Ábalos se arriesga a perder 100.000 euros de la indemnización del Congreso si ingresa en prisión

José Luis Ábalos no solo se arriesga este jueves a que el juez del Tribunal Supremo cambie las medidas cautelares que tenía impuestas hasta ahora y le ingrese en prisión sino que además, si eso sucediera, podría poner en peligro la indemnización que el Congreso contempla para los diputados cuando dejan de serlo, para facilitarles su reingreso en la vida laboral. Esa indemnización, que no está prevista como una pensión, en el caso de Ábalos ascendería a más de 100.000 euros porque supone un máximo de 18 pagas para los que superen más de cuatro legislaturas y el exministro socialista lleva siete en la Cámara baja.

Si el magistrado Leopoldo Puente, del Supremo, decreta el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, la vida de José Luis Ábalos se complicará aún más. También económicamente, que ya era una de sus quejas recurrentes. La Mesa del Congreso actuará entonces de oficio, tras recibir la comunicación del Supremo, y le suspendería de sus funciones. El artículo 21 del Reglamento del Congreso establece en su segundo punto que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, “concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”. Desde ese momento ya no podría votar ni participar en la actividad parlamentaria, ni pertenecer a un grupo de la Cámara baja como ahora que está adscrito al mixto tras su expulsión del PSOE, ni percibiría las retribuciones económicas. Es decir, se le embargaría su sueldo y el resto de complementos que el Supremo podría usar para resarcir posibles multas u otras partidas. Tampoco tendría ya derecho a la asistente que le ha proporcionado el Congreso en estos meses.

Ábalos, además, tendría en ese escenario muchas posibilidades de quedarse sin la indemnización que el Congreso prevé para los diputados que dejan de serlo o que renuncian a esa condición por distintas razones, según fuentes parlamentarias de la máxima relevancia. Los diputados no tienen derecho a una pensión por cotización sino a una ayuda para facilitar su reintegro a la vida activa normal cuando dejan de serlo en función de cuántas legislaturas hayan permanecido en el Congreso hasta un máximo de 18 para los que hayan estado más de cuatro. A razón de un salario mensual por año en el Congreso.

El exministro ha sido diputado en el Congreso siete legislaturas, desde la IX hasta esta XV y ha percibido un salario neto que se estima en unos 6.000 euros mensuales, al ser un parlamentario de fuera de Madrid y presidir algunas comisiones. La indemnización en su caso podría ascender de los 100.000 euros.

Las fuentes parlamentarias consultadas entienden que si Ábalos entra en prisión, aunque sea de forma preventiva hasta el juicio por riesgo de fuga, ya no tendría sentido la ayuda para reincorporarse a su vida anterior. Las mismas fuentes apuntan que ese riesgo aún permanecería en el futuro si es condenado o incluso absuelto en ese juicio y si cambian las actuales mayorías progresistas en la Mesa del Congreso hacia una más controlada por PP y Vox, porque serían menos sensibles a su situación. La Mesa es la que tendría la última palabra.

El también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ha estado casi seis meses en la cárcel de Soto del Real, no tuvo este problema porque renunció de inmediato al acta de diputado en junio pasado y la Mesa le otorgó esa ayuda, que en su caso fue de 19.200 euros, porque solo había estado en la Cámara seis años, desde 2019. Esta cesantía es incompatible con un trabajo. Ocurrió algo similar con el caso del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, que también la pidió y se le entregó la dotación de unos 25.000 euros por su ocho años en la Cámara porque dejó su acta y no tiene condena.

El Congreso también se prepara aunque aún no oficialmente para el caso en el que el Supremo resuelva la entrada de Ábalos en la cárcel. Sería la primera vez en esta etapa democrática en la que un diputado en ejercicio llegase a ese extremo. Los letrados de la Mesa y distintos partidos han estudiado los diferentes antecedentes sobre si esa situación podría variar y reducir la mayoría absoluta de la Cámara baja, ahora fijada en 176 de los 350 escaños totales. En principio, según las fuentes consultadas, se decantan por no hacer nada, pero en un Congreso tan fragmentado, cada voto es decisivo para configurar mayorías.