Dos sentencias reavivan el debate sobre el machismo en la justicia
El tribunal de La Manada condena por maltrato a un hombre que casi estrangula a su expareja delante de sus hijos y otro de Lleida ve abuso en una doble agresión con penetración
Dos nuevas sentencias que traen recuerdos del caso de La Manada han indignado a la opinión pública en los últimos días. Una es de la Audiencia de Lleida, que condena a cuatro años y seis meses, por abuso y no por agresión sexual, a dos hombres que violaron a una joven en Vielha en agosto de 2017, porque no chilló ni ofreció resistencia física, aunque dijo “repetidamente y llorando ‘no’ y ‘por favor, para’ agarrándose fuertemente a los barrotes” de una ventana. Los magistrados entienden que no hubo violencia e intimidación como para considerarlo violación, tal y como dicta la ley.
La segunda, de la Audiencia de Pamplona, la misma sala que sentenció a La Manada, condena a 10 meses y 15 días por “maltrato ocasional” a un hombre que acuchilló a su mujer e intentó asfixiarla delante de sus hijos, de 3 y 6 años. Uno de ellos, al menos en una ocasión, gritó: “¡Déjala, no la mates!”. El hombre le soltó el cuello cuando vio que se ahogaba. Los magistrados consideran que el acusado dejó de estrangularla voluntariamente, por lo que no procedía el delito de homicidio en grado de tentativa.
El consentimiento de la víctima parece ser la clave en este asunto. Para no consentir ¿hace falta liarse a patadas, arriesgarse a una agresión o a perder la vida? ¿Debe dejar el Código Penal de diferenciar entre abuso y agresión para tratar de esta última forma cualquier ataque a la libertad sexual? ¿Por qué los jueces no ven intimidación?
Las principales razones que dan juristas, abogadas, colectivos feministas y expertas en violencia de género para explicar estas sentencias se pueden resumir en una falta de formación de la magistratura sobre los ataques a la libertad sexual que impide una interpretación correcta de los hechos.
Lucía Avilés, magistrada y portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas, apunta que en el caso de la joven a la que violaron en el pueblo leridano se está calificando el delito ajustado al Código Penal y por eso es conveniente que “las valoraciones jurídicas tengan en cuenta el Convenio de Estambul”. Este acuerdo del Consejo de Europa sellado en 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres sitúa el consentimiento como eje y penaliza cualquier acto sexual realizado sin él. En España el acuerdo se ratificó en 2014 pero no se aplica de forma efectiva, aunque los últimos acuerdos de la comisión de expertos que prepara la modificación del Código Penal proponen unificar las figuras de abuso y agresión en un solo tipo: agresión, una adecuación jurídica al concepto social de violación que para Avilés es “importante”: “Las sentencias no concuerdan en ocasiones con la idea que tenemos las mujeres de qué es atentar contra nuestra libertad sexual”. En estos delitos el componente de superioridad física y emocional del hombre sobre la mujer ha de leerse en clave de género.
La intimidación, apunta Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género y portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, no se consigue solo poniendo una navaja en el cuello: “A veces basta una mirada para someter a una víctima. No haría falta ni cambiar el Código Penal si los jueces modificasen su interpretación de lo que ocurre. Hay que ponerse las gafas violetas”.
Para eso hace “falta formación, formación y formación”, repite Elena Ocejo, presidenta de Abogadas por la Igualdad. Formación que previsiblemente se convertirá en una especialidad jurídica como Menores o Mercantil, tal y como se acordó el pasado 11 de octubre por unanimidad en el Congreso; hasta ahora, esa especialización sobre violencia machista se despachaba con un cursillo on line y 10 días de prácticas.
Legalidad y claridad
“Lo que estamos pidiendo es esa perspectiva de género que es de obligado cumplimiento según la ONU, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y nuestras leyes nacionales”, dice Ocejo. Explica que desde que en España existe la Ley de Igualdad (2007), la obligación es interpretar y aplicar las leyes según ese principio. “Y sentencias como estas lo vulneran por completo. Luego dicen que las feministas radicales exigen… Sí, exigen legalidad”. Para Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, la cuestión sería la “claridad” legal. “Las normas deberían ser más claras para que no haya dudas sobre lo que hay que aplicar”.
Estefanny Molina, abogada de Women’s Link, entiende que la interpretación de los jueces “trivializa la violencia contra las mujeres porque no tienen claro cómo funciona la dinámica de esa clase de violencia”. Para los colectivos feministas esta forma de interpretar es un “crimen judicial”, como lo calificó ayer Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.
Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, lamentó el efecto que estas sentencias pueden tener sobre las siguientes víctimas: “Pedimos a las mujeres que confíen en las instituciones y luego los que tienen que interpretar la ley para protegerlas la aplican de esa manera. ¿Cómo van a confiar?”.
En el ámbito de la psicología alertan de las consecuencias que pueden acarrear estas decisiones judiciales: “Revictimización, indefensión y ansiedad”. Laura Asensi, psicóloga clínica y forense y profesora de la Universidad de Alicante, explica que estas mujeres se convierten en nuevas víctimas: “Lo que debe ser protección y restauración del daño es un nuevo maltrato. Las mujeres devienen víctimas del delito y de la incomprensión del sistema”. Estrés, ansiedad, depresión, trastornos del sueño… Las patologías se multiplican o se intensifican e, incluso, pueden llegar a generarse nuevas, según la experta. Otra psicóloga, Marisol Rojas, experta en violencia de género, menciona la indefensión aprendida: “Es ese sentimiento que se produce en las mujeres cuando perciben que, hagan lo que hagan, da igual. Que aunque den el paso de denunciar y pasar por todas las exploraciones médicas y psicológicas necesarias, luego no las creen y al final el proceso las hace sufrir más que solventar su problema”.
Nuria Coronado, feminista y experta en este ámbito, dice que es “una segunda puñalada” en un sistema que “no es tuerto sino ciego”. “Mientras que los hombres no se pongan en el lugar de la víctima, entiendan y empaticen con ella, no habrá verdadera justicia”. “Lastres” los llama el jurista experto en materia de género Octavio Salazar: “El problema es el mismo de siempre, una cultura jurídica machista en la que sigue teniendo muchísima capacidad de acción los estereotipos de género, hay que evolucionar hacia otra en la que el paradigma no sea el hombre y donde las mujeres sean reconocidas como sujeto equivalente”. Salazar aboga por desterrar los sesgos definitivamente. Mientras, asegura, “seguiremos encontrando sentencias como estas”.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró ayer que “unos cuantos elementos fácticos (no en el sentido de personas) y unas resoluciones concretas no pueden generar desconfianza ante el sistema judicial”. y animó a las víctimas a seguir denunciando.
"Las mujeres tienen miedo del que debe protegerlas"
Amnistía Internacional (AI) ha presentado este jueves un informe en el que señala que las mujeres que sufren violencia machista en España se enfrentan a un "camino de obstáculos en la asistencia, la obtención de justicia y en la reparación integral del daño", según cuenta Bárbara Tardón, una de las autoras, quien añade que "tenemos un sistema judicial que no está especializado en casos de violencia de sexual". Algo que, según la investigadora, "provoca que las mujeres tengan miedo del sistema institucional que debe protegerlas". La organización no gubernamental, que ha dedicado dos años de estudio a esta epidemia, denuncia "la inexistencia de políticas públicas específicas para prevenir, combatir y asistir a las víctimas y a las supervivientes de violencia sexual". Tardón advierte de que "en ninguna comunidad existen centros de crisis con profesionales preparados y abiertos 24 horas para acompañar y asistir a las víctimas". En el propio informe, bajo el título Ya es hora de que me creas, se apunta que solo siete autonomías "disponen de un algún servicio de atención especializado en violencia sexual", y que, en algunos casos, "están a cargo de ONG".
La organización asegura que hay dos cuestiones que han quedado fuera de las 212 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: “El desarrollo de una política pública para combatir la violencia sexual, y medidas para reparar a todas las víctimas”. AI alerta de que ni hay campañas de información dirigidas a las mujeres para que sepan qué pasos seguir a la hora de denunciar, “ni de sensibilización y prevención frente a las distintas formas de violencia sexual en todos los ámbitos, con especial atención al ámbito educativo”.
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