“Excluir a los obesos mórbidos de la incineración era una discriminación sin sentido”

La catedrática Ana García (Valencia, 1963) es directora general de Salud Pública de la Generalitat valenciana, el servicio que se ha visto en el ojo del huracán por el proyecto de orden que prohibía que los obesos mórbidos fueran incinerados. García asegura que la exclusión se coló en el documento y ha sido eliminada porque no tiene justificación sanitaria y es discriminatoria. El veto a los obesos mórbidos puede interesar en todo caso, admite, a las empresas que gestionan los crematorios.

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Pregunta. ¿Excluir a las personas con obesidad mórbida fue un error?

Respuesta. Así es. La orden está enfocada a mejorar la protección de la salud pública en relación con los crematorios. Pero desafortunadamente, en el apartado referido a los materiales que no pueden ser incinerados por su potencial contaminante, como ciertos tipos de metales y plásticos, se introdujo, en algún momento del trabajo técnico sobre el texto, la prohibición de incluir la cremación de personas con obesidad mórbida, cuando no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de salud pública ni para los objetivos de la orden.

P. ¿Entiende que haya personas que se hayan sentido ofendidas?

R. La orden estaba en un trámite muy útil, el de exposición pública, que ha servido para que salte la alarma y que comprobemos que había que eliminar esa parte del texto. Se va a corregir, pero lamento mucho el efecto que puede haber tenido el error. Las personas con obesidad mórbida padecen una enfermedad crónica muy grave, que conlleva muchas dificultades para ellas y sus familias. Lamentamos que esto les haya podido preocupar u ofender, porque evidentemente había una discriminación sin ningún sentido y merecen todas nuestras disculpas.

P. Si no es un problema de salud pública, ¿para quién supone un inconveniente, para las empresas de gestionan los crematorios?

R. Lógicamente, puede haber cuestiones técnicas en cuanto a los requerimientos de las instalaciones y ello puede suponer un problema para las empresas de los crematorios. Pero eso no es un elemento de salud pública y no impide que las personas con obesidad mórbida tengan el mismo derecho que cualquier otra a ser incineradas. Se ha mezclado una cuestión técnica para las instalaciones, por lo que puede suponer la presencia en un crematorio de determinados tipos de cadáveres, por razón de talla, con la protección de la salud pública, cuando no tienen ninguna relación.

P. La polémica ha eclipsado otros elementos de la norma, que la consejería defiende que suponen un avance en materia de salud pública.

R. Esta es otra lástima de lo que ha ocurrido. Hay una normativa relativamente antigua sobre sanidad mortuoria en la Comunidad Valenciana, un campo que va cambiando con rapidez. Se introducen nuevos materiales, aparecen otros contaminantes como son los compuestos tóxicos persistentes en los materiales, y es necesario fijar prevenciones. Por eso establecemos la distancia a la que se debe situar un horno crematorio respecto a viviendas, colegios, centros sanitarios y de otras clases. Eso no estaba bien definido y la norma nos ayudará a mejorar la protección de la salud y evitar diferentes interpretaciones.

P. Llama la atención la prohibición de que no se pueda incinerar a personas tratadas con agujas radiactivas.

R. En el marco normativo anterior ya hay referencias a que cualquier cadáver que tenga materiales radiactivos tiene que seguir unos procedimientos y unos controles que escapan del ámbito sanitario y son competencia de la autoridad de seguridad nuclear en toda España. No se permite su incineración y para ser enterrados también deben cumplir una serie de requisitos de seguridad nuclear.