“Entre 15 y 20 hombres en España están pensando en estos momentos en matar a su pareja”

Tres hombres han asesinado a sus parejas o exparejas entre el 24 y el 28 de diciembre. A Andrea Carballo, de 20 años, su exnovio, de 28, la obligó a subir al coche que después embistió contra una gasolinera el día de Nochebuena en Benicàssim (Castellón). Unas horas después Kenya Álvarez, de 30, fue degollada y apuñalada en Sant Adrià del Besòs, en Barcelona. En Azuqueca de Henares el 28 de diciembre Arancha (el apellido aún no se conoce), de 37 años, fue acuchillada delante de sus tres hijos. Los nombres de los tres agresores son Víctor Llorens, Carlos Sánchez Torralba y Sergio. No sabemos cómo se llaman ni ellos ni sus víctimas, pero según los cálculos de Miguel Lorente, forense, exdelegado del Gobierno contra la violencia machista y un referente en la materia, "entre 15 y 20 hombres en España están pensando seriamente en matar a su pareja”. El sistema, reclaman los expertos, debe revisar sus fallos y combatir el machismo para evitar que lo logren.

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Al menos 48 mujeres han sido asesinadas en 2017 (44 en 2016), y hay cuatro casos en investigación. El 20,8% de ellas había denunciado a sus agresores pero solo el 10,4% tenía medidas de protección activas. "Los tres últimos casos son de libro", señala Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, que se detiene a señalar tres factores de riesgo alto sobre todo en el caso de Carballo. Su asesino tenía antecedentes por violencia de género, había denuncia y se había producido una ruptura, a la que él había respondido con amenazas. "Media España se pregunta por qué estaba en libertad, pero tenemos un sistema que dice que su situación era de riesgo medio".

Pese a los fallos evidentes, el sistema de protección en teoría funciona. Las medidas que se dictan -orden de alejamiento, prisión preventiva y pulseras con GPS, por ejemplo- son "coherentes y consecuentes" con el riesgo que determinan las fuerzas y cuerpos de seguridad, según Lorente. Soleto duda sin embargo de la eficacia en la práctica de las órdenes de alejamiento, que dependen de la colaboración del agresor, y cree que debería dictarse con más frecuencia la prisión preventiva.

Para activar esas medidas de protección se examinan los casos, de manera individual, con el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que establece el nivel de riesgo. En nueve de cada 10 se considera riego inexistente o bajo y solo un 1% es clasificado como de riesgo alto o extremo. "Normalmente la Policía, que no tiene la formación suficiente para calificar el riesgo, lo primero que pregunta a la mujer que acude a denunciar es 'Usted qué piensa' y con frecuencia ella, que llega vacilante a la comisaría o el juzgado, minimiza el peligro, le quita importancia", señala Consuelo Abril, abogada y jurista del movimiento 7-N contra las violencias machistas. Cuando el riesgo queda catalogado como medio "el juez se desactiva y los califica de forma leve", denuncia Abril, que reclama que las mujeres tengan asesoramiento especializado desde el minuto uno.

Machismo estructural

Lorente coincide con ese diagnóstico y le pone nombre a la causa de que se rebaje la gravedad de las agresiones y amenazas en una fase tan crítica como la de definición del riesgo: machismo. "Este tipo de normalización o racionalización de la violencia se construye sobre las referencias que existen en la sociedad, como cuando se dice que son discusiones típicas de pareja o se habla de arrebato; ahí está el problema". El psicólogo José María Fernández constata que los que trabajan a diario con víctimas y agresores observan "un retroceso y nuevas resistencias contra los avances del feminismo" que se ven reflejados también en las instituciones y los organismos que combaten la violencia de género.

Cuando el sistema falla porque se ha minimizado el riesgo, no se han hecho las pruebas necesarias para tener un criterio objetivo o se han hecho pero no han sido lo suficientemente sensibles para detectar la amenaza, los expertos echan de menos una revaluación del sistema para mejorarlo y subsanar los errores. Porque estos errores, además de tener un coste humano tan alto como la vida de una mujer, desincentiva a otras a denunciar.

"Lo que se esperaría es que algún responsable de VioGén explique qué ha pasado y rinda cuentas, y que se abra una investigación", denuncia Soleto. "Cuando pasan casos como el de Úbeda -una mujer murió después de pasar horas sola y sin atención médica en una camilla en urgencias- inmediatamente se abren investigaciones", apunta Lorente, que critica que tras los últimos tres casos de asesinatos machistas solo ha habido silencio, "como si nadie hubiera hecho nada mal ni se deban depurar responsabilidades". Las organizaciones de mujeres como la que lidera Soleto creen además que se debería indemnizar a las familias de las víctimas, lo que en su opinión serviría además para que "el Estado afinase más" con la seguridad de las mujeres.

También está fracasando la protección de los hijos de maltratadores, como señala Milagro Rodríguez Marín, psicóloga y vicepresidenta de la Comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres. En 2017 han matado a ocho y han dejado huérfanos a 27. "Son niños utilizados para hacer daño a las madres, y los maltratadores nunca deberían tener su custodia", advierte Rodríguez.

Los expertos señalan además la responsabilidad de los medios de comunicación para concienciar de una violencia que no sufre ningún otro grupo de población y que solo considera como uno de los principales problemas del país el 0,2% de los españoles, según el CIS. La política también tiene pendiente, insiste Lorente, responder con la suficiente "urgencia e intensidad" frente a un problema social grave que se delega a los juzgados.