La UE planta cara a Polonia y Hungría por los derechos LGTBI

Hace apenas un mes, las organizaciones LGTBI de varios países de Europa del Este denunciaban en Bruselas el retroceso de los derechos y libertades que estaba sufriendo el colectivo. Y esta semana lo han vuelto a comprobar sus socios de la Unión Europea, que decidieron plantarles cara en una tensa reunión del Consejo en la que Polonia y Hungría se negaban a recoger en unas conclusiones la protección a los ciudadanos LGTBI. Al no ser la primera vez que eso ocurría, 19 países se negaron a ceder en esta ocasión y les advirtieron de que no consentirán que se traspase esa “línea roja”. Es más, firmaron una declaración impulsada por Malta para reclamar a la Comisión Europea que actúe para impedir la discriminación de esos colectivos.

El Consejo de la UE del jueves debía aprobar sin mayores problemas unas conclusiones —un plan de acción— a partir de un informe sobre los riesgos que supone la digitalización para la igualdad de género entre los jóvenes. Sin embargo, ese texto desató una tormenta política en Bruselas.

El motivo de la disputa fue la decisión de Austria —que tiene la presidencia rotativa de la UE y prepara debates y documentos— de retirar las siglas LGTBI de un apartado sobre actuaciones para crear un “ciberespacio inclusivo y no discriminatorio”. El texto contaba con un amplio consenso, pero Hungría y Polonia pidieron suprimir esa referencia. Austria accedió y sometió a votación las conclusiones enmendadas.

El nuevo papel que llegó a manos de los ministros responsables de la cartera de Igualdad irritó desde el principio a 15 países (luego se añadieron otros cuatro), entre ellos España, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca o Francia, como indica el texto. Y se pudo comprobar en el debate. Cuando la ministra austriaca, Beate Hartinger-Klein, dio la palabra a los países que estaban en contra de lo ocurrido se acumularon los turnos de palabra.

Líneas rojas

“Tenemos valores comunes en la UE que reconocen la igualdad de derechos para el colectivo LGTBI. No mencionarlo en las conclusiones es un paso hacia atrás inaceptable”, arrancó el ministro holandés, Wouter Koolmes. Los Países Bajos anunciaron que sin esa mención rechazarían las conclusiones y prepararían una declaración con varios países en la que expondrían las “líneas rojas” que no aceptarían que nadie cruzara.

El titular de Trabajo y Solidaridad de Portugal, José Antonio Vieira, aseguró que la mera retirada de la frase podía interpretarse ya como un “acto de discriminación”. El problema, sostuvieron fuentes diplomáticas, es que no es la primera vez que los gobiernos ultraconservadores de Hungría y Polonia impedían que se protegiera al colectivo LTGBI de cualquier exclusión.

En octubre, Polonia imposibilitó que el Consejo de Justicia consensuara la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales al vetar un apartado que especificaba la persecución de esos ciudadanos. El gobierno de Ley y Justicia no lo vio necesario y en cambio reclamó una referencia al acoso que dijo que sufren los cristianos y judíos en Europa.

“No se lo vamos a dejar pasar más”, afirmaron fuentes diplomáticas. “La igualdad es un requisito en nuestra democracia. Es lamentable suprimir la referencia”, afirmó el ministro danés, Jakob Jensen. Yolanda Valdeolivas, secretaria de Estado para Empleo de España, afirmó que las conclusiones no podían ser adoptadas “al precio de renunciar a valores esenciales al acervo comunitario”. “Si no hay unanimidad, vamos a estar del lado de los que reclaman un texto más inclusivo”, añadió.

No la hubo. Y Austria decidió dar marcha atrás y volver a incorporar la mención a la protección del colectivo. El ministro húngaro pidió entonces la palabra. “Estamos hablando de género, de hombres y mujeres. Y creemos que la discriminación no es aceptable. Pero no apoyamos el último texto”, anunció. Polonia calló, pero también votó en contra. El resto —también países que se mantuvieron ajenos al debate como Rumania o Bulgaria— lo apoyaron.

Las conclusiones del Consejo quedaron bloqueadas y se votó un documento de la presidencia, que no compromete a los gobiernos. No hubo declaración alternativa, pero sí una de 19 países que reclamaba a Bruselas más protección a los ciudadanos LGTIB.