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El asesino de Laura Luelmo no siguió ningún programa de rehabilitación en prisión

Los tratamientos de este tipo son voluntarios. El 45% de los presos se acogen a ellos. Los expertos aseguran que ninguna terapia “forzada es útil”

Homenaje a Laura Luelmo en Valencia.

 Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, ha pasado 20 de sus 50 años en la cárcel. Su comportamiento dentro de prisión era bueno. Pero nunca quiso acogerse a ningún programa de rehabilitación tras asesinar a una anciana. Este tipo de tratamientos son voluntarios y los expertos sostienen que una inclusión forzada no es efectiva. La buena conducta de Montoya dentro de prisión contrastaba con recaídas en la delincuencia cada vez que salía de la celda: fugas, robos, amenazas a personas a las que trataba de robar... y, por último, el asesinato de Laura, la maestra que desapareció el 12 de diciembre en el El Campillo (Huelva) y cuyo crimen ha sacudido al país. Montoya había salido de la cárcel en octubre.

“La reincidencia no es imposible de prever”, señala Arturo Beltrán, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid que lleva 22 años resolviendo recursos contra decisiones de juzgados de vigilancia penitenciaria. “En las cárceles”, añade, “hay programas específicos para deshabituación a las drogas, en temas relacionados con agresiones sexuales o violencia machista. Y son programas exitosos, pero no al 100%, eso es imposible”.

“¿Todos los presos son reinsertables? No. No todo el mundo lo es”, señala José Luis Castro, titular del juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional encargado de controlar a más de 3.000 condenados. “Los equipos técnicos de prisiones hacen un trabajo serio, riguroso y científico. Son excelentes profesionales. Pero a veces los presos se acogen a estos programas, que son voluntarios, con un sentido meramente utilitarista, porque les permiten acceder a beneficios penitenciarios”.

Al filo de la medianoche del 13 de diciembre de 1995 Montoya entró por la fuerza en la casa de una mujer viuda de 82 años llamada Cecilia y que vivía sola. El hombre, entonces de 27 años, drogodependiente al menos desde los 22, pretendía evitar que la mujer declarase contra él en un juicio pendiente por delitos de allanamiento de morada y lesiones cometidos meses antes. “Agazapado detrás de la puerta del dormitorio de Cecilia, de forma sorpresiva e inopinada y sin mediar palabra, la apuñaló en la región dorsal. Cuando la mujer cayó al suelo, Bernardo Montoya se abalanzó sobre ella y le propinó otras seis puñaladas en el cuello que le causaron la muerte”.

Estos hechos probados se incluyen en la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a Montoya a 17 años y siete meses de prisión por asesinato, allanamiento de morada y obstrucción a la justicia, así como a la prohibición de regresar durante cinco años a Cortegana (Huelva), municipio donde sucedió el crimen. La Guardia Civil le detuvo unos días después. Ingresó en la cárcel en las navidades de 1995 y allí estuvo hasta marzo de 2015.

Historial penitenciario y delictivo de Montoya

Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, ha pasado casi 21 de sus 50 años en la cárcel de Huelva, donde disfrutó de permisos por su buen comportamiento.

13 de diciembre 1995. Asesina a Cecilia, una viuda de 82 años en Cortegana (Huelva).

5 de noviembre de 1997. Es castigado a 17 años y 7 meses de cárcel por asesinato, allanamiento de morada y obstrucción a la justicia.

Abril de 2008. Montoya consigue un permiso de una semana y ataca a una joven peluquera en Campillo (Huelva) y a su perro.

Diciembre de 2009. Permanece huido 10 meses tras fugarse en un permiso.

Mayo de 2010. Es condenado por el ataque a la peluquera a 18 meses de prisión.

Octubre de 2010. Regresa de forma voluntaria a la cárcel y es condenado a seis meses por quebrantamiento de condena. Logra la libertad definitiva en marzo de 2015.

Enero de 2016. Es condenado a dos años y 10 meses por robos cometidos en 2015.

Octubre de 2018. Sale en libertad y se instala en El Campillo, enfrente de la vivienda que alquilará más tarde Laura Luelmo.

Diciembre 2018. Asesina a Luelmo. Reconoce el crimen y vuelve a estar entre rejas.

En abril de 2008, cuando llevaba 13 años preso, aprovechó un permiso penitenciario de siete días para delinquir. Precisamente en El Campillo, donde 10 años después asesinaría a Laura, amenazó a una mujer y apuñaló al perro que la defendía. En 2010 fue condenado por estos hechos a un año y medio de cárcel.

Antes de esta sentencia, Montoya disfrutó de otro permiso de siete días en diciembre de 2009 y no regresó el día fijado. Estuvo huido 10 meses hasta que se presentó voluntariamente en la cárcel para seguir cumpliendo la pena. Este quebrantamiento de condena le costó otros seis meses de cárcel.

Tras cumplir todas sus penas y quedar en libertad, volvió a cometer dos robos con violencia por los que fue castigado a dos años y 10 meses de cárcel. Era la tercera sentencia en el listado delictivo de Montoya.

Apenas había pasado nueve meses en libertad y regresó a la cárcel. De enero de 2016 a octubre de 2018 permaneció encerrado y disfrutó de dos permisos en los que no consta que cometiera nuevos delitos. De ahí salió en noviembre para irse a vivir a El Campillo, a una casa situada enfrente de la de Laura.

“La reincidencia en el delito de homicidio o asesinato es infrecuente”, destaca el magistrado Beltrán. “La gran reincidencia se da en los ladrones, que pueden entrar 10, 12 o 14 veces en prisión”. Es infrecuente que un asesino vuelva a matar. Por eso, cuando se da un caso como el de Montoya, la alarma social se dispara.

El criminólogo Vicente Garrido, profesor de la Universidad de Valencia y autor del libro Asesinos múltiples y otros depredadores sociales, sostiene: “El sistema penitenciario nació para contener un mal, no para erradicarlo. Aproximadamente reincide un 50% de los presos, aunque hay variaciones en cuanto a los tipos delictivos. Esto indica que no es cierto que la cárcel sea una escuela del crimen para muchos de los presos”.

Las prisiones españolas tienen hasta 18 programas distintos de tratamiento psicoeducativo y terapéutico para los presos, con sesiones semanales de tres horas y media y diversos trabajos entre sesiones.

Con esta herramienta se pretende hacer efectivo el mandato del artículo 25.2 de la Constitución: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

Recluso activo

Florencia Pozuelo, jefa del área de programas de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, señala que esas políticas de reeducación y reinserción dan resultado. “El último estudio que hemos hecho sobre 150 condenados por agresión sexual tras un seguimiento de entre dos y cinco años después de salir en libertad nos dice que solo 21 de ellos reincidieron, y de estos, solo siete cometieron un delito de índole sexual, apenas un 5%”, explica. Todos los exreclusos con los que se hizo este estudio habían participado en las sesiones psicoeducativas y terapéuticas.

En el historial penitenciario de Bernardo Montoya no consta que hiciera ningún programa de tratamiento. Son voluntarios. El pasado año, el 45% de los presos se acogió a alguno de esos programas.

“Ninguna terapia forzada es útil”, señala el profesor Garrido. “Otra cosa es que el interno prevea que participar en ella quizás le acerque a disfrutar de algunos beneficios penitenciarios y, sin gran motivación, se inscriba en el programa. Ahí puede aprender cosas útiles para su reinserción. Por ejemplo, las razones que están detrás de las explosiones de ira, aunque no se apuntara al programa por esa razón”.

Durante los 20 años pasados en la cárcel, Montoya fue un interno activo, implicado en tareas de limpieza y jardinería, disfrutó de un destino laboral en el departamento de mantenimiento de la cárcel, convivió con otros internos en un módulo de respeto para fomentar la convivencia y se apuntó a cursos de alicatado y carpintería, según su expediente.

La convivencia con otros presos en la cárcel fue correcta. Pero la convivencia en libertad le resultó imposible.

Desde el año pasado, las prisiones han incorporado un programa específico para conductas violentas destinado a presos que han cometido asesinatos. Montoya tampoco lo siguió.

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