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Obscenidad del PP

Rajoy usa a las víctimas como escudos humanos en momentos de dificultad

De izquierda a derecha: Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, Rajoy, Juanma Moreno, presidente del PP de Andalucía, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

La solidaridad con las víctimas es una expresión natural y necesaria por parte de cualquier político que empatice con los crímenes que pueden azotar a la sociedad. Pero la utilización de esas mismas víctimas como escudos políticos para momentos de dificultades ante la opinión pública es una obscenidad a la altura del peor populismo. Y es el que está ejerciendo el Partido Popular. La urgencia con la que el PP ha planteado endurecer la prisión permanente revisable en el Código Penal confirma todas las sospechas sobre una iniciativa ajena a cualquier prioridad de gobierno expresada hasta la fecha, a las necesidades más apremiantes de un país paralizado políticamente desde 2015 y a los planteamientos más honestos y desinteresados del sentido de la política.

El pasado fin de semana, el PP dio un lamentable espectáculo de oportunismo con las imágenes de Mariano Rajoy con familiares de Sandra Palo y de Marta del Castillo, dos de las víctimas de crímenes que han desatado especial conmoción social, mientras en Galicia Alberto Núñez Feijóo acompañaba al padre de Diana Quer y al de la niña Mari Luz, asesinada en 2008. Rajoy aprovechó para anunciar que el próximo Consejo de Ministros incluirá los secuestros que terminen en asesinato, los casos en que no se encuentre el cadáver de la víctima y la utilización de elementos químicos para causar daño en los delitos susceptibles de prisión permanente revisable.

Es sabido que el Código Penal no debe rehacerse al calor de las noticias más punzantes y las pulsiones más emocionales de la sociedad. La diferencia entre el populismo y la política de altura está en la capacidad de llevar adelante las medidas prometidas en un marco ideológico y legal estable, y no al socaire de impulsos ad hoc. Pero el Partido Popular no solo está renunciando a gobernar, dialogar y pactar en áreas de máxima urgencia como las pensiones, la sequía, la educación, la inversión pública, la dependencia y otras prioridades subrayadas repetidas veces, sino que se ha apresurado a poner ahora sobre la mesa aquello que calcula le puede facilitar más apoyos al tiempo que le ayude a desestabilizar a Ciudadanos. En momentos de especial amenaza en las encuestas, cuando el partido de Rivera está capitalizando su firmeza ante el desafío catalán, el PP mueve ficha con la vista puesta en recuperar a sus votantes, no en el interés general.

El PP introdujo en solitario la prisión permanente revisable en el Código Penal en 2015, en tiempo preelectoral, para endurecer las penas en casos de excepcional gravedad. Solo se ha aplicado una vez y ha sido a David Oubel, que mató a sus hijas de 4 y 9 años con brutal ensañamiento, lo que indica su exiguo impacto o necesidad. El PSOE recurrió al Constitucional, que aún no se ha pronunciado, y el PNV planteó en octubre en el Congreso su derogación, que será debatida este mes con el apoyo de PSOE y de Podemos. Y es en esos ámbitos en los que el debate debe continuar. España es uno de los países más seguros de la UE y, aun así, con una de las mayores tasas de población reclusa. Pretender endurecerlas frente al mandato constitucional que prevé una función de reinserción y no de venganza para la prisión no solo es innecesario. Es otra de las muestras de la preocupante deriva y debilidad del PP.

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