El concurso de las pulseras de control a maltratadores queda desierto

El consejo de Ministros aprobó el pasado septiembre, a propuesta de la ministra de Sanidad Dolors Montserrat, un nuevo pliego para adjudicar el servicio del llamado centro Cometa. La oferta era de 12.478.191,36 euros por tres años. Supone un 30% anual más que en el anterior pero se queda corto porque implica renovar las pulseras y mantener el servicio. De hecho, ninguna empresa se ha presentado al concurso del servicio, actualmente prorrogado. El ministerio está trabajando en la redaccion de unos nuevos pliegos pero no aclara qué cambios va a incluir para evitar que vuelva a quedar desierto.

La tecnología de las pulseras digitales está obsoleta después de casi una década de uso, según denuncian distintos trabajadores, que piden anonimato. UGT y el PSOE han respaldado sus denuncias. La diputada socialista Ángeles Álvarez ha presentado una batería de 30 preguntas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones sobre este asunto. La diputada critica que, ante un aumento de la demanda del servicio, “no se ha hecho una previsión presupuestaria y técnica para dar una respuesta eficiente” y reclama los 200 millones comprometidos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, asegura, habrían permitido licitar “con recursos adecuados”.

Según los empleados, más del 70% de las alertas que saltan a sus ordenadores y tienen que atender se deben a fallos técnicos o por falta de cobertura. El dispositivo incluye una pulsera para el supuesto maltratador y un GPS para la víctima. Si se acerca más de lo que establezca la orden de alejamiento fijada por un juez, se activa la alerta y desde el centro Cometa avisan a la víctima y a las fuerzas de seguridad del Estado.

El PSOE denuncia el "abandono" del sistema

“El Gobierno está sumiendo el servicio en el abandono, la precariedad y la falta de especialización”, critica la diputada Ángeles Álvarez, que señala directamente a los pliegos de condiciones y al modelo de contratación pública como explicación de las posibles deficiencias por no incluir, a su juicio, “ni criterios de calidad ni de especialización”.

“La falta de control de los estándares de calidad en un contrato públio es un tema muy sensible”, añade Maria Carmen Barrena, secretaria de Políticas Sociales de UGT: “Si no está rigurosamente verificada por la Administración puede causar tragedias”.

Si se activa por un error, supone tener que poner en alerta a una víctima de violencia de género sin motivo. Preguntado por el porcentaje de alertas que se producien por fallos y qué medidas ha tomado Sanidad para corregirlas, el ministerio solo señala que “están previstas en el propio funcionamiento del sistema”.

La contratista actual es Telefónica y el servicio lo presta Securitas Direct. Ambas empresas declinaron hacer declaraciones y se remitieron a las respuestas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que depende de Sanidad.

El centro Cometa cuenta con 41 empleados de los que 20, mayoritariamente mujeres, trabajan de operadores atendiendo alertas en turnos que cubren las 24 horas del día. Cada hora, una operadora debe completar ocho gestiones. Es decir, disponen de siete minutos y medio para hablar con la víctima y el supuesto agresor, avisar a las fuerzas de seguridad y elaborar un informe al respecto. Precisamente para cumplir esos tiempos, los empleados denuncian que se les pide que atiendan a las mujeres como si trabajaran en un call center y que atiendan las llamadas con cuestionarios cerrados. “Nos dan un guión con lo que tenemos que decir, no existe relación de escucha con la víctima y, si no cumplimos los objetivos de tiempo, nos penalizan”, explica una trabajadora.

Preguntado por las quejas por sobrecarga de trabajo, el ministerio responde que el centro de control Cometa “debe disponer siempre del número de operadores adecuado para dar soporte a todas las alarmas”.

El servicio se puso en marcha con trabajadoras sociales y psicólogas atendiendo las alertas, pero se ha ido renovando con personal sin una titulación específica que hacen cursos de formación de ocho horas, explican los trabajadores. El pliego de condiciones que ha elaborado el Ministerio, y el del contrato previo, no exige que las operadoras tengan que ser especialistas, pese a que traten con víctimas de violencia de género.