Singapur veta a extranjeros su Día del Orgullo Gay

Los extranjeros no podrán participar en el Día del Orgullo Gay de Singapur. Así lo anunciaba, “con profundo pesar”, la organización que convoca el llamado “Pink Dot” (“Punto Rosa”) un evento a favor de la comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero (LGBT) que se celebra cada 1 de julio en la isla desde 2009. La cita se ha convertido en la primera víctima visible de las nuevas restricciones contra la libertad de expresión y asamblea que la ciudad-Estado, propensa a regular y controlar hasta el paroxismo, ha puesto recientemente en marcha.

Se trata de una serie de enmiendas a la Ley de Orden Público de 2009 adoptadas el pasado abril. Unos cambios que buscan, sobre todo, restringir la participación extranjera en manifestaciones y dar más poder a la policía para vedarlas. “La posición tradicional del Gobierno ha sido la de impedir que se importen políticas extranjeras en Singapur y que (éstas) interfieran en nuestros asuntos domésticos, especialmente aquellos de naturaleza política o controvertida”, señalaba el ministro de Asuntos Domésticos, K. Shanmugam, al anunciar la reforma.

Antes, por ejemplo, los ciudadanos foráneos o residentes no permanentes (alrededor de un 30% de los 5,5 millones de habitantes de Singapur) podían acudir a este tipo de actos como “observadores” y no como “participantes”. Pero el Parlamento isleño eliminó dicha distinción, considerando que cualquiera que se acerque al encuentro –incluso a una distancia prudente- forma parte de la segunda categoría. Un circunloquio legal con el objetivo final de impedir el acceso a los no singapurenses, so pena de una multa de unos 6.500 euros y hasta seis meses de cárcel.

Para garantizarlo los organizadores han pedido a los ciudadanos que presenten sus carnés de identidad a la llegada. El requisito no solo puede resultar abrumador, ya que en años previos el “Pink Dot” ha llegado a congregar a cerca de 30.000 personas, sino difícil de llevar a la práctica, pues la cita tiene lugar en medio de un parque de la ciudad, en el llamado “Speakers’ Corner” (“Rincón de los Oradores”). Situado en el jardín público Hong Lim, es el único enclave de Singapur en el que está permitido manifestarse, aunque solo si se cumplen las trece páginas de requisitos y condiciones impuestas por ley.

Además de suponer un reto a las manifiestas habilidades organizativas de Singapur, la restricción ha ensombrecido uno de los pocos eventos de los que la isla, aún muy atrás en políticas por los derechos de la comunidad LGBT, podía darse el lujo de presumir. Las relaciones sexuales gais continúan prohibidas por ley en la ciudad-Estado asiática, sin que se prevea que la situación cambie pronto: el primer ministro Lee Hsien Loong, hijo del “padre” de la patria, Lee Kuan Yew, así lo insinuaba en una reciente entrevista a la cadena británica BBC.

Por otro lado, el impacto de las regulaciones en un acto tan popular como el “Pink Dot” (llamado así porque los participantes se enfundan camisetas rosas y se concentran formando un gran punto), ha puesto el foco sobre otros cambios que habían pasado más desapercibidos. Entre otros, la ley modificada da potestad a la policía para rechazar el permiso a un “encuentro público” si éste tiene un “fin político” y atañe o es organizado por ciudadanos o entidades no singapurenses. Ello impidió, por ejemplo, que se llevara a cabo un acto de apoyo al gobernador encarcelado de Yakarta, previsto para el pasado fin de semana en el “Speakers’ Corner”.

Las nuevas restricciones han disparado las alarmas de organizaciones como Human Rigths Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI). “Nuestra preocupación es que las autoridades utilicen sus nuevos poderes para cercenar aún más la libertad de expresión y asamblea pacífica en un país en el que los críticos con el Gobierno y activistas son ya duramente controlados”, afirma Josef Benedict, de AI.