“Nadie me alquila piso con la renta de la Xunta”

La despiadada maquinaria de la burocracia ha dejado a E. P. M. sin ingresos y, dentro de pocos días, la echarán de su casa. A ella y a sus dos hijas pequeñas. En solo unos meses, cuenta, se lo han quitado "todo". El pasado verano la Xunta le retiró la renta social de la que vive por realizar erróneamente un trámite por Internet y el próximo 14 de febrero, como no ha podido pagar el alquiler, será desahuciada. Los servicios sociales la animan a buscar en el mercado libre una vivienda alternativa, pero es misión imposible: “He llamado a diez pisos y nadie me alquila. En cuanto les digo que no tengo nómina ni siquiera me los enseñan".

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Todo empezó a torcerse para esta vecina de Ferrol de algo más de 30 años en la ventanilla de la oficina de empleo. Allí le aconsejaron que podía renovar la inscripción en el paro a través de Internet. “Es más práctico”, la animaron. Como no tiene ordenador, cumplimentó el trámite a través del teclado de su móvil. Pero algo falló al pulsar aquellos botones y la gestión no se completó. Aquel trámite era uno de los requisitos para seguir cobrando la prestación de la Xunta de 460 euros con la que sobrevive, la denominada Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga). Al no culminarlo correctamente, la Administración autonómica la castigó retirándole la renta durante seis meses y desde agosto no ha podido pagar los 300 euros del piso de alquiler en el que vive con sus niñas.

Después de que la plataforma antidesahucios de Ferrol hiciese pública su situación en noviembre, la Xunta le concedió un bono de 200 euros para ayudarle a pagar la renta del nuevo piso al que se vaya cuando la echen del suyo. Eso sí, la casa se la tiene que buscar ella. “Yo no quiero un bono, yo quiero una vivienda pública”, explica. “Me dicen que la Risga no vale como nómina”.

La Consellería de Política Social del Gobierno gallego admite que sus técnicos han detectado que los perceptores de esta renta social tienen dificultades para encontrar piso. El departamento autonómico señala que está "intentando solventar" el problema, pero advierte que la Administración no puede forzar al propietario de un piso para que se lo alquile a una persona concreta. "No podemos obligar, pero sí intentar convencerlo o mediar", apunta un portavoz de Política Social sobre la fórmula en la que dicen estar trabajando.

La sanción de seis meses sin Risga ya ha expirado pero E. P. M. aún está inmersa en el papeleo para recuperar la prestación. Le falta un documento "importante", explican desde la Xunta. Ella se queja de que la maquinaria administrativa ha sido muy eficiente para gestionar su desahucio, pero no tanto para garantizar su derecho a defenderse cuando perdió la ayuda. No pudo siquiera presentar alegaciones porque la carta que le informaba de que tenía 10 días de plazo nunca llegó a sus manos: “La notificación le llegó a la trabajadora municipal, a mí nunca. Quizás, como acababa de mudarme, me la mandaron a mi anterior domicilio, pero para algo así de grave ¿cómo no me llaman? Tienen varios teléfonos míos y de mi familia”.

A principios de noviembre sí fue localizada sin problema para notificarle que debía abandonar su casa. La completa demanda incluía hasta el contrato del piso alquilado en el que vive y que ella ni siquiera tenía porque la inmobiliaria no se lo había entregado. “Cuando me llegó la notificación del desahucio se me cayó el mundo encima, solo los había visto en la televisión. Me lo han quitado todo de golpe y no puedo dejar de pensar dónde van a dormir mis hijas”. Primero iba a ser desalojada el 27 de diciembre, pero los servicios sociales lograron aplazar el lanzamiento. La nueva fecha es el 14 de febrero. "Esta es definitiva, me dicen que ya no pueden retrasarlo más".