Viviana Waisman: “El consentimiento para el sexo no solo lo da decir sí o no”

No hay resquicio para la duda, la respuesta es rápida y tajante. ¿La justicia necesita adaptarse a los cambios sociales recientes? "Es totalmente urgente". Lo dice Viviana Waisman, la fundadora y presidenta de la organización internacional Women’s Link, que trabaja desde el Derecho para mejorar la vida de niñas y mujeres. Esas que, puntualiza en algún momento de la conversación, no son un colectivo, sino la mitad de la población. Mujeres que sufren violencia física, psicológica y sexual cada día —la OMS define esta lacra como un grave problema de salud pública y la ONU cifra en el 35% la cantidad de mujeres que están sometidas a estas vejaciones—, que siguen siendo asesinadas, vendidas y compradas, mutiladas y explotadas, que tienen prohibido abortar, salir a la calle, mostrar el rostro, divorciarse, conducir, decidir.

Esa realidad cambia según las regiones, la cultura, la religión o la educación: “La discriminación y la violencia no conocen frontera ni clase social ni etnia ni raza ni nada”. Y la única manera de erradicarla, según Waisman, es darse cuenta de que es algo que ocurre en cualquier parte, en cualquier momento. En España, donde el pasado 8 de marzo fue espejo y reflejo internacional del crecimiento del movimiento feminista y la lucha social, también hay flecos, sigue habiéndolos: se produce una violación cada ocho horas, el debate sobre la prostitución está abierto, los vientres de alquiler dividen a la opinión pública, la cifra de denuncias por violencia machista alcanzó el pasado año su máximo histórico (166.620) desde que el Consejo General del Poder Judicial las contabiliza, y una comisión de expertos estudia una reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal relacionada con los delitos sexuales; este último un tema clave para el avance en la lucha contra la violencia sexual.

"Está claro que cuando no hay consentimiento, hay una violación; y no solamente el decir sí o no es lo que da el consentimiento", apunta la abogada especializada en derecho internacional de los derechos humanos y género, en referencia al anuncio del Gobierno el pasado julio en el que propuso que cualquier acto sexual sin un ‘sí’ expreso sea delito, una modificación en la línea de Suecia para que existan garantías de que los tipos no dependen de la interpretación de los jueces. "Pase lo que pase, las situaciones siempre hay que interpretarlas, porque las situaciones y las palabras siempre son interpretables. Hay que intentar que no sean discriminatorios en sus demandas —no pedir que haya un testigo cuando no lo hay o no asumir que las personas están mintiendo, que es lo que pasa mucho ahora cuando se denuncia—, pero no creo que la solución esté en escribir un Código Penal que pretende que no haya una interpretación de las situaciones, eso no nos va a llevar a una justicia para nadie".

Mientras esa transformación social termina de extenderse y llega a todos los ámbitos, Women’s Link sigue trabajando desde el análisis de las decisiones y buscando los huecos legales para empujar ese nuevo camino. "Sin duda, cómo se gestiona la justicia, lo que hacen los jueces y las juezas para hacer realidad los derechos, afecta directamente a la vida de las mujeres, las niñas, sus familias y toda la comunidad y la sociedad", repite Waisman como un mantra de vez en cuando, entre varias claves para el cambio que ha de producirse en el ámbito judicial.

Y una de las primeras es definir qué es violencia: "Es la forma más extrema de la discriminación contra las mujeres. En España, cuando se empezó a hablar de violencia de género, estaba limitado solamente a violencia entre personas de diferentes sexos en una relación de pareja". Sin embargo, añade, la violencia de género es algo mucho más amplio que eso, y puede venir de muchas partes: "Hay violencia de género que es estructural y por parte de las instituciones, por ejemplo". La falta de especialistas en el trato con las víctimas o el hecho de cuestionarlas cuando denuncian son ejemplos de esta última, algo que tiene que cambiar y que, según Waisman, pasa por dos cosas que tienen que darse a la vez: "Por un lado hay que mejorar los marcos legales. Y por otro la sociedad, y en particular el poder judicial, tiene que tomar conciencia de los estereotipos y los prejuicios que está utilizando al aplicar el Código Penal".

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Los jueces y juezas, personas rodeadas de los mismos patrones machistas que cualquier otra, "no son como la estatua que vemos siempre de la justicia, que tiene una venda, eso no es verdad". Está convencida de que, si cuando una mujer denuncia una violación, en vez de poner el foco sobre la persona que puede haber cometido el delito, es sobre qué ha hecho o no ha hecho ella, cuestionando todo [cómo iba vestida, si iba sola o iba acompañada, si había bebido, si había tenido otras relaciones sexuales anteriores y con cuántas personas], no va a producirse ningún avance.

El siguiente paso obvio es la educación. "Hay que educar y hay que educar más allá del poder judicial", alega. Se refiere a una conciencia colectiva que genere una sociedad en la que no solamente se les diga a las niñas que tengan cuidado cuando salgan a la calle, sino que sea una educación extendida a todos, también una educación sexual a todas las personas. "Además, es importantísimo que haya mujeres presentes, en todos los cargos que existen y en todos los ámbitos, pero eso no garantiza una perspectiva de género". Cree que es importante separar los debates: "¿Tiene que haber mujeres presentes? Sí, recordemos que las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la población". Pero, si se le pregunta si eso es suficiente, contesta que no. "Tampoco debemos asumir que no hay hombres que no pueden aplicar la perspectiva de género, porque sabemos que los hay, y también sabemos que hay mujeres juezas que dictan las peores sentencias, las más estereotipadas que hemos visto".

Para ir encauzando el camino, Waisman propone un diálogo que vaya más allá de lo que ocurre en los tribunales. "No es suficiente crear la jurisprudencia si cuando uno lleva un caso legal como el de La Manada no se crea también un debate público sobre lo que está ocurriendo y lo que pensamos que debe ocurrir. A veces fortalece a movimientos sociales existentes y a veces los crea". Algo que sucedió en el caso sobre los abusos en San Fermín en 2016: había un momento social ya existente, el del feminismo, que se retroalimentó de lo sucedido e hizo que muchas mujeres, y hombres, jóvenes, salieran a la calle para pedir que la justicia se imparta de forma diferente".

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Este caso, apunta la abogada, da también buen ejemplo entre otra conversación que tiene que tener lugar, la del poder judicial y otros poderes —las manifestaciones y las protestas sobre cómo se impartió la justicia, causaron que el Ejecutivo se decidiese a formar una comisión para revisar el Código Penal—. "Y también del rol tan importante de la sociedad civil para que los derechos se implementen de la manera que nosotros y nosotras queremos para vivir en un mundo más justo".

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Los derechos recogidos en nuestros códigos y también en los que vienen de fuera: "Hay mucha dificultad para incorporar estándares que se pueden crear en otros países, por convenios o por jurisprudencia, y entender que son un beneficio para la sociedad". Waisman pone el ejemplo del caso de Ángela González, con la que Women’s Link litigó hace un par de años: "Acompañamos a Ángela en su lucha por justicia, por la negligencia del poder judicial en España, su hija de seis años fue asesinada por su maltratador. Ella buscaba la responsabilidad del Estado en la negligencia que causó la muerte de su niña". Cuando el comité de Naciones Unidas condenó a España en este caso, España no aceptó que aquellas decisiones eran vinculantes: "Les estaban dando una hoja de ruta para mejorar la situación; pero tuvo que venir el Tribunal Supremo a decirlo, cuando en realidad era una oportunidad de mejora". 

En todas estas idas y venidas de pasos hacia delante y trastabilleos hacia atrás, Viviana Waisman ve luz, algo que también apuntó durante la conferencia que dio este pasado lunes en Caixaforum, en Madrid, sobre la capacidad del Derecho para ayudar a alcanzar la igualdad: "Las cosas van y vienen en diferentes partes del mundo, hay decisiones buenísimas en países donde la gente se sorprende, y decisiones malísimas en lo que es el norte global (Europa, EE UU, Reino Unido...), todas las sociedades tienen algo que trabajar. Estamos viviendo un momento que a mí me da muchísima esperanza, porque la fuerza con la cual está saliendo la gente, especialmente la gente joven, las mujeres jóvenes, a demandar sus derechos, es lo que va a producir el cambio".