Plantilla ‘low cost’ para frenar los asesinatos machistas

Durante mucho tiempo el mensaje principal para las mujeres víctimas de la violencia machistaa fue solo: “Denuncia, no te calles. Llama”. Los servicios para atenderlas antes de que manifiesten qué les pasa (el teléfono 016) o cuando ya están inmersas en el proceso (las pulseras de control a maltratadores del servicio Cometa) están atendidos principalmente por trabajadoras que cobran sueldos mileuristas y precariedad, según denuncia UGT en un informe que analiza las condiciones laborales de ambas plantillas.

La externalización de estos servicios, de titularidad pública pero gestionados por empresas privadas, “limita el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género”, según el informe. La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, va más allá. Preguntada sobre si el servicio tal y como se presta ahora pone en riesgo a las mujeres, responde: "Sí, voy a ser muy clara. Claro que las pone en peligro". Añade que las trabajadoras "lo hacen de la mejor manera posible" pero que "no se está dando el servicio adecuado".

UGT, que asegura haber enviado el documento al Gobierno, pide a Pedro Sánchez que gestione directamente ambos servicios. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, replica en declaraciones remitidas a este periódico que el informe no les ha llegado "por ningún conducto oficial". La delegación "carece de los medios personales necesarios para la prestación de ambos servicios", según la nota oficial. 

En el 016 trabajan 24 personas, principalmente mujeres, empleadas por la empresa Atenzia, que ganó el concurso el año pasado tras optar en solitario. La mayoría (14) de las mujeres están empleadas como “gestoras telefónicas” por 1.064 euros brutos mensuales, según los datos del sindicato. Son las que atienden las llamadas, las que escuchan a las víctimas que dan el primer paso para denunciar o llaman solo para desahogarse. “No hacemos terapia ni nada que se le parezca, nuestra labor es enganchar a las mujeres para que salgan del círculo de la violencia”, dice una de ellas en el informe presentado este jueves.

Si el convenio las incluyera como trabajadoras sociales o psicólogas, ganarían un 27% más, según el informe. Si dependieran directamente de la administración pública, casi la mitad más (46%). Antoñanzas considera que las condiciones de empleo de ambas empresas son "indignas". Desde la Delegación del Gobierno remiten a los pliegos de licitación de ambos servicios (en ambos casos elaborados durante el anterior Gobierno del PP) "debiendo la empresa adjudicataria cumplir con la legislación aplicable y, en su caso, en los términos previstos en el Convenio Colectivo que sea de aplicación". Precisamente los convenios aplicados son uno de los motivos de denuncia del sindicato. Las empleadas del 016 están contratadas por el convenio de telemarketing y las de Cometa por el de Seguridad Privada.

Tres minutos

En el servicio Cometa, las 47 operadoras contratadas por Telefónica —que optó al contrato por segunda vez después de que quedara desierto en 2017— cobran 901,61 euros brutos mensuales, según los datos de UGT. "Las trabajadoras que llevan la atención directa a las mujeres víctimas de violencia y a sus agresores han sido categorizadas por su empleador como operadoras de alarmas", señalan. Denuncian que se ha implantado un modelo organizativo "típico de los call center" con mediciones de tiempo de actuación.

Por ejemplo, si un agresor entra en la zona de exclusión, lo que provoca que se active el sistema de alarma de la pulsera que lleva él y la víctima, la gestión en el centro Comenta se debe gestionar en tres minutos, según el informe. En ese tiempo deben localizar a ambos, pasar aviso a la policía, llamar a la agredida, volver a informar a la policía y, por último, llamar al agresor.  "Si un agresor está a 50 metros de una señora y ella está muy nerviosa, muy alterada, histérica, ¿cómo voy a estar yo pensando en no irme de tiempo y colgarle lo antes posible para que eso no me perjudique en mi auditoria?", se pregunta una trabajadora de Cometa. La delegación asegura que esos tres minutos son los fijados en el pliego de prescripciones técnicas como "tiempo máximo para responder ante alarmas". 

El sindicato reclama que el Gobierno asuma la gestión directa de ambos servicios “en cuanto concluyan los contratos ya suscritos”. Como medida transitoria, que la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género ejerza “la función de control”. La delegación señala en su réplica que gestiona estos servicios bajo una "rigurosa y constante supervisión" que consiste en la recepción de informes periódicos por parte de las empresas.

La punta del iceberg

La autora del informe, la investigadora Marta Cabezas, alude a que la situación de estas dos empresas es solo "la punta del iceberg" de los servicios de atención a las víctimas de violencia machista. "Hablamos con las trabajadoras de otros servicios y sabemos que esta problemática se da también a nivel municipal y autonómico", ha asegurado. En el siguiente trabajo, revisarán las condiciones de estas otras plantillas, formadas también mayoritariamente por mujeres.

Después de que Atenzia asumiera el servicio del 016 en 2017, los trabajadores se mudaron primero al Polígono Marconi y se trasladaron a una nueva ubicación —que no revelan— y que las empleadas consultadas para el informe definen así: “El local donde trabajamos actualmente es denigrante. Está sucio, no tenemos seguridad, no tenemos ni muebles, están las carpetas tiradas por el suelo". Otra asegura que se sienten abandonadas a su suerte por la empresa y por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: “En psicología se llama indefensión aprendida. Aprendimos que hagamos lo que hagamos no conseguimos nada”.