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Los guerreros LGTB del sureste asiático

Indonesia, Malasia y Singapur son los países más homotransfóbicos de la región

Mama Yuli en una cafetería
Mama Yuli en una cafetería

Mamá Yuli, como la conocen sus allegados, es el hada madrina de las waria (personas transgénero en bahasa, un idioma indonesio). Madridista hasta la médula y católica devota, su vida está volcada en ayudar a su comunidad: hospeda a media docena en un salón de belleza a las afueras de la capital, Yakarta, y regenta un centro en el que acoge a casi un millar de las más ancianas, desahuciadas por sus familias. Espera ser también la primera waria en doctorarse en Derecho Constitucional de Indonesia. Logros monumentales en un país que las margina social y profesionalmente: “Hasta pagar un saco de arroz supone un problema”, lamenta.

Yulianus Rettoblaut –su nombre completo- se queja de que el Gobierno de Joko Widodo no presta la atención suficiente a la discriminación y violencia de la que son víctimas. El ostracismo que padecen en el país de mayoría musulmana, abocándolas muchas veces a la prostitución para conseguir un sustento, llegó a un punto crítico a comienzos de año. Entonces, el Parlamento empezó a debatir una reforma del Código Penal que en principio incluía la criminalización del sexo entre personas del mimso sexo. Yuli y centenares de colegas y activistas a favor de los derechos del colectivo LGBT se echaron a las calles durante semanas, y de momento el proceso está paralizado. “Los esfuerzos de la sociedad civil dieron algunos frutos. La ley continúa en el cajón”, apunta King Oey, activista de la organización Arus Pelangi.

Indonesia, Malasia, Brunéi y Singapur conforman el bloque más intolerante hacia las personas del colectivo LGBT de la ASEAN (la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, integrada por dichos países más Filipinas, Tailandia, Myanmar, Vietnam, Laos y Camboya). En el caso de Indonesia y Malasia, también de mayoría musulmana, la creciente influencia de grupos islamistas radicales en la política nacional ha sido determinante. Aunque en Indonesia solo la ultraconservadora provincia de Aceh (al norte de la isla de Sumatra) está regida por la sharia (ley islámica) y penaliza abiertamente la homosexualidad, el temor a que la criminalización se extienda oficialmente al resto del país aumenta. Más aún ahora, a meses de los comicios de abril.

“Los islamistas aprovechan para impulsar sus agendas antes de las elecciones, cuando saben que los partidos les seguirán el juego en las peticiones que cuentan con apoyo popular, como la marginación de los LGBT. Joko Widodo no puede permitirse que (los islamistas) le tilden de blando”, analiza Oey. La islamización social y política mantiene a las minorías con el aliento contenido. El acoso es incesante: Oey afirma que solo un día, el 30 de septiembre pasado, más de una veintena de homosexuales fueron detenidos en una redada policial en una casa, disfrazada de operación antinarcóticos.

Los países más abiertos del sureste asiático

P.A

Aunque no hay ningún país de la ASEAN que reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos han dado pasos significativos en la ampliación de derechos del colectivo. En 2015, Vietnam eliminó la cláusula de su ley de familia que prohibía a dos personas del mismo sexo casarse, si bien el estado aún no reconoce legalmente estos enlaces. En Filipinas, estas ceremonias no están criminalizadas, pero tampoco se les da el mismo reconocimiento legal que a las heterosexuales. Tanto este país como Tailandia, otro de los más abiertos, han incluido apéndices que prohíben la discriminación al LGBT en ciertas leyes. Camboya, donde la homosexualidad no es ilegal, incorporó en 2017 la inclusión del colectivo al debate político el año pasado. Y aunque Myanmar mantiene el artículo 377 y tiene leyes contra el travestismo en vigor, el pasado febrero dio un salto hacia delante al celebrar el primer festival LGBT con permiso del Gobierno en Rangún.

La vecina Malasia no vive un momento mejor. “La situación lleva un tiempo empeorando, pero lo alarmante ahora es la velocidad a la que lo está haciendo”, denuncia desde Kuala Lumpur Thilaga Sulathireh, fundadora de la ONG Justice For Sisters (“Justicia para las Hermanas”). Uno de los mayores exponentes de dicho retroceso ocurrió a comienzos de septiembre en el conservador Estado de Terengganu, al norte del país, donde por primera vez dos mujeres fueron azotadas en público por intentar mantener relaciones sexuales.

Malasia es, junto al sultanato de Brunéi –regido por la sharia– el país del sureste asiático con el paquete legislativo anti LGBT más censurador y abultado, fruto de su sistema judicial doble: mientras los tribunales islámicos dirimen las cuestiones familiares y religiosas de la población musulmana (más del 60%), las salas civiles tienen potestad sobre todos los ciudadanos. Así, además de leyes islámicas que criminalizan las relaciones entre personas del mism sexo y el travestismo, sigue en vigor la sección 377 en su Código Penal, introducida durante la etapa colonial británica y que castiga el sexo homosexual con hasta 20 años de cárcel, latigazos o multas.

Pero hay también algunos rayos de esperanza. Precisamente la reciente derogación del citado artículo 377 en India ha abierto el debate en algunas excolonias británicas asiáticas que aún lo mantienen en vigor, como Malasia, Singapur y Myanmar. En Malasia, el primer ministro, Mahathir Mohamad, condenó los latigazos de Terengganu, pero subrayó que el país no puede aceptar el matrimonio igualitario. Las esperanzas de cambio están sobre todo depositadas en su designado sucesor, Anwar Ibrahim, condenado por sodomía dos veces, la primera a finales de los noventa a instancias de su entonces enemigo y ahora aliado, Mahathir.

El revulsivo indio también ha tenido eco en Singapur. Un grupo de activistas capitanea la campaña Ready to Repeal (“Listo para Derogarse”) para urgir al Gobierno que anule el 377. Algunas figuras públicas y periódicos oficiales como The Straits Times, muy controlado por el régimen de la isla como el resto de la prensa local, han dado muestras de apoyo a la revocación. “Es posible que ocurra en el corto o medio plazo, pero es difícil adivinar qué tiene en mente el Gobierno”, señala Leow Yangfa, director de la ONG Oogachaga. Preguntado al respecto el pasado año en una entrevista a la BBC, el primer ministro, Lee Hsien Loong, aseguró de forma inusualmente directa que el país no estaba aún listo para dar ese paso.

Mientras la política sigue su curso, activistas como Mamá Yuli tienen necesidades más perentorias que atender. La abogada, hija de maestros de la remota región de Papúa y precursora de todo tipo de ideas para integrar y dar visibilidad a su colectivo –entre otras un concurso de belleza–, manda un mensaje fulminante: “Mi problema de hoy es sencillo. No tengo ni comida ni medicinas que dar a mis viejas warias”.

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