrán. “Se pensó que la democracia traería la santidad, nos haría mejores, y eso es un error. Teníamos un fenómeno terrorista que se agravó... la democracia no trae ausencia de crímenes. Entonces se legisló por impulsos. Primero se eliminó la redención de penas en la cárcel, con lo que se garantizaba el cumplimiento íntegro y máximo de 30 años. Luego se aumentó a 40...”, continúa Beltrán. Más tarde, en 2010, se reformó el Código Penal para introducir la libertad vigilada, una pena después de la pena.

“Hasta ahora hay 52 sentencias que imponen la libertad vigilada después de cumplida la condena”, explica José Luis Castro, titular del juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Pero hasta dentro de unos años, cuando se ponga realmente en práctica la medida de control tras quedar en libertad esos condenados, no se conocerán sus efectos. Castro plantea una idea para controlar a delincuentes que, como Montoya, mataron otra vez tras cumplir la condena. Aunque la libertad vigilada solo se puede establecer en una condena y solo desde 2010, Castro pide reflexionar sobre la posibilidad de que los jueces de vigilancia penitenciaria tengan capacidad de acordar esta medida para presos con un diagnóstico claro de reincidencia. “Entiendo que tiene un difícil encaje jurídico por la irretroactividad de las normas, pero me parece oportuno que se estudie esa posibilidad”, afirma el magistrado.

Cuando Montoya quedó en libertad tras 20 años, la junta de tratamiento de la cárcel no hizo un diagnóstico sobre su reinserción o el peligro de reincidencia. Ninguna norma lo establece. “Sería bueno que en determinados casos se pudieran hacer diagnósticos que trasladaríamos a los jueces de vigilancia para establecer unos protocolos en contacto con los servicios sociales u otros que permitiría ayudar a la persona que ha quedado libre a su reinserción social”, señala Florencia Pozuelo, jefa de Tratamientos de Instituciones Penitenciarias.

Prisión permanente revisable

“En España ponemos penas excepcionales como la prisión permanente revisable para delincuentes excepcionales”, concreta el magistrado Beltrán. “Las hay en otros países. Yo, a priori, la rechazo. Es una pena indivisible, no hay un grado inferior o superior como en cualquier otra pena, no se presenta como alternativa a otras, ni ha venido precedida de estudios de campo que digan que 30 o 40 años son insuficientes. Responde muchas veces a estímulos externos con la idea de transmitir castigos ejemplares y de que existe una gran preocupación por defender la seguridad de los ciudadanos”.

El criminólogo y profesor de la Universidad de Valencia Vicente Garrido cree que el valor de esa medida no consiste en intimidar a futuros asesinos. “Tiene un efecto incapacitante en asesinos en serie y en psicópatas homicidas”, sostiene. “Esa medida la tienen casi todos los países con una historia más larga en democracia que nosotros y nadie se rasga las vestiduras”.

Garrido recuerda que en España no existe la figura del delegado de libertad vigilada o condicional: “Ya se sabe desde hace años con estudios rigurosos que son eficaces en prevenir la reincidencia, controlando a delincuentes de alto riesgo y facilitando la reinserción social en aquellos en que esto es posible. La policía no está para hacer esa función”.

El experto añade que España lleva años pagando la formación de miles de criminólogos y ahora hay 15.000 alumnos estudiando este grado que luego se dedican a otras cosas. “Es un absurdo, pero parece que ningún gobierno sea capaz de crear ese cuerpo, que ahorraría mucho dinero porque saldrían presos en libertad condicional que ahora no la obtienen debido a que los jueces saben que nadie les va a controlar”.