Prisión permanente revisable y opinión pública
No es verdad que haya un clamor social por endurecer las penas, sino una falta generalizada de información veraz sobre la delincuencia y el sistema penal en España
Existe un “clamor social” por el mantenimiento de la llamada prisión permanente revisable en el Código Penal. Este es el argumento repetido hasta la saciedad por los políticos y medios de comunicación conservadores que defienden esta pena, introducida en el Derecho español en 2015 por el Partido Popular y rechazada por la mayoría del Congreso el pasado 15 de marzo. Sin embargo, la opinión pública no es tan favorable a un sistema penal duro como sugieren las encuestas.
Los sondeos realizados en los últimos meses sobre la prisión permanente revisable arrojan resultados aparentemente apabullantes: casi ocho de cada diez personas encuestadas están a favor de mantener esta pena para delitos muy graves, según un estudio publicado por la consultora GAD3. Estos resultados no son sorprendentes, ya que la mayoría de los medios de comunicación transmiten la idea de que el sistema penal español es blando y la severidad de las penas es eficaz para prevenir la delincuencia. Por otra parte, más de cien catedráticos de Derecho Penal de todo el país y de diversas ideologías firmaban, el mes pasado, un manifiesto en el que criticaban su ineficacia. La prisión permanente revisable, según ellos, “no disuade de la comisión de los delitos más graves en mayor medida que las ya severas penas preexistentes” de hasta 40 años y “compromete algunos de los valores fundamentales que configuran nuestra sociedad democrática", como el objetivo de reinserción social de las penas y la prohibición de los castigos inhumanos y degradantes. Estos argumentos no son nuevos: la mayoría de los penalistas de nuestro país se ha opuesto a los innumerables incrementos de penas aprobados desde 2003 por el PP y el PSOE. El divorcio entre expertos y opinión pública sobre este tema parece inevitable.
"Las encuestas no indican que la ciudadanía quiera penas más severas, sino que cree que el sistema penal es más benévolo de lo que realmente es"
Sin embargo, un análisis más detallado sugiere que la opinión pública no es tan partidaria de un sistema penal duro como sugieren los sondeos realizados con ocasión del reciente debate parlamentario sobre la prisión permanente. La principal razón del aparente furor punitivo de la sociedad española es la falta de información veraz sobre el sistema penal, que queda de manifiesto en una reciente encuesta de la consultora NC Report: casi el 80% de las personas encuestadas afirma que el Código Penal español no es duro, cuando en realidad es uno de los más severos de Europa por la larga duración de las penas y la cantidad de conductas sancionadas. Por lo tanto, como explica el penalista Daniel Varona, las encuestas sobre delincuencia no indican que la ciudadanía quiera penas más severas que las que existen actualmente, sino que la gente cree que el sistema penal es más benévolo de lo que realmente es.
El penalista escocés Neil Hutton ha comparado encuestas sobre delincuencia con estudios demoscópicos más profundos, en los que se da más información a los ciudadanos y se les permite discutir entre ellos antes de responder. Por ejemplo, ante la pregunta de qué pena debería imponerse a una persona adicta a alguna droga que entra en una casa y roba un reproductor de vídeo, la mayoría de los encuestados respondió: “tratamiento contra la droga”, no pena de cárcel. La investigación de Hutton muestra que cuando se pregunta a un grupo de personas su opinión sobre un caso concreto, tienen una postura similar o incluso menos dura que la ley en vigor. En el caso español, varias encuestas analizadas por Varona muestran que la pena preferida para un delito de robo de un reincidente es el trabajo en beneficio de la comunidad, no la prisión.
Por lo tanto, no es verdad que haya un clamor social por endurecer las penas, sino una falta generalizada de información veraz sobre la delincuencia y el sistema penal en España. Este desconocimiento no resulta sorprendente, sino que es una consecuencia inevitable de la desinformación que llevan practicando desde hace décadas los partidos mayoritarios y numerosos medios de comunicación; los primeros para ganar votos, los segundos para incrementar su audiencia.
Pablo Castaño es jurista por la Universidad Carlos III de Madrid y se está doctorando en Ciencias Políticas en la Universitat Autònoma de Barcelona.
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